No me corresponde hablar bajo la concepción de históricamente, pero sí desde lo vivido en la propia e incipiente exploración artística. Lo que se repite en las mesas de conversación entre las personas que existen por y para el arte es la fragilidad de la sustentación de la carrera artística. Y esto no únicamente visto desde el aspecto pecuniario sino desde la configuración estatal de la política cultural.
Así que luego de las recientes enmiendas a la Ley Número 108 sobre descuentos especiales a envejecientes para la asistencia a espectáculos en instalaciones públicas, es notable que aún queda camino por recorrer en relación ya no exclusivamente a esta ley sino al panorama general al que se enfrentan los artistas. Actualmente, el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (COPEP) ha recurrido al Tribunal Supremo Federal para solicitar la derogación de dicha ley. Según el director ejecutivo de COPEP, Juan Carlos Zapata, aunque dichas enmiendas “nos acercan a la justicia, no es la justicia. La justicia es que no haya ningún tipo de confiscación” y es que entienden que la Ley 108 es inconstitucional.
En las mencionadas enmiendas se estableció, según explicó Zapata, que un 5 por ciento de los boletos disponibles para la venta se podrá obtener con el descuento del 50 por ciento, destinado a personas de 65 años en adelante. Estas deberán estar debidamente identificadas a la hora de adquirir el boleto y no podrán solicitar boletos para actividades que concuerden en fecha y hora. Tampoco se ofrecerán boletos gratis.
“Aunque las enmiendas representan un alivio me parece que la Ley (108) sigue siendo injusta en tanto y en cuanto yo como trabajador de las artes me veo afectado por eso”, expresó el actor y poeta, Luis Enrique Romero. Y prosiguió: “la ley es buena si el Estado asume la responsabilidad, pero no si la responsabilidad recae en la clase artística, en el trabajador de las artes”. Romero había explicado que la consecuencia ha sido cada vez menos actores en las obras y, por lo tanto, un gran desempleo.
Aunque igualmente Romero puntualizó que su posición siempre se ha mantenido en favor de la derogación de la Ley (108), ya que “la justicia no debe ser medio justa es justa completa o no lo es”, confía que las enmiendas promuevan que disminuya el costo de las entradas para hacerlas accesibles a más personas, a su vez que aumenten las producciones y la cantidad de actores y actrices trabajando en las mismas.
En relación a la política cultural en el País, manifestó no estar conforme y señaló que aun cuando pueden verse en cartelera muchas obras estas no tienen continuidad, generalmente, más allá de dos fines de semana, por ejemplo. “Tenemos muchas opciones como público, pero al artista se le hace difícil vivir de su trabajo”, sostuvo.
“Está bien desarticulado el proyecto cultural en Puerto Rico referente a las expresiones de las artes representativas y como no hay política pública hacia el desarrollo todo es una improvisación constante”, aseveró Romero, quien apuntaló que debe haber una convergencia entre diferentes agencias para lograr el desarrollo de las artes y mencionó por ejemplo al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Compañía de Turismo y el Departamento de Educación, en un esfuerzo interagencial.
“Aquí hay 78 pueblos; 78 posibles lugares para presentar una obra. Si una compañía hace rondas (giras) por esos 78 pueblos y se desarrolla la cultura de ir al teatro, tendríamos una cultura más fuerte, un país mucho más sensible y más dispuesto a buscar soluciones”, aseguró Romero, quien cuestionó la gestión del canal del Gobierno, WIPR, y las incongruencias de la política pública que ni siquiera en las oficinas gubernamentales donde los ciudadanos esperan ser atendidos mientras ven la televisión puedan serles ofrecidos programas locales con talento nacional.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Actores de Puerto Rico, Anamín Santiago, certificó que desde los noventa el Colegio ha estado objetando la Ley 108 porque “redundaba en la reducción del trabajo para las personas de las artes representativas y no permitía tampoco el desarrollo de nuevas generaciones actorales”. Para Santiago, las enmiendas a la Ley 108 constituyen la eliminación de un gran escollo.
Asimismo, la actriz apuntaló no solo la falta de creación de empleos y plazas fijas y condiciones como plan médico, días por enfermedad y días de vacaciones sino que actualmente se labora por servicios profesionales en trabajos temporeros. “¿Y después que se acabó la obra de teatro?, cuestionó Santiago, quien opinó que los artistas de las artes representativas “hemos estado tan marginados como siempre”.
El Post Antillano se propone continuar investigando y ampliando próximamente la información sobre el tema relacionado a la política cultural referente a las artes representativas.
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