Argentina 40 años luego el golpe cívico-militar: entra Macri, Obama, la deuda y la represión

Las imágenes son elocuentes, sobre todo por su contraste. El jueves 24 de marzo pasado se cumplieron cuarenta años del comienzo de la última dictadura cívico militar argentina y, mientras marchas multitudinarias se sucedían en varias ciudades del país, Mauricio Macri viajaba rumbo a la apartada villa de Bariloche en compañía del presidente norteamericano Barack Obama. Ninguna de las dos administraciones ignora que la fecha elegida para la visita del saliente mandatario estadounidense es, cuanto menos, antipática: han sido los Estados Unidos los financistas y promotores del Plan Cóndor, que en las décadas del ’70 y ‘80 buscó eliminar opositores políticos en todo el cono sur latinoamericano. Obama pidió tenue perdón por aquel papel y prometió abrir los archivos de los servicios de inteligencia, lo que deberá verificarse con el tiempo.

Pero son bastante anteriores los gestos, acciones y definiciones del nuevo oficialismo nacional los que hacen temer por una agenda de derechos humanos que por más de una década fue elogiada en el mundo y que llevó a la Justicia argentina a acusar incluso a responsables de masacres franquistas, mientras en el resto de los países ni siquiera se llegaba a juzgar a los represores locales. En la década anterior, las administraciones lideradas por Néstor Kirchner (2003- 07) y Cristina Fernández (2007- 15) convirtieron a los organismos de derechos humanos en interlocutores principales del Estado, promovieron la reapertura de causas por delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura y propusieron como procuradora general de la Nación a Alejandra Gils Carbó, quien creó una Procuraduría de Violencia Institucional con que el Estado se vigilaba a sí mismo por los abusos de autoridad sobre los presos de las penitenciarías y los menores de los orfanatos y los barrios pobres.

Las primeras medidas y definiciones de Macri y sus funcionarios parecen ir en sentido opuesto a todo ello y confirmar, en cambio, la procedencia del nuevo presidente: como cuenta en su libro El Pibe la periodista Gabriela Cerruti, que fue legisladora de la ciudad de Buenos Aires mientras Macri era su alcalde, el nuevo primer mandatario argentino dio sus pasos iniciales en la política en la neoliberal década de los ’90 de la mano del empresario Vicente Massot, que poco antes había tenido que renunciar a su cargo de viceministro de Defensa de Carlos Menem, cuando se conocieron declaraciones suyas avalando la tortura.

Desde 2012, la Justicia argentina sigue contra Massot una causa por crímenes de lesa humanidad en que se investiga su responsabilidad en los secuestros de dos obreros gráficos y delegados sindicales de su diario, el ultraderechista La Nueva Provincia de Bahía Blanca, y los aportes del matutino en operaciones psicológicas y de propaganda negra para presentar a las masacres de la última dictadura argentina como enfrentamientos y a las víctimas como delincuentes. En uno de los últimos movimientos del expediente, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia presentaron pruebas sobre la conexión de Massot con el espía chileno Enrique Arancibia Clavel, de amplia fama en el cono sur. Tan pronto como asumió el gobierno, el partido liderado por Macri colocó como presidente de su bloque en la Cámara de Diputados a Nicolás Massot, sobrino del empresario acusado por delitos de lesa humanidad. Sus primeras declaraciones públicas tuvieron como foco a la procuradora Gils Carbó, de quien dependen los fiscales que acusan a su tío y a la que buscó desplazar.

Massot no es el único contacto de Macri con la última dictadura. El libro de Cerruti también indaga en los comienzos de sus empresas familiares en la Argentina, hallando entre los nombres que ayudaron al surgimiento del grupo los del líder de la organización criminal de ultraderecha Triple A José López Rega y el dictador Emilio Massera, que fueron presentados a Franco Macri a través del recientemente fallecido Licio Gelli y facilitaron el acceso a los presupuestos de obras públicas que enriquecieron a la familia. Tres días después del balotaje presidencial, el 25 de noviembre, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a prisión perpetua por crímenes de la dictadura al vicealmirante retirado Eduardo Fracassi, uno de los primeros en abrir las puertas del Estado al grupo empresario liderado entonces por el padre del actual presidente. El tribunal dispuso, además, que La Nueva Provincia de los Massot deberá rectificar en sus páginas la información errónea que dio entre 1976 y 1977 sobre las víctimas de las masacres, en el marco de lo que los jueces llamaron una “comprobada campaña de desinformación y propaganda negra”.

Se comprende por qué el nuevo oficialismo prohibió a los locutores de la radio estatal mencionar por tal a la dictadura cívico militar, mientras el ministro de Justicia ensayaba curiosas metáforas para reforzar y justificar el vaciamiento de las áreas estatales que permitieron la realización de los juicios en que fueron condenados más de quinientos represores militares y civiles de la última dictadura argentina.

