(San Juan, 11:00 a.m.) El grupo comunitario Bosque La Yaguaza denunció una actividad propuesta por la empresa Titans Race para realizarse el sábado 27 de julio de 2024 en la Reserva Natural Finca Nolla, en Camuy, actualmente bajo la jurisdicción y protección del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Actividad fue anunciada en las páginas de la empresa mediante sus redes sociales el 13 de abril de 2024.

Titans Race empresa, que se dedica a la carrera de obstáculos al aire libre, según indica el grupo comunitario Bosque La Yaguaza, el DRNA no evaluó solicitud para el uso de la reserva.

Curiosamente, se adviene en conocimiento que el gobierno municipal de Camuy avaló la propuesta para proceder con la actividad.

La empresa actualmente devenga ingresos sin pasar por la evaluación de las agencias correspondientes.

El aspirante a la legislatura municipal de Camuy por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Anthony “Tonín” Flores, se solidariza con los ciudadanos que denuncian y con  Bosque La  Yaguaza haciéndole un llamado al gobierno municipal y su alcalde Gabriel “Gaby” Hernández a tener cautela con esta actividad.

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(San Juan, 10:00 a.m.) El Ministerio Público solicitó a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, enviar a juicio de fondo a los ex ministros del gobierno anterior Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, implicados en la denominada Operación Calamar, una mega estructura criminal que le costó al Estado más de RD$21 mil millones (359.422.550 estadounidenses) en recursos pagados en violación a la ley.

La Operación Calamar fue el resultado de una indagación anti corrupción realizada por la Fiscalía en la República Dominicana en marzo del 2023 en la que se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. Participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

La intervención resultó en 19 capturas, incluyendo a los ex funcionarios del Gobierno de Danilo Medina Sánchez, luego de una investigación encaminada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La directora de Persecución del Ministerio Público y el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, pidieron al tribunal dictar auto de apertura a juicio penal para que allí respondan por los hechos que se le imputan.

Asimismo, solicitaron a la jueza mantener la medida de coerción, de prisión domiciliaria preventiva e impedimento de salida a los imputados, que fue dictada mediante resolución por ser esta la que garantizan que los mismos no se sustraen al proceso penal que se le sigue por los hechos que se le imputan y que mantengan todas las medidas cautelares impuestas sobre los bienes.

El Ministerio Público señala en la investigación a 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva.

El organismo alega que ese entramado se configuró en instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al fisco.

Supuestamente esas personas constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el expediente, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.

También, alegadamente, adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de compañías que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de convenios de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.

Según la acusación formal falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.

En el caso de los terrenos declarados de utilidad pública, supuestamente crearon necesidad de la obtención de los fondos e identificaron bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, y así lograron que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, que retornaban en beneficios económicos a los funcionarios públicos y particulares, que formaban parte de dicha organización criminal.

LOS ACUSADOS

En el documento depositado ante el tribunal, y suministrado a los medios de comunicación, además de los citados ex ministros figuran Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.

Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.

En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.

La imputación al caso dada por el Ministerio Público es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.

(San Juan, 11:00 a.m.) La Alianza Rescate RD depositó este viernes ante la secretaria de la Junta Central Electoral (JCE) un documento exigiendo que cumpla con una serie de condiciones que a su entender hacen falta para garantizar unos comicios presidenciales y congresuales transparentes, el próximo 19 de mayo.

El escrito, firmado por representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), manifiesta que los secretarios y presidentes de 1,510 colegios electorales no deben ser ratificados debido a que tuvieron un pésimo desempeño en las elecciones municipales de febrero para escoger a los nuevos alcaldes, regidores y demás autotidades.

“(Estos) cometieron lo que presumiblemente puede calificarse como un delito electoral, presentando resultados descuadrados en las relaciones de votación de sus respectivos colegios, con muchos más votos emitidos en un nivel de elección que en otro”, explica el comunicado entregado a la prensa local apenas nueve días antes de que se lleve a la consulta popular.

De igual forma, volvieron a hacer hincapié en que sea retirado de sus funciones el jefe de la Policía Militar Electoral, mayor general del Ejército, Juan José Otaño Jiménez, quien fue ratificado el pasado por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo.

