El patriarcado es un asunto milenario, una construcción histórica, y ahora que tanto se habla de equidad, aquello que respeta la igualdad en las diferencias, se hace más visible aún, si cabe, la distancia que existe en la configuración social de ser mujer y ser hombre.
De esta manera, se continúa ponderando el valor sociocultural de la mujer como una infracción a la normativa vigente de la supremacía del varón. Esto se hace claro en diversos aspectos y narraciones cotidianas, pero se hace hoy también relevante luego que la Resolución del Senado 175 ordenara llevar a cabo una investigación sobre el cumplimiento de la Ley Número 11 de 2009 (Ley de programas de adiestramiento y educación encaminados a garantizar igual paga por igual trabajo a las mujeres). Dicha investigación va dirigida a la supuesta (no) ejecución gubernamental del pasado Gobierno acerca de esta ley y a la afirmación de que el actual Gobierno sí la cumple. Sin embargo y en este caso, no es mi interés discutir aquí un elemento que podría tener o no un tinte partidista. Mi reflexión es un reclamo y un intento de comprender que me viene obligado no tan solo por ser mujer sino por ser un asunto de justicia social.
El comunicado del Senado asevera que “según el Departamento del Trabajo, para el 2010, las mujeres representan el 45 por ciento de la fuerza trabajadora en la Isla, un aumento de 14 por ciento con relación al 1970 (31 por ciento). No obstante, en cuanto al salario devengado, siguen existiendo discrepancias significativas entre los géneros”. Y continúa: “En el año 2005, las mujeres devengaron un salario de $233.60 semanal y los hombres devengaron $242.90, una diferencia de $9.30 a la semana”. Luego de esa fecha no se brindan datos.
Es evidente que hay una concepción colectiva, diría yo que cultural, de seguir asumiendo el género como factor de peso para estimar habilidades, destrezas y conocimientos. Aunque una mujer y un hombre realicen el mismo trabajo, las capacidades se evalúan diferente. Esto es obvio que se refiere a nuestra incapacidad para (re)crear una sociedad igualitaria. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es violentado con total desfachatez y aun así queremos asumirnos como un país de avanzada. Pero esto es imposible ante tal abismo de inequidad, no solo en el carácter ciudadano sino en la oficialidad del Estado.
Me cuestiono si como tantos otros asuntos de interés social, la resolución, que se encuentra en un cambio de paradigma, subyace en la educación y si solo desde ahí podremos reconfigurarnos. Mientras, tanto las agencias públicas como las empresas privadas requieren una renovada visión de género. Ni patriarcado ni matriarcado, sencilla equidad.
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