Puerto Rico está en su peor momento económico en décadas. Por fin pasó: un deponente ante un panel del Congreso estadounidense ha solicitado que ese cuerpo considere crear una junta para administrar las finanzas de la Isla. En una ponencia ante el subcomité de Asuntos Hemisféricos, James Glassman, que fue sub-secretario del Departamento de Estado bajo el Presidente George W. Bush, también comparó los problemas financieros de Puerto Rico con los de Argentina.
Ambos países han tomado pasos para reestructurar su enorme deuda con sus bonistas. Si muy bien habría que tomar con un grano de sal la sugerencia de Glassman, depuso a nombre del American Enterprise Institute, uno de los más importantes grupos conservadores. El instituto se dedica a publicar estudios sobre causas de derecha y tiene lazos muy cercanos con el Partido Republicano de los Estados Unidos, que controla la cámara baja del congreso. Glassman también fue uno de los fundadores del Instituto George W. Bush, otro grupo de estudio de causas de derecha.
El exfuncionario gubernamental fue parte de la junta editorial de la revista U.S. News & World Report y de Roll Call, una publicación que se dedica a cubrir asuntos del Congreso. Criticó la ley puertorriqueña que crea un andamiaje para reestructurar la deuda con los bonistas de sus corporaciones públicas. El mecanismo de reestructuración se creó ante la imposibilidad legal del Gobierno y sus corporaciones públicas de radicar acciones ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos.
Para Glassman y otras voces de derecha, junto con la casas crediticias de Wall Street, la ley de reestructuración de Puerto Rico representa una afrenta a sus acreedores, y señal de que este no tiene intención de honrar sus compromisos financieros. Las casas crediticias como Moody’s y Standard & Poor’s, no solamente han bajado a nivel chatarra la clasificación de los bonos de las corporaciones públicas de Puerto Rico sino las Obligaciones Generales del Estado Libre Asociado, como se le conoce al gobierno de la Isla. El gobernador Alejandro García Padilla ha amenazado con demandar a las casas acreditadoras por lo que él considera un trato injusto a Puerto Rico. Se ha anunciado esta semana que el Departamento de Justicia de la isla está estudiando la posibilidad de instar tales demandas.
Mientras tanto, la Isla confronta problemas consiguiendo financiamiento para las operaciones de sus corporaciones públicas, tales como la Autoridad de Energía Eléctrica, un monopolio que está en crisis financiera. El pago de las Obligaciones Generales de Puerto Rico está garantizado en su constitución.
Un ente llamado American Future Fund ha estado detrás de anuncios que aparecieron en The Wall Street Journal y Político que atacan a las decisiones financieras de Puerto Rico, comparándolas con las de Argentina al entrar en una cesación de pago y/o reestructuración de la deuda. Glassman también criticó la decisión del Departamento de Hacienda de Puerto Rico de no honrar un crédito contributivo al banco hipotecario Doral Mortgage. El acuerdo, negociado en la pasada administración, comprometía al Gobierno a pagarle al banco $229 millones por un alegado sobrepago tributario ocurrido hace varios años. La posición del actual gobierno es que no existe tal deuda. El secretario de Hacienda que negoció el acuerdo ahora trabaja con el banco.
La ponencia de Glassman es un indicio de las posiciones que puedan tomar republicanos y conservadores en los Estados Unidos. En años anteriores, la capital de Washington, D.C. fue sometida a una junta administrativa ante su crisis financiera. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y sólo tiene un delegado en el Congreso cuyo derecho al voto se limita a subcomités.
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