Los opositores reclamaron la entrega de los padrones de los programas accesibilidad “Voto en Casa” y “Voto Penitenciario”, además de los lugares y/o rutas en los que se efectuarán estas votaciones, al tiempo que solicitaron la entrega de las acreditaciones de los delegados que participarán en ese sistema.

La Alianza Rescate RD llamó al órgano electoral a “tomar acciones” concretas, al momento de puntualizar algunos ejemplos de acciones que, asegura, realiza el oficialismo en violación a lo establecido en la ley, como locales de los candidatos de esa organización en frente de colegios electorales.

El pedimento de los partidos políticos es una reiteración de varias quejas que han estado depositando ante la JCE en la medida que se acerca el día del plebiscito al que están convocado más de ocho millones de electores para seleccionar al nuevo presidente y vicepresidente de la República, 32 senadores y 190 diputados, además de 20 congresistas acreditados en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Esas denuncias son calificadas como “medidas desesperadas de la oposición” por la cúpula del oficialista Partido Revolucionario Moderno que asegura ellos no tienen ninguna posibilidad de ganar los comicios porque todas las encuestas dan ganador a Luis Abinader en primera vuelta.

Según los últimos resultados de la encuesta Diario Libre-Greenberg realizada a los adultos con probabilidades de votar en los comicios presidenciales del próximo 19 de mayo, la preferencia es del 58% para Luis Abinader, candidato del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM); el 25% para Leonel Fernández, jefe de la entidad Fuerza del Pueblo (FP); y un lejano 13% para Abel Martínez, el contrincante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El trabajo de campo reseña que, salvo algún imprevisto en las próximas semanas de campaña, Abinader está en camino de ganar la reelección en la primera vuelta con una mayoría que le permite evitar una segunda ronda, que es a lo que apuesta la oposición política.

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(San Juan, 11:00 a.m.) Según los últimos resultados de la encuesta Diario Libre-Greenberg realizada a los adultos con probabilidades de votar en los comicios presidenciales del próximo 19 de mayo, la preferencia es del 58% para Luis Abinader, candidato del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM); el 25% para Leonel Fernández, jefe de la entidad Fuerza del Pueblo (FP); y un lejano 13% para Abel Martínez, el contrincante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El trabajo de campo reseña que, salvo algún imprevisto en las próximas semanas de campaña, Abinader está en camino de ganar la reelección en la primera vuelta con una mayoría que le permite evitar una segunda ronda, que es a lo que apuesta la oposición política.

Desde noviembre pasado, cuando se aplicó la primera cuota de opinión pública de Greenberg, el índice de aprobación del actual mandatario ha aumentado sustancialmente, a pesar de las sostenidas críticas a su gestión que tiene como parte negativa la percepción de los ciudadanos de una escalada de la delincuencia, el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana.

Esos resultados son similares a los presentados la noche de este lunes por la firma encuestadora Mark Penn/Stawell/Noticias SIN, en la que establece que el presidente Luis Abinader ganaría con un 57%, unos 33 puntos de ventaja sobre el candidato de la Fuerza del Pueblo, que en el estudio sacó 24% y 45 puntos más que el retador del Partido de la Liberación Dominicana que figura con un 12% de simpatía. Además, el margen de diferencia entre las simpatías es igual.

La segunda investigación fue realizada entre los días 25 y 28 de abril, justo después del debate de candidatos presidenciales organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Tras la divulgación del cuestionario Greenberg-Diario Libre, el oficialismo y la oposición han contrapuesto sus argumentos alegando que los datos podrían cambiar días antes de la celebración del plebiscito popular.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, expresó que su  partido maneja otras estadísticas que colocan a su candidato con una victoria por encima del 70% de las boletas.

El político expresó que “esto evidencia que no tenemos oportunidad de dudar en la victoria que alcanzaremos el 19 de mayo”, sostuvo. Asimismo, destacó que los resultados de las elecciones municipales de febrero pasado demostraron que el PRM cuenta con el favor del pueblo. Precisó que fueron contundentes y que no hubo impugnaciones.

No obstante, en el encuentro semanal con la prensa, el candidato del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó que el recuento de la encuesta Greenberg-Diario Libre  “se podrían invertir” a su favor en las venideras dos semanas debido “al vuelco electoral” que refleja la organización.

