Durante estas semanas se han dado dos pasos importantes relacionados con los derechos de las comunidades inmigrantes presentes en Puerto Rico. En primer lugar, el día 17 de octubre se presentó en el Senado, por los senadores Ramón Luis Nieves y Nadal Power, ambos de San Juan, la “Ley de Acceso Financiero para Todos”. Dicha pieza legislativa tiene como objetivo permitir que los inmigrantes que no tengan documentos de residencia puedan abrir cuentas de bancos en Puerto Rico.
El proyecto de ley reconoce que en otras jurisdicciones de Estados Unidos se han llevado a cabo iniciativas parecidas. Lo interesante de esta propuesta es que la Legislatura de Puerto Rico la articula ante el fracaso de una posible reforma migratoria que no se ha logrado en los Estados Unidos. Las elecciones de la próxima semana, donde se vislumbra un nuevo dominio republicano del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no auguran que vaya a haber alguna reforma migratoria próximamente.
La Ley de Acceso Financiero, como se titula el proyecto, dispone que los bancos, cooperativas y otras instituciones que presten servicios bancarios en Puerto Rico podrán permitir que una persona que no tenga un número de seguro social pueda abrir una cuenta de ahorros y de cheques. Siempre y cuando se haga una identificación adecuada, por medio de un pasaporte no vencido, matrícula consular o una licencia del Estado, la persona podrá tener acceso a una cuenta bancaria.
Una limitación que tiene la pieza legislativa es que coloca al inmigrante en posición de contactar a las autoridades para poder obtener un número de seguro social, y si no cualifica para el mismo, obtener un número personal de identificación con el IRS o un número de identificación patronal. Un aspecto importante de la ley es que anuncia la política pública del ELA como la siguiente, “promover que todos los residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no importa su status migratorio, tengan acceso a cuentas depositarias de ahorro y de cheques en instituciones financieras autorizadas para operar en Puerto Rico”.
Por otro lado, el CLAI o Consejo Latinoamericano de Iglesias, celebró en Puerto Rico, un seminario/taller donde se discutieron los desafíos pastorales de la migración en Puerto Rico. En el mismo se discutieron aspectos legales, estadísticos, teológicos y prácticos del doble problema de la migración, tanto la de los puertorriqueños que salen, como la de los extranjeros que llegan a la Isla. Es interesante ver cómo los ponentes, Amaury Tañón, Luis Rivera Pagán, Francisco Concepción y la Dra. Doris García Rivera, presidenta del seminario Evangélico de Puerto Rico, entrelazaron los distintos temas con el objetivo de promover una acción dirigida a enfrentar el reto de la migración en el siglo XXI.
El seminario/taller, organizado por la Mesa Nacional del CLAI en Puerto Rico y su presidenta Nubia Gisela Santos Mangual, es el primer paso para comenzar a elaborar una pastoral de la movilidad en las iglesias de Puerto Rico. Ante el reto de la ausencia de una reforma migratoria que le haga justicia a los inmigrantes, y ante el desafío de la emigración de los puertorriqueños, la sociedad civil, en este caso las iglesias, ha tomado la iniciativa. Ambos hechos, tanto el proyecto de ley como el seminario del CLAI, son ejemplos de iniciativas que hacen justicia a los y las migrantes del Caribe.
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