La marcha que se convocó a modo de protesta y en el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación que se establece en la Constitución de Puerto Rico, se convocó para protestar por la eliminación de derecho adquiridos a los trabajadores, contra los recortes masivos a la Universidad de Puerto Rico, que resultarían en su casi eliminación como la conocemos hoy día y contra el recorte a las pensiones de los pensionados. Todas estas medidas de austeridad que empobrecerían aun más a nuestro pueblo se toman por una Junta de Control Fiscal no electa por nuestro pueblo y en el ejercicio de poderes omnímodos que le permite nuestra condición colonial.
La asistencia a la marcha fue una de las mas grandes que se haya constituido en muchos años, siendo decenas de miles las personas que se manifestaron de manera pacifica y creativa, por las calles de nuestro pueblo. Esa protesta generó que algunas personas, identificadas o no identificadas, de manera misteriosa y aun sin que esté totalmente claro su origen y a quien