Fernández, que ha gobernado al país en tres períodos,  manifestó que en los recientes recorridos y caravanas que ha encabezado en las provincias y en el Distrito Nacional, ha visto cómo la población se inclina a favor de sus aspiraciones estatales.

Asimismo, cree que los detalles que arroja el sondeo Greenberg-Diario Libre han “causado molestia” en el Gobierno, ya que los oficialistas han sostenido que la candidatura de Abinader ganará con un 70% de los votos, mientras que la encuesta lo ubica en un 58%.

Mientras, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, ha dedicado parte del discurso de campaña para fustigar al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) y la acusó de haberse arrodillado ante el oficialismo.

“Tenemos un árbitro que, aunque le hemos dado la confianza de administrar elecciones, ha sido muy flojo o se ha arrodillado ante el oficialismo”, dijo.

La denunciada adquisición de dirigentes, proselitismo a destiempo, utilización del erario con fines propagandísticos y compra de votos, forman parte de la larga lista de acusaciones que las organizaciones opositoras y otros sectores de la sociedad civil, entre estos el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, atribuyen al PRM en este contexto electoral. Sin embargo, se ha cascareado que el empleo de recursos estatales en esos menesteres es una vieja práctica heredada de partidos gobernantes anteriores, que debe erradicarse.

Martínez, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados, Fiscal del Distrito Nacional y reciente alcalde de la norteña ciudad Santiago de los Caballeros, precisa que el órgano supervisor de sufragios ha admitido crímenes o delitos electorales, “pero no ha actuado en consecuencia”.

En ese sentido, citó como ejemplo el caso de las carpas proselitistas que se establecieron a las afueras de algunos recintos de votación en las elecciones municipales, por las que no ha habido detenidos y se recordó su prohibición mediante una resolución.

Sobre ese aspecto, el máximo líder del partido morado y expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, llamó a la militancia a destruir las propagandas de candidatos oficialistas que sean colocadas frente a los colegios electorales, advertencia que fue rechazada por diversos sectores de la sociedad dominicana al considerar que es una incitación a la violencia.

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(San Juan, 11:00 a.m.) Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Policiaca de Aguadilla, adscrito al Negociado de la Policía de Puerto Rico y la fiscalía local, sometieron cargos criminales contra Alberto Sánchez Sánchez, residente de Rincón, por los delitos de tentativa asesinato y Ley de Armas.

Los hechos que se le imputan, los cometió el día 9 de mayo de 2024, cuando mediante intimidación y amenaza, disparó un arma de fuego en contra de Jordany Avilés Acevedo, en la carretera PR-413, a la altura del km 4.6 en el Bo. Puntas de Rincón.

El agente Luis Rodríguez Vargas, supervisado por el sargento Héctor Vélez y dirigidos por el teniente Orlando Adames, consultaron los hechos con el fiscal Víctor Román, quien presentó los cargos ante el Juez Orlando Avilés, del Tribunal de Instancia en Aguadilla.

El magistrado determinó causa contra el imputado en todos los cargos, imponiéndole una fianza global de $39,000 dólares, la que Sánchez Sánchez pudo prestar, quedando en libertad bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 30 de mayo, en el tribunal de Aguadilla.

(San Juan, 11:00 a.m.) El presidente Luis Abinader recibió en Washington, Estados Unidos, el galardón Chairman’s Award for Leadership in the Americas (Premio del Presidente al Liderazgo en las Américas) concedido en el marco de la celebración del 54 Conferencia sobre las Américas, siendo el primer mandatario dominicano en obtener esa distinción.

“Me siento muy honrado de ser el primer mandatario dominicano en recibir este premio. Entiendo que éste se debe al notable desempeño que en los últimos años ha mostrado República Dominicana por el mayor compromiso de mi gobierno con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos, la reforma del Estado y la tesonera lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia”, apuntó el jefe de Estado.

Abinader dijo que el reconocimiento, otorgado por el Consejo de las Américas, implica una mayor responsabilidad con la gobernanza democrática y se comprometió frente a ese organismo a continuar profundizando hasta el último día en que ejerza el cargo ejecutivo en República Dominicana.

