El martes, 23 de diciembre de 2014 la fiscalía federal en Puerto Rico anunció el desmantelamiento de una organización de narcotráfico que operaba en la región este de la Isla. Este anuncio se une al realizado la pasada semana donde dicha fiscalía reclamaba que era gracias a su intervención que los asesinatos se habían reducido durante este año. Aunque los medios corporativos se han centrado en el arresto de Juan Ramón Zalduondo, desarrollador relacionado principalmente con el Partido Popular Democrático, pero también con el Partido Nuevo Progresista, no se ha hecho énfasis en lo que dicen estos arrestos de la inefectividad e impunidad del aparato federal en el control del crimen en Puerto Rico.
Según lo anunciado por Rosa Emilia Rodríguez, jefa de la fiscalía federal en San Juan, el líder de la organización desmantelada es Carlos Morales Dávila. Este narcotraficante fue arrestado en el 2011 por las autoridades federales y sentenciado por narcotráfico en el estado de Florida. Esta persona, desde la cárcel federal, estaba coordinando el trabajo de esta red de narcotráfico. Esto quiere decir que estando bajo custodia federal, Carlos Morales Dávila, estaba utilizando sus recursos para controlar la operación de una red de narcotraficantes en la Isla. Una red de narcotráfico que solo es efectiva si los federales no lo son.
La Fiscal Federal explicó que la organización se dedicaba a transportar cocaína y heroína desde Venezuela, Colombia y República Dominicana al este de Puerto Rico. Luego de entrar la droga a Puerto Rico se distribuía utilizando el ferry de Vieques. Según el ordenamiento constitucional establecido, el control de las fronteras lo tiene el Gobierno federal de los Estados Unidos. Puerto Rico no tiene ninguna jurisdicción para controlar el narcotráfico en el ámbito internacional y no tiene capacidad legal para intervenir con esos cargamentos que vienen desde Venezuela, Colombia y República Dominicana. Si algo indica este caso, es el fracaso de las organizaciones federales encargadas del control del narcotráfico. Solo cuando operan junto a la Policía de Puerto Rico es que estas organizaciones federales logran desmantelar la red de narcotráfico.
Un convicto federal controla una red de narcotráfico que logra entrar drogas a Puerto Rico. El Gobierno federal ha sido inefectivo, a la luz de estos hechos, al dejar que un convicto bajo su jurisdicción pudiera mantener una organización criminal funcionando tres años después de que el mismo fuera arrestado y convicto a 12 años de cárcel. Por otro lado, el mismo Gobierno federal es incapaz de proteger las fronteras de Puerto Rico, ámbito jurisdiccional propio de dicho poder, dejando que una organización de narcotráfico, controlada por una persona bajo su custodia, lograra traer drogas a la Isla. La pregunta que hay que hacer es, ¿cuándo vemos los arrestos de agentes federales involucrados en este caso? ¿Hay alguien responsable por permitir que este convicto federal siguiera controlando una red de narcotráfico en Puerto Rico desde la cárcel federal? ¿Alguien es responsable del fracaso de las organizaciones federales encargadas del control del narcotráfico? ¿Es el Gobierno federal, incluso la fiscalía federal, impune ante estos delitos? Las preguntas quedan planteadas.
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