Una cita frustrada

Las contradicciones entre el discurso proselitista previo a las elecciones y la realidad de gobierno aplicada desde el momento mismo de la asunción estallaron en el primer plenario del Consejo Federal de Derechos Humanos de la era macrista, que tuvo lugar veinte días antes del cuadragésimo aniversario del golpe de Estado, y tanto su contexto como sus conclusiones son ilustrativos de algunos de los puntos centrales que los organismos de derechos humanos, buena parte de la sociedad y hasta la comunidad internacional reclaman al presidente Macri.

El Consejo reúne a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a las de todas las provincias, doce de las cuales expusieron reclamos al gobierno central, que se negó a incluirlos en el documento final del plenario pese a que la moción era mayoritaria. Por ello, las autoridades de los estados provinciales rebeldes confeccionaron uno en disidencia, donde focalizaron sus reclamos en tres puntos.

Uno de ellos tiene que ver con la situación de Milagro Sala, que en Jujuy dirige la organización popular Tupac Amaru y desde enero último se encuentra encarcelada por orden de la Justicia provincial y a instancias del gobernador radical Gerardo Morales, un aliado de Macri. La detención de Sala persiste hasta ahora, pese a que se la encarceló por un supuesto delito y se la mantiene encerrada por otro, sin respetar proporciones de excarcelación ni los fueros que tiene como parlamentaria electa del Parlasur, el parlamento sudamericano que debió efectuar su primera sesión sin ella. Por esas razones, el fiscal Palazzani dictaminó que Sala se encuentra ilegalmente privada de la libertad. La figura retrotrae a otras épocas y, junto a los masivos despidos en la órbita estatal, ha sido leída como un intento de intimidar y disciplinar a los movimientos sociales y sindicales ante el plan de ajuste económico programado por Macri.

El segundo de los puntos consignados por las doce provincias disidentes refiere precisamente a ello: reclamaron por el cese de los despidos entre los trabajadores estatales, que se continuaron efectuando por centenas hasta el cierre de esta nota. Las cesantías se producen, como enfatizaron las provincias firmantes, sin causa ni proceso administrativo y conducen a “graves consecuencias familiares y sociales”. La práctica arroja al desempleo a miles de personas y contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege al trabajador del despido arbitrario. Los funcionarios macristas se amparan en las formas y marcan que no se trata de despidos en sentido estricto, sino de la no renovación de contratos. La realidad, sin embargo, parece descubrir un trasfondo de persecución ideológica: mientras el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay anunció que buscarían eliminar del empleo público “la grasa de la militancia”, la nueva directora de Radio Nacional justificó el despido del prestigioso periodista Jorge Halperín con la frase “te revisamos el Twitter”.

Finalmente, el tercero de los puntos incluidos en el documento con que doce de las provincias argentinas marcaron sus disidencias involucra el rechazo al Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad que elaboró la ministra Patricia Bullrich para formalizar una respuesta estatal a la protesta social que, desde el 10 de diciembre, ya venía registrándose en distintos hechos y asumió la forma de balaceras de proyectiles de goma contra los trabajadores de una empresa vaciada y los niños de una murga barrial, además del intento de impedir la habitual marcha de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. La decisión de reprimir las manifestaciones va en oposición a los derechos constitucionales de protesta y petición a las autoridades. Ello sintoniza con el pensamiento de los juristas que el gobierno de Macri eligió para completar vacantes en la Corte Suprema, esquivando el acuerdo del Senado que para ello exige la Constitución.

Los tres puntos reseñados podrían haber sido incluso más, de acuerdo a las declaraciones del ministro de Justicia Germán Garavano que trascendieron luego. El funcionario se manifestó por una política que sea “no tanto de lesa humanidad y más de otros derechos”, lo que supone un desconocimiento de todo lo hecho hasta 2015 en materia de inclusión por la cartera, e indicó que los organismos de derechos humanos deberían tener menor presencia en el rumbo del área. La analogía de ocasión fue con la injerencia que no deben tener las empresas en la decisión de las políticas económicas del país. Una comparación poco feliz: ni la lucha por los derechos humanos es comparable a los intereses creados del mercado, ni las grandes firmas se privaron de colocar como funcionarios del actual gobierno a sus CEOs.

Las objeciones planteadas por las doce provincias disidentes tienen un eje común: si algo confirmó la última dictadura argentina, de cuyo inicio acaban de cumplirse cuarenta años, es que la represión política se vuelve una necesidad de los programas económicos regresivos, como indicó Rodolfo Wash en el temprano marzo de 1977. El capricho de los calendarios hace que los despidos injustificados, el achique del Estado y sus prestaciones, la descomunal alza de precios y tarifas y el nuevo y espectacular endeudamiento que el gobierno propuso y el Congreso aprobó se combinen con la represión política, la persecución ideológica y el encarcelamiento arbitrario para un oscuro homenaje a los militares que hace cuatro décadas implantaron el terror en las calles argentinas.