Santo Domingo- Las dominicanas Rosa Iris de la Cruz, de 26 años, Luz María Serra Hernández, de 25, Cristina Polanco de la Cruz, de 28 y Alexandra de los Santos Ramírez pagaron miles de dólares por contratos de trabajo que resultaron falsos.
Fueron recibidas al llegar por un tal Salam, quien las llevó al hotel Beirut Star. En ese alojamiento, ubicado en Hambra, las despojaron de sus pasaportes y boletos aéreos.
Rosa Iris, Luz María y Cristina señalaron a la Policía que las obligaban a trabajar de 10 de la noche a cinco de la mañana en el centro nocturno TeacherÂs Club por 200 o 300 dólares.
Durante el tiempo de trabajo, no les daban alimentos ni sueldo hasta finalizar el contrato de tres a seis meses, incumpliendo lo pactado y tomando el dinero para provecho personal.
En el caso de Alexandra, esta denunció que le entregó a Nancy Josefina Matos cuatro mil 500 dólares para la gestión de visado a fin de viajar a Beirut como bailarina y al llegar al Líbano, la dejaron abandonada en Hambra, en el TeacherÂs Club.
Alexandra reveló que la obligaron al traslado a Alemania, donde la pusieron a trabajar tres meses para poder comprar el boleto de avión de regreso, sin cumplir lo acordado.
Por la persistencia de gestiones de familiares y amigos de las víctimas con las autoridades del país de procedencia, en este caso República Dominicana, se pudo conocer que la persona que hizo los trámites aquí y estafó a esas cuatro mujeres fue Nancy Josefina Matos, en prisión preventiva hasta ser juzgada.
La Policía explicó que se profundiza en las investigaciones para determinar si existen otras personas implicadas en este delito de trata de mujeres. Falta de información y pobreza hacen que miles de mujeres en el mundo pongan sus esperanzas de mejorar en promesas de fama y dinero que las llevan a la esclavitud sexual y pérdida de identidad.
La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y en condiciones de semi esclavitud, se reconoce, es uno de los crímenes de mayor crecimiento en el mundo y una de las violaciones más graves de los derechos humanos.
Dicha trata de seres humanos es la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, después del tráfico de armas y el narcotráfico, generando ganancias cercanas a los 36 mil millones de dólares anuales, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
ENTRE LOS PRIMEROS LUGARES
Un informe sobre trata de personas, particularmente mujeres, en Centroamérica y Caribe, publicado por Cooperación Técnica Alemana, arrojó que República Dominicana es tercer país a nivel mundial en este tráfico ilícito.
La noticia atribuida a Wikileaks y publicada por Al Momento.net señala que Dominicana compite con Brasil, solo superados por Tailandia y Filipinas, los cuales ostentan los tristes dos primeros lugares.
Sin embargo, la oficial de programas de la OIM en Dominicana, Gina Gallardo, dijo que existe una línea muy difusa en cuanto al lugar ocupado por los países, pero sí se manifestó segura que Dominicana está entre los primeros 10.
Agregó que se tiene la certeza que entre 50 y 60 mil dominicanas ejercen la prostitución en Europa, América Latina y Medio Oriente.
La abogada Evarista Rodríguez, experta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que internacionalmente el país es identificado como origen, tránsito y destino de trata de personas.
Estados Unidos aseguró en su Informe de 2011 sobre tráfico humano que Dominicana no cumple los estándares mínimos para eliminar la trata y continúan los reportes de complicidad de funcionarios públicos.
La coronela Carmen Pérez, encargada del Departamento de Trata de la Policía Nacional, explicó que Estados Unidos, Europa y Medio Oriente siguen siendo los destinos finales.
Aunque el tráfico ilícito de personas no es la trata, esta implica el tráfico en sí, dijo Pérez, y para que haya trata debe haber una acción de fuerza, sin el consentimiento de la víctima.
Las redes, abundó, operan falsificando documentos y cobrando cuantiosos recursos, estimados en dos mil 500 dólares por persona, mientras que en los viajes hacia Puerto Rico, los dominicanos cobran de 40 a 50 mil pesos (de mil a mil 200 dólares) y si los transportistas son boricuas, las tarifas se elevan.