Expresó que en el 1978 arrancó en el país la ola democratizadora de América Latina con la elección a la presidencia del candidato del partido al cual pertenece, Antonio Guzmán, padre de la actual embajadora criolla en Estados Unidos, Sonia Guzmán.

El dignatario isleño, a través de un comunicado oficial, destacó que desde entonces en el país se han celebrado 12 elecciones presidenciales consecutivas “que han consolidado la estabilidad política y la gobernabilidad democrática”.

“Hoy, a nadie le debe caber duda de que la democracia es un bien frágil bajo asedio en muchos lugares del mundo. Nosotros, los dominicanos, nos sentimos orgullosos de este logro continuo en la profundización de nuestra democracia”, expuso.

Presentó ante el Consejo de las Américas los tres ejes de la seguridad jurídica que cuenta la República Dominicana en su gestión, que son la Independencia del Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y un gobierno transparente y eficiente.

“Esta seguridad jurídica tiene su piedra angular en el respeto al Estado de derecho, a través de tres ejes: la observancia escrupulosa de nuestro gobierno a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, nuestra férrea lucha contra la corrupción administrativa, un importante legado de mi gestión, y la implementación de un gobierno más abierto, más transparente y más eficiente”, resaltó

Manifestó que consecuente con este, en su mandato se han tomado medidas para garantizar un Ministerio Público independiente y promover la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos del Estado dominicano.

Declaró, además, que esta nación ha mostrado avances fehacientes en temas como la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia gubernamental, la libertad de expresión, la estabilidad económica y la reforma en seguridad ciudadana.

Abinader mostró algunos ejemplos con índices e informes de instituciones de reconocida reputación en democracia y derechos humanos. En ese sentido, abordó el reconocido tema de Democracia Liberal 2023 del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, el cual muestra que República Dominicana ha aumentado la calidad de su democracia en los últimos años, mejorado 27 posiciones desde el 2020.

Con relación a la libertad de expresión, expuso que el Índice de Chapultepec 2023, México, evidencia que República Dominicana obtuvo la puntuación más alta en América Latina, con un 81%, ocupando el primer lugar, no solo de la región, sino de toda América incluyendo Estados Unidos y Canadá.

En el caso de la transparencia y la lucha contra la sustracción de recursos financieros estatales, indicó, desde el 2020, el país ha mejorado 29 posiciones en el renglón de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

“Este dato coincide con el que publica el Anticorruption Working Group (Grupo de Trabajo Anticorrupción) de este Consejo de las Américas en su índice de Capacidad de Lucha Contra la Corrupción, según el cual en el 2023 República Dominicana se mantuvo como el 5to país mejor capacitado de la región”, señaló.

En cuanto a seguridad ciudadana, el reporte de 2023 de InSight Crime, revela que la tasa de homicidios en República Dominicana descendió de 13.2% en 2022 a 11.5% en 2023, muy por debajo del promedio regional.

Asimismo, señaló que el último informe de Desarrollo Humano 2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) demuestra que República Dominicana ha superado los niveles prepandemia de desarrollo humano.

En el acto de entrega del reconocimiento, Abinader aseguró la plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para las próximas elecciones a celebrarse el 19 de mayo en República Dominicana para que sean libres, justas y transparentes.

“Quiero ser categórico frente a ustedes: como partido compuesto por demócratas convencidos, puedo asegurarles la plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para que dicho certamen sea libre, justo y transparente”, afirmó.

Agregó que la Junta Central Electoral, ha abierto las puertas a todos los observadores internacionales en el acompañamiento del proceso, asegurando así la integridad de las elecciones.

Expresó que, desde hace cierto tiempo, República Dominicana viene mostrando un crecimiento económico sostenido, fruto del esfuerzo de todos los sectores del país y que con su llegada al gobierno han profundizado esa tendencia, primero reduciendo el impacto económico de la pandemia y luego impulsando una recuperación rápida y contundente, gracias, en buena medida, a las políticas públicas que adoptadas en su gestión.

Destacó que del 2021 al 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha alcanzado un crecimiento promedio del 6.5% anual, superior a la media regional, colocando al país este logro a ser la séptima economía de América Latina y el Caribe.

