SAN JUAN, Puerto Rico, 9 de mayo de 2014 (NCM) – Los funcionarios del Estado a cargo de proponer, defender e implantar una reforma fiscal que afecta potencialmente a 40.000 empleados transitorios y otras categorías similares manifiestan desconocimiento oficial de esa cifra, fundamental para poder calcular las consecuencias del estatuto, que renovará el período de reforma iniciado en 2006 y que vence en julio.
De igual forma, un legislador influyente en la evaluación de las políticas económicas del gobierno, hizo gala de una ignorancia sorprendente durante las vistas públicas sobre el próximo presupuesto y no lograba descifrar las gráficas presentadas por la Junta de Planificación porque no conocía categorías elementales de las formas de calcular el producto nacional bruto.
Las escenas, que se suceden con una incidencia preocupante, serían apropiadas para un entremés teatral humorístico a no ser porque agravan la perspectiva de más dificultades para Puerto Rico, que ya enfrenta un deterioro prolongado y profundo en su economía, así como la degradación de sus bonos al nivel que se conoce como “basura” por parte de las casas acreditadoras de Wall Street.
Se trata de un proceso en el que la desinformación, que en ocasiones ha llegado a la mentira grosera, está afectando el propio proceso de toma de decisiones a puerta cerrada en los altos niveles del Gobierno. Hay funcionarios que manifiestan en privado que no se dispone de datos estadísticos necesarios en la toma de decisiones, cuando en realidad la información buscada está accesible en documentos públicos.
Así, la categoría “público, pero no publicado” comienza a jugar un papel importante en el deterioro de la situación institucional de esta pequeña nación isleña y colonia de Estados Unidos desde 1898. Ese vacío de conocimientos prácticos afecta además la credibilidad del régimen autonómico, establecido a mitad del siglo pasado bajo el nombre de Estado Libre Asociado, y que intenta rehabilitarse luego de que en el año 2012 fuera repudiado por una mayoría absoluta del electorado, situación que por ahora se ha mantenido en una especie de limbo político sin que las cámaras legislativas logren dar un solo paso concreto para alguna convocatoria que abra las puertas a un proceso de cambio.
El caso de los llamados empleados “transitorios” y “de contrato” –distintos de los regulares o de carrera- podría verse como ilustrativo del panorama de desinformación que afecta al propio Gobierno.
En su mensaje a la asamblea legislativa sobre el estado del país, el gobernador Alejandro García Padilla aseguró con énfasis que se implantaría la nueva fase de la reforma fiscal sin despedir más empleados. Sin embargo, el proyecto de ley enviado por el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, dice que se podrán eliminar los contratos “prescindibles” y prohíbe de manera explícita la renovación de los puestos transitorios, excepto en cinco categorías que se consideran esenciales.
Luego de semanas de insistencia por conocer de cuántos trabajadores se podría estar hablando y de las respuestas reiteradas por parte de funcionarios de alto nivel, que insistían que el gobierno no tenía dicha información, resultó que por mandato de la Ley de Reforma Fiscal de 2006, el Gobierno de Puerto Rico mantiene un “Registro de Puestos Ocupados e Información Relacionada” con la información general y los detalles agencia por agencia.
La copia que se hizo oficialmente pública en diciembre pasado, obtenida por NCM Noticias, especifica que a finales del año 2013 el Estado tenía 40.467 empleados transitorios, por contrato y otras similares, lo que constituye casi el 18 por ciento de la plantilla de empleados gubernamentales. Según el Registro, en la Oficina del Gobernador había 301 de esos empleados, 8.680 en los departamentos y las agencias del Ejecutivo, 5.863 en las corporaciones públicas, 508 en la rama judicial, 715 en la asamblea legislativa, 24.051 en las alcaldías de los 78 municipios, y 349 en otras entidades gubernamentales.
La insistencia en que esa lista no existía deja sobre la mesa si los funcionarios le mintieron a la prensa o si de verdad desconocían la información, con las interrogantes que quedarían sobre si se midieron o no todas las consecuencias económicas y sociales de la prohibición que se solicita a la Legislatura.
De la misma forma, el Gobierno asegura tener un plan estratégico para la recuperación económica, pero la búsqueda de NCM Noticias produjo dos distintos, que, de todas formas, contienen información que va de contradictoria internamente hasta en abierta discrepancia con las bases de datos del propio Estado.
Otro tanto ocurre con la estatal Universidad de Puerto Rico, principal inversión del país para insertarse en la llamada economía del conocimiento. Mientras se mantiene obstinadamente la posición oficial de que a la UPR no se le han recortado los fondos, el proyecto de presupuesto consigna el impacto negativo de 178 millones de dólares en su presupuesto recomendado para el próximo año fiscal y la propuesta ley para la “sustentabilidad” fiscal indica que esa condición continuará durante los próximos años.
El Gobierno también insiste en que se ha presentado, por primera vez en 15 años, un presupuesto que no excede los recursos, pero en la ley de “sustentabilidad” se dispone la confiscación de ahorros de diversas corporaciones públicas para cubrir fondos deficitarios de la operación de agencias gubernamentales. Así mismo, se establece de forma explícita que buena parte del dinero que se les quitará a los trabajadores del Estado se utilizará para subsidios e incentivos a los empresarios.
Cuán partícipe es o no el gobernador García Padilla de toda la situación sigue siendo una incógnita. Esa situación se parece en ocasiones a las descripciones que hizo Ibn Khaldún en El Muqaddimah, allá para el siglo XIV, sobre cómo elites que ya habían perdido el sentido de propósito y compromiso que tuvieron los que fundaron una dinastía se hacían con el poder real de manera irresponsable mientras mantenían casi como prisionero en palacio al monarca, al que engañaban proveyéndole lujos primorosos y usándolo para que diera la cara y así mantener tranquilo al pueblo.