Aparte de la crisis fiscal, el Estado Libre Asociado, mediante el secretario de Justicia, César Miranda, ha buscado salidas judiciales a la encerrona territorial. Aunque estas gestiones en su mayoría han fracasado, no hay que restarle méritos al uso del Departamento de Justicia como aliado político del gobernador Alejandro García Padilla. El problema jurídico se resume en dos acápites. Por un lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha tornado en un brazo del Partido Nuevo Progresista (PNP), y los casos principales de la política pública del Partido Popular Democrático (PDP) han fracasado. Y, por otro lado, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, el guardián federal acerca de la política imperial sobre la Isla, ha ejercitado bien su función imperial, a pesar de la las repetidas disidencias del juez Juan Toruella, que aunque estadista de extracto, ha denunciado la colonización como cuestión constitucional y como cuestión de derecho internacional.
En esta semana, Boston decidió dos decisiones adversas al Gobierno. Por un lado, determinó que el Departamento de Salud tiene que pagarle a los hospitales llamadas 330 una cantidad millonaria por deudas impagadas. Estos hospitales 330 se pagan bajo una ley federal cuyo fin no tiene aplicación a Puerto Rico, ya que busca proveer hospitales en regiones de Estados Unidos desprovistas de servicios médicos, tal como Wyoming, Nevada y otros estados despoblados. En Puerto Rico, donde hay hospitales de más, la aplicación de esta ley no tiene ningún sentido, y que no se levante su irracionalidad jurídica como no se hizo en el caso en apelación, es permitir que Boston imponga obligaciones fiscales que no nos corresponden. En fin, la decisión permite que los hospitales funcionen como una chupacabras médicos. Justicia erró en no cuestionar la constitucionalidad de la ley según aplicada a Puerto Rico.
El caso de la quiebra criolla, el Departamento de Justicia representa un buen planteamiento, pero omite uno mejor. Puerto Rico planteó que la quiebra federal no impide que la Isla permita la quiebra criolla. El Circuito, aplicando normas de lo que se llama campo ocupado, determinó que el Congreso había determinado que la ley federal no abrigaba los territorios, como Puerto Rico.
La respuesta, tanto de la mayoría como la concurrencia de Torruella, es que si Puerto Rico desea los beneficios de la ley de quiebra, que se haga estado o, como sugiere Pierlusi, que Puerto Rico se haga estado para fines de la ley. No parece haber apoyo político para esa enmienda de la ley. Pero existe una alternativa que no se ha explorado. El abogado de quiebras Nelson Robles, en un foro reciente, indicó que se debe explorar impugnar la inconstitucionalidad de la ley de quiebra federal a base de la exclusión de Puerto Rico porque la exclusión no guarda ningún fin racional, ya que la territorialidad, de por sí, no es racional.
Al igual que Miranda no ha levantado el argumento que la ley de los centros 330 es irracional, tampoco ha levantado el argumento que la exclusión de Puerto Rico de la ley de quiebras es irracional. Son argumentos que no se deben descartar.
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