Hay algo que nos dice que los gobiernos deben cumplir con la ley en todo momento. No obstante, las ocurrencias diarias de nuestros gobernantes, desde la Habana hasta Puerto España, o desde Madrid hasta Buenos Aires, nos permiten ver como en los límites de la legalidad los estados transitan continuamente, y en muchas ocasiones se exceden. Es decir, son los mismos estados que trasgreden en muchas ocasiones la propia ley. Esto nos lleva a la difícil situación de cuestionar la impunidad de las personas de la sociedad civil, pero hacer lo propio con el estado.
Esta situación se relaciona con la crisis que atraviesan varios políticos del municipio de Guaynabo, en Puerto Rico, quienes participaron recientemente en un escandalo de elecciones (primarias de un partido político) y han sido fuertemente criticados por una comisión especial que se constituyó para evaluar si violentaron la ley. En dicho informe que salió a relucir se indica que sobre 35 policías municipales investigados, han violentado la ley al participar en un esquema fraudulento de cambios de direcciones ficticias para provocar un fraude. Esta situación ha sido ahora referida al Departamento de Justicia, a la Comisión de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y a otras agencias concernidas.
Lo cierto es que lo que está en juego es controlar la impunidad de los gobernantes. Permitir la misma, es continuar facilitando un proceso de deterioro profundo en el cual participan tanto personas que violentan la ley dentro de la sociedad civil, como a su vez lo hacen en el presente, los funcionarios públicos.
Permitir que estas prácticas de violentar la ley, por parte de los funcionarios públicos continúen, es permitir vivir en la injusticia en nuestra sociedad democrática. Peor aún, es permitir que profundice un deterioro social que nos llevan a la ingobernabilidad. En este todos somos responsables si no hacemos algo.