No debemos olvidar la promesa del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla sobre la baja del IVU (Impuesto a la Venta y Uso), en su mensaje a la legislatura el pasado 25 de abril. Esta medida es significativa moralmente, dentro de la filosofía de justicia social de Partido Popular Democrático.
El IVU actualmente está en un 7%, la realidad es que quien paga esto es el consumidor común y corriente, sin distinción de clase social. Pero a quien más le afecta es a los pobres, que tienen que contar sus centavos a la hora de comprar, pues el rico lo puede pagar igual. Con la imposición del IVU, por el mismo PPD bajo el gobierno del Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá, los precios no bajaron como se esperó por el gobierno. Por el contrario, alzaron con la eliminación del arbitrio sobre la entrada de mercancías en la Isla.
Así las cosas, el pasado gobierno del PNP mantuvo el IVU y logró con el mismo una mejor fiscalización de impuesto a los comercios locales. Ante la crisis económica de la Gran Recesión, el IVU se convirtió en una carga para miles de familias desempleadas y/o sin suficientes ingresos para la subsistencia. Muchos por la ínfima Ley 7, las políticas de austeridad y anti-empleados en el Gobierno.
La reducción propuesta por el Gobernador, que tendrá efecto en diciembre 2013 y que aún no es ley es algo simbólico para el consumidor. Ya que en realidad una disminución de un medio por ciento en las compras no representa grandes cambios. Pero en el ámbito moral es algo grande. Igualmente lo será para los recaudos del gobierno.
Las exenciones de ciertos productos libres del IVU algunos se retendrán y otros se eliminarán. Ya el Gobernador adelantó a los medios que la de las medicinas se mantendrá. En ese sentido, esperamos que la filosofía de justicia social esté presente en la toma de las decisiones.