La abogada Evarista Rodríguez dice que el mayor lucro económico del tráfico y la trata de personas se produce vía la frontera, ya que Dominicana acoge anualmente a miles de haitianos, cuyos traslados son auspiciados por sectores ligados a la agricultura, la construcción o a sectores gubernamentales.
INSTITUCIONES CONTRA LA TRATA
En un solo centro de acogida de víctimas de la trata en la capital dominicana, se han atendido 310 casos desde que fue abierto en 2003.
Marianela Carvajal, coordinadora de esta entidad de acogida, que junto a un consultorio médico forma parte del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), plantea que quienes manejan la trata venden un sueño, al cual no escapan a veces ni estudiantes universitarias con aspiraciones, al caer víctimas de promesas engañosas.
En Dominicana, manifestó Carvajal, la atención a féminas víctimas de la trata tuvo respaldo legal desde 2003, a cargo del Ministerio de la Mujer y el COIN, que apoya con una abogada y psicóloga para ayudarlas a regresar a sus países o localidades de procedencia.
A los casos que nos refieren primero les hacemos un diagnóstico y se les presta atención médica.
Las ayudamos con exámenes médicos, asesoramiento legal, préstamos para pago de deudas y compra de pasajes de regreso, indicó la coordinadora.
Preguntada si el COIN intervino en el caso más reciente de trata expuesto en la prensa, la abogada refirió que atienden a tres de las víctimas, aunque se está todavía en la fase de instrucción del caso.
El COIN ayuda en ese proceso brindando al fiscal soporte en las investigaciones y entrevistas, apoyo logístico para el traslado a los lugares de origen, atención sicológica a fin de llevar a término estas denuncias.
Carvajal expuso que después de graduarse de Derecho, comenzó a trabajar en el tema migratorio y defensa de los derechos humanos en general.
Se adentró en las condiciones de trabajo de ellas, en los problemas de género y se relacionó con el Comité Interinstitucional de Protección de la Mujer Migrante (CIPROM).
Los esfuerzos del Estado dominicano en esa dirección se incrementaron en esta década, a partir de la promulgación en el 2003 de la ley 137-03 y por la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y los dos protocolos que la complementan (contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de de Personas, especialmente Mujeres y Niños/as).
Organismos públicos tales como la Policía, Procuraduría General, Despacho de la Primera Dama, y los ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo, de la Mujer, Educación, y la Dirección de Migración, entre otras, ejecutan acciones contra la trata internacional de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
MUCHO POR HACER
El trabajo sexual femenino, incluyendo la explotación sexual comercial de personas menores de edad, ocurre en toda la República Dominicana, pero es más frecuente en la capital (Santo Domingo), Santiago de los Caballeros y zonas turísticas como Puerto Plata, La Altagracia y La Romana, en el norte y este del país.
De manera conservadora, se estima que el número de trabajadoras sexuales en Dominicana asciende a unas 72 mil mujeres, de las cuales cerca del 60 por ciento trabajan por cuenta propia en calles, parques y playas, en tanto el otro 40 por ciento es asalariada, como parte de establecimientos de sexo comercial.
Estos incluyen bares, discotecas, burdeles, casas de citas, casas de masaje erótico, licorerías y lavaderos automatizados de autos, según una investigación del COIN de 2005.
En Dominicana existe entre un 33 y 35 por ciento de desempleo en el sector femenino, lo cual demuestra que en el país hay discriminación contra las mujeres trabajadoras.
Gabriel del Río Doñé, secretario General de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), calificó de preocupante esa situación y llamó a los sectores productivos nacionales a tratar de reducir dicha cifra.
Esa exclusión se hace de manera permanente, ya que el Código Laboral discrimina a la mujer trabajadora del hogar con sus prestaciones, subrayó Del Río, después de un seminario sobre esa práctica, organizado por diferentes organismos sindicales del país en marzo de 2012.