Con el crimen tan rampante en Puerto Rico no es sorpresa que más de 11,000 personas estén presas. El pasado gobierno aprobó un nuevo código penal con sentencias determinadas que además aumenta, a veces incomprensiblemente, las penas para vario delitos. No hay duda que en el país hay una actitud creciente de mano dura contra el criminal. No obstante, un proyecto de ley que facilitaría la libertad más temprana para reos de 60 años o más que cumplan con ciertos requisitos parece ser un paso juicioso y humano.
El proyecto de ley es de la coautoría de los senadores Carmelo Ríos del ahora minoritario Partido Nuevo Progresista, un partido que ha promovido el lema de “mano dura contra el crimen”, y Miguel Pereira del oficialista Partido Popular Democrático. Ríos, un abogado, es de las voces más coherentes de su partido, mientras que Pereira, es un ex-fiscal que sirvió como Superintendente de la Policía y Secretario del Departamento de Correción y Rehabilitación. Bajo el proyecto, si el confinado tiene de 60 a 64 años, y ha cumplido un mínimo de 10 años de su sentencia, o si tiene 65 años o más, y ha cumplido cinco años de su sentencia, podría ser considerado por la Junta de Libertad Bajo Palabra, un organismo con funciones cuasi-judiciales y cuasi-legislativas. A su cargo está el de conceder libertad bajo palabra a toda persona sentenciada que esté recluida en una institución correccional y que haya cumplido con unos requisitos mínimos establecidos por ley. El proyecto de ley provee como excepciones a este beneficio a aquellos reos que estén cumpliendo sentencias por asesinato, secuestro de menores, agresión sexual, incesto, genocidio “o crímenes de lesa humanidad”, distribución de sustancias controladas a menores y utilización de un menor para pornografía infantil. Tampoco se considerará el beneficio para los reincidentes habituales, y el reo debe haber observado buena conducta en la institución penal “por un lapso razonable de tiempo”.
Rebeca Martínez, directora de la Comisión de los Jurídico, Seguridad y del Veterano del Senado, le dijo a El Post Antillano que espera que el proyecto reciba un informe positivo de parte de la comisión, que acaba de concluir sus vistas. Depusieron favorablemente la Junta de Libertad Bajo Palabra, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, las Procuradorías gubernamentales y la Sociedad para Asistencia Legal. “Claro, no te puedo asegurar como votará cada uno de los senadores cuando el proyecto llegue al “floor” (el Senado en pleno)”, dijo Martínez, quién sin embargo, se mostró optimista en cuanto a que la medida sería acogida favorablemente por el pleno del Senado.
La Exposición de Motivos del proyecto hace alusión a que el costo para el Estado de mantener a un reo es de alrededor de $37,000, y que en el caso de confinados de mayor edad, el costo puede subir a $100,000, considerando los gastos médicos. La exposición cita a un estudio de la National Institute of Corrections, una entidad norteamericana, al decir que aunque una persona de 60 años no se considera un anciano, el proceso de envejecimiento de muchos reos es más rápido debido a la pobre salud física y mental antes de ser encarcelados y por el estrés del encarcelamiento. Martínez dijo además que durante las vistas se discutió que la edad para beneficiarse de la medida se podría bajar a los 55 años para beneficiar a más personas. La medida dice que apenas un tres por ciento de los ofensores de 55 años o más reinciden, comparando con un 45 por ciento para los de 18 a 29.