Consistente con lo expuesto en el informe en torno al estado de las finanzas del gobierno de Puerto Rico, por parte de la casa acreditadora Moody´s, del pasado 1 de julio de 2014, en el día de ayer el gobernador Alejandro García Padilla reiteró por primera vez de forma abierta, que entre la deuda pública del gobierno y la ciudadanía, optó por apoyar a estos últimos.
Las palabras vertidas por el gobernador no se pueden tomar a la ligera. Su lógica expresada en el día de ayer, constituye un acto de justicia social para el pueblo, quien reconoce cada vez más que los $72 mil millones de deuda pública, de los cuales las corporaciones del gobierno tienen cerca de $61 mil millones, se han convertido en una cifra impagable. Ante este entendido y aceptación popular, el gobernador se va afianzando en decir de forma pública, que no puede pagar, sin poner en juego los servicios mínimos a los que el pueblo de Puerto Rico está acostumbrado.
El gobernador García Padilla ha reiterado en días recientes en más de una ocasión que instruyó al secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, a tomar acción legal contra las casas acreditadoras, por desinformar en torno a la situación real de la capacidad crediticia del gobierno. Esta movida, usual en algunos estados de los EE.UU. que han sido afectados por los dictámenes de las casas acreditadoras, sería un acto poco usual para el gobierno de Puerto Rico. No obstante, es parte de una lógica de justicia social que el actual gobernador García Padilla, ha ido imponiendo cada día más en nuestra forma de pensar colectiva, y la cual hay que celebrar: el pueblo va primero que el pago de la deuda.
Esto, no obstante, tiene ciertas implicaciones constitucionales, dado que la Constitución de 1952 del Estado Libre Asociado, en su Art. 6, sección 8, dispone que la deuda pública se honra antes que nada. La forma en que el gobierno de García Padilla está manejando esta obligación, está aún por verse. La reciente ley aprobada, controversial en todos sus aspectos, conocida como La Ley para el Cumplimiento con las Deudas y Recuperación de las Corporaciones Públicas, mejor conocida como la “Ley de Quiebra Criolla”, tiene el efecto de poner en remojo el pago de forma prioritaria de más del 85 por ciento de la deuda existente de Puerto Rico. Es decir, las corporaciones públicas son el gran dolor de cabeza del gobierno de Puerto Rico. Poner su pago en suspenso o en condicionamiento limitado, es una gran opción para el gobierno y de beneficio al pueblo.
Es momento de ser críticos, pero también saber ser efectivo. La medida tomada por el actual gobierno, de forma curiosa, ha sido avalada por el presidente del principal partido de oposición, Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista, quien mostró su apoyo sugiriendo, y actuando, por vía de explorar enmendar el Código de Quiebras del gobierno federal, para que su capítulo 9, que aplica a los estados y sus corporaciones públicas, por vía de enmienda pueda aplicar también al territorio no incorporado de Puerto Rico. Esto, como puntualizó Pierluisi, pasa porque “el Congreso discrimina contra Puerto Rico”. Si éste logra enmendar dicha ley, la legislación de la Quiebra Criolla, no sólo queda reforzada, pero su constitucionalidad quedaría probada.
En fin, son tiempos interesantes. Apoyemos a los que apoyan a Puerto Rico. En este momento y de forma curiosa, tanto el gobernador García Padilla como su principal oponente, Pierluisi, han coincidido en algo: la gente de Puerto Rico va primero que el pago de la deuda pública del país. ¡Bravo!
Crédito foto: United Satates Department of Labor, Wikimedia Commons, bajo licencia de dominio público