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(Montevideo, 11:00 a.m.) Hay una vieja serie que está en YouTube y que siempre recomiendo: El puntero. En ella vemos mucho del rol que juegan esos caudillos populares de la política local argentina y su relacionamiento clientelar con la comunidad. Recuerdo que me impactó mucho la actuación de Rodrigo de la Serna, en su papel de Lombardo, pero hubo un capítulo en particular que me quedó grabado para siempre. Fue cuando este personaje, luego de que su grupo perdiera todo su poderío, se preguntara, palabras más, palabras menos, ¿qué pasó? ¿cuándo dejamos de ser lo que éramos?

Esa pregunta es la que muchos nos hacemos, y cada vez más, ante los sucesos que empiezan a darse y multiplicarse en la política del mundo entero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están cambiando los códigos? Y ante esos cuestionamientos, llega la una interrogante muy de fondo: ¿Vale la pena seguir adelante o es mejor dar un paso al costado?

Más allá de afinidades ideológicas o no, es notorio que el presidente de España, Pedro Sánchez, es uno de los líderes mundiales que más entienden el juego político. Prueba de ello es el sexenio que lleva en la titularidad de un gobierno al que le ha tocado superar una pandemia mundial, varios procesos eleccionarios –incluso alguno con desventajas en las encuestas– y sortear una que otra crisis.

Sánchez aparenta una solidez sin igual. Los embates de las fuerzas conservadoras encabezadas por el Partido Popular y Vox suele superarlos sin mayores dificultades, desde la acción o desde el debate, pero el pasado miércoles 24 de abril, por primera vez pareció ser golpeado por la munición de la desinformación, al punto de reconocer en una carta pública lo siguiente: “la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Realmente no lo sé”.

El resumen de esta historia, que sirve de disparadora para esta columna, dice que Sánchez se tomó cinco días de reflexión, luego de que a su esposa, Begoña Gómez, se le abriera una causa judicial por tráfico de influencias y corrupción, tras la denuncia realizada por el colectivo de ultraderecha Manos Limpias, en base a recortes de prensa.

Este hecho, que parece poco si se lo observa con detenimiento, fue la gota que desbordó el vaso de la paciencia del presidente español, que veía como la ultraderecha se valía de la justicia para atacar a su familia. 

Finalmente, la historia es conocida, Sánchez no dimitió luego de esas jornadas de reflexión, y volvió a sus funciones con la guardia en alto y expectante ante lo que son estrategias de desestabilización habituales de la derecha española que, en este caso atacaron a la familia del jefe de Estado, pero en otras ocasiones fueron contra dirigentes de otros partidos que ocupaban cargos en el gobierno.

Este tipo de estrategias de manipulación y desinformación también se están dando más habitualmente en América Latina. El último ejemplo fue la denuncia de Romina Papasso, la recientemente expulsada dirigente del partido de gobierno uruguayo, que junto a una cómplice inventaron un hecho y protagonizaron una denuncia falsa contra el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi.

La historia, digna de un guion de un thriller político de Hollywood, narraba que algunos años atrás Orsi había requerido los servicios sexuales de una travesti dentro de su auto y que al no lograr una erección se habría rehusado a pagar y además le habría propinado un golpe que le hizo perder el conocimiento a la trabajadora sexual.

Aquí también la historia ya es conocida, finalmente ambas travestis, en medio de shows mediáticos reconocieron la trama y el fin: se buscaba dañar la candidatura de quien es el favorito para convertirse en el presidente de los uruguayos, lo que les valió finalmente la apertura de un proceso judicial a ellas.

Otro punto a lamentar de este suceso fue la posterior declaración ante la prensa del presidente Luis Lacalle Pou, quien negó que exista una “operación política” en este caso en concreto, cuando quienes ejecutaron el delito ya lo han confesado. Se trató de una operación realizada por (en ese entonces) una dirigente del Partido Nacional contra un precandidato del Frente Amplio con el único objetivo de perjudicarlo electoralmente.

Entonces, siguiendo estos dos ejemplos, de tantos que se están dando en el mundo y tal como cuestionó Sánchez, ¿vale la pena?

Las estrategias de desinformación, la judicialización de la política y la manipulación son cada vez más habituales, no solo en campaña electoral, sino en la política en general, por lo tanto, quienes deciden ingresar a la política lo deben tener muy claro.

Pero, ¿quiénes son los responsables de estas estrategias de desinformación y de la manipulación política? 

Las investigaciones que existen sobre este fenómeno demuestran que las estrategias mencionadas vienen casi en su totalidad desde el mismo sistema político, léase gobiernos y partidos, así como también desde otros centros de poder, como el empresariado y los poderes fácticos, que en muchos casos son los responsables de financiar las acciones. 

Por lo tanto, nos encontramos ante iniciativas que hacia la tribuna son condenadas por los referentes de un sistema político que es el mismo responsable de las acciones que critican, fundamentalmente quienes se encuentran en el oficialismo y cuentan con más herramientas legislativas para regular este tipo de casos.

El apelar a técnicas de desinformación o a manipulación está reñido con la ética de quienes trabajamos en comunicación política y gestionamos campañas electorales, pero es evidente que muchos estrategas utilizan estas herramientas para ganar votos y son cada vez más habituales, debido a que tenemos una ciudadanía infoxicada, existe suma facilidad de viralización de contenidos en redes sociales e incluso la reciente aparición de la inteligencia artificial puesta al servicio de estas malas causas funciona como un plus.

A esto debemos agregar que la Justicia, en muchos de los países de Iberoamérica, no ofrece las garantías necesarias, sino que está cooptada por colectivos poderosos a los cuales en varias circunstancias les son afines, como es el caso de Guatemala y otros tantos.

Lamentablemente este tipo de acciones que padecemos habitulamente llevan a que las ciudadanías descrean cada vez más del sistema político, de la política y de los políticos en general. El valor de la democracia cada vez se hunde más y no parece tener una solución a corto plazo.

Entonces, ¿merece la pena? La respuesta final es que sí, claro que vale la pena, porque la política es la principal herramienta para realizar cambios en las sociedades y mejorar la vida de las personas, porque la participación es la base que solidifica la democracia y porque no podemos permitir que un grupo de personas quiera secuestrar un sistema para crear otro en beneficio propio. 

En el deber nos queda reclamar a nuestros dirigentes una legislación que proteja a los ciudadanos de la desinformación y la manipulación política, pero eso está en manos de los gobiernos, los congresistas y los partidos. En cuanto a la ciudadanía en general, por más que las cosas se vean mal y se perciban hostiles, lo importante es no relegar espacios de participación, porque quizás en un futuro no tan lejano –como sucedió antaño– se pierdan y sean muy difíciles de recuperar.

(San Juan, 10:00 a.m.) Ante las copiosas lluvias que se han registrado por los pasados días y tras mantener comunicación directa con los alcaldes y los jefes de agencias, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó este miércoles las órdenes ejecutivas 2024-009 y 2024-010 para declarar a 18 municipios en Estado de Emergencia y activar la Guardia Nacional de Puerto Rico, respectivamente.

En la OE-2024-009 se declara un Estado de Emergencia en Adjuntas, Arecibo, Camuy, Ciales, Corozal, Guayanilla, Lares, Manatí, Maricao, Mayagüez, Naranjito, Ponce, Río Grande, Sabana Grande, Toa Alta, Toa Baja, Utuado y Yauco.

“El Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar el orden público, proteger la vida, la propiedad y la seguridad de todos sus residentes”, expresó el mandatario.

En este sentido, estableció, “a raíz de la gran actividad de lluvias torrenciales que ha enfrentado Puerto Rico durante el mes de mayo, el Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso de inundaciones repentinas para varios La actividad de aguaceros provocó acumulaciones de lluvia que han fluctuado entre ocho a diez pulgadas. Este panorama de lluvias torrenciales provocó inundaciones y deslizamientos de terreno en diversos pueblos”.

Ante esto, en la OE-2024-009, el mandatario ordenó al oficial de enlace estatal, al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, a que proceda con la coordinación necesaria para aceptar y utilizar la asistencia federal prestada en respuesta a las peticiones generadas por el gobierno y sus municipios.

Además, estableció que la Declaración de Emergencia cumple con los requisitos para que la Administración de Servicios Generales, las agencias y los municipios puedan activar los procedimientos especiales de compra de emergencia para adquirir materiales y servicios esenciales para responder a la emergencia.

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