Como todo el pueblo, nos preguntamos ¿Hacia dónde va el país? El sentido de inseguridad colectiva, en particular ese que apremia a partir de la vida económica y social, no puede constituir una forma de vida, o cultural, permanente. Deseamos vivir en un país estable. Estable porque tenemos ciertas expectativas de vida, las cuales se pueden cumplir, y por otro lado, porque vivimos en una cultura política donde tanto los gobernantes como los gobernados creen en unos principios en común.
Ayer, el gobernador de Puerto Rico propuso, y logró su aprobación, la Ley para el cumplimiento de las deudas y recuperación de las corporaciones públicas. Dicha ley, la cual el gobernador Alejandro García Padilla, su principal promovente, intentó explicar varias veces en el día de ayer, establece un nuevo marco legal para reestructurar la deuda de ciertas corporaciones públicas. Bajo dicha nueva legislación, se busca que las corporaciones públicas del gobierno puedan negociar con sus acreedores la forma de pago ante las deudas existentes. Esto sin poner en juego los activos, haberes y derechos propietarios que puedan tener las corporaciones y los derechos que puedan tener los acreedores.
La ley de quiebras que se utiliza en Puerto Rico es la del gobierno federal. La misma tiene un capítulo 9, la cual permite a las corporaciones públicas, estatales o municipales, establecer un mecanismo de reestructuración con sus acreedores. Esa disposición ya existe. No obstante, el gobierno de Puerto Rico por virtud de la ley aprobada ayer en ambos cuerpos legislativos, apuesta a que la legislación sea de carácter criollo y en un “tribunal de quiebras puertorriqueño” se ventile la reestructuración de la corporación pública.
Ahora bien, luego de seis meses desde que las casas acreditadoras declararon a Puerto Rico y su capacidad de crédito en el nivel de chatarra, el gobernador Alejandro García Padilla espero hasta el último día de discusión en la sesión ordinaria de la legislatura para presentar este proyecto. Más interesante aún, ambos cuerpos legislativos, sin mediar vistas públicas o procesos de consulta, y disponiendo que la ley aprobada anoche hay que entenderla a la luz de la Ley 66 de Sustentabilidad Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, aprobaron de forma express esta nueva ley.
En otras palabras, ante una crisis profunda de corte económico pero con efectos sociales, ahora estamos transformando la cultura política del país, y rayando en formas autoritarias de gobernanza. Aunque la crisis crea una prerrogativa inarticulada de que todo es posible, ¿a qué pueblo le gusta la idea de que sus gobernantes anden aprobando medidas legislativas poco pensadas y ponderadas en el último minuto?
Es curioso pero la Ley de cumplimiento con las deudas y recuperación de las corporaciones públicas, no llena un vacío. Ya existe una ley federal que cubre la conversación, aunque no de forma absoluta. Es decir, puede haber una ley territorial-estatal.
El efecto de esta última jornada de la vida política en Puerto Rico, comienza a definir sin lugar a dudas, una mirada cultural desde el pueblo en torno a los gobernantes. Luego de 14 años en el nuevo Siglo 21, Puerto Rico ha tenido cuatro gobernantes distintos. En otras palabras, se ha impuesto una cultura del voto revocatorio. El pueblo ha decidido que todo mandato es de un solo cuatrienio.
Uno tiene la sensación, luego de ver como se impuso sin discusión y mayores consideraciones y de forma expedita, una ley de tanta trascendencia al país, que el pueblo ya inició su proceso de consulta-silente en torno al ejercicio de su voto revocatorio. Ahora resta esperar que pasa entre el verano del 2014 y noviembre del 2016, cuando están pautadas las próximas elecciones generales. ¿Habrá de renunciar algún gobernante? ¿El pueblo debe seguir esperando pacientemente? Que cada cual vaya decidiendo qué hacer.
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