Esta semana la Cámara de Representantes de Puerto Rico dio un voto afirmativo a una medida para quitarle el derecho a votar a los presos que hayan cometido delitos graves. La aprobación de la medida trajo una controversia porque se dice que el coautor del proyecto de ley, Carlos Vargas, buscó los votos de sus compañeros legisladores a cambio de dar su voto a un alza sustancial en el impuesto al barril de petróleo.
No hay duda de que la medida que subiría el arbitrio al barril de petróleo de $9.15 a $15.50 el barril es la más importante de las dos. Es un alza de sobre un sesenta por ciento y se espera que los conductores tengan que pagar más de 10 centavos adicionales por un litro de gasolina. Ahora lo que falta es la firma del gobernador Alejandro García Padilla para que esta medida se convierta en ley.
Esta medida ha desviado la atención de otros asuntos urgentes. En manos de la Legislatura está un controvertible proyecto de ley que reestructuraría el sistema tributario de Puerto Rico.
La medida ahora pasa al Senado de Puerto Rico, donde parece haber buen ambiente para aprobar el proyecto de ley de la autoría del representante Vargas, quien ahora dice que ha estado recibiendo twitters amenazantes con relación a su posición y, por ende, este término será su último como legislador. Si Vargas cabildeó por el voto de otros representantes para que votasen por su medida, no debe de ser nada controvertible. Ese es su derecho y pasa todos los días en la Legislatura. Recalcó que ya en otras sesiones camerales le había dado el voto a favor a la propuesta de impuesto sobre el barril.
Fue en 1980 bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló que se autorizó el voto a todos los confinados. Romero Barceló alega que firmó la ley porque sus ayudantes equivocadamente le dijeron que la prohibición al voto de los reos podría ser exitosamente impugnada por ser inconstitucional. La Consitución de Puerto Rico habla de quitarle derechos, incluyendo el derecho al sufragio a personas que hubiesen cometidos delitos graves. Un abogado llamado Carlos Cabrera ha llevado la voz cantante en recordarle a los legisladores esta parte de la Constitución.
Citando razones constitucionales, el senador Miguel Pereira, exsecretario de Corrección y exsuperintendente de la Policía de Puerto Rico, dijo estar a favor de la medida. Estamos hablando de una de las voces más progresistas de la Legislatura.
Debo decir que me siento incómodo cuando se habla de quitarle derechos a la gente, estén presos o no. Es cierto que la criminalidad es uno de los problemas más graves que tiene Puerto Rico. Pero es también un peligro y algo inhumano la actitud de que el comete delito grave se debe de “pudrir” en el calabozo sin una oportunidad de rehabilitarse. Un 95 por ciento de los confinados en la Isla están cumpliendo penas por delitos graves. A lo mejor votar es un paso hacia la rehabilitación porque establece un nexo entre el convicto y la sociedad.
Recientemente se formó una controversia a través de los medios cuando se le otorgó un indulto a un hombre convicto de asesinato en primer grado. Luego se supo que el hombre no solo llevaba 20 años en probatoria sino que había aprovechado ese tiempo para convertirse en doctor en psicología. Es necesario no olvidarse de que la rehabilitación es uno de los componentes de cumplir una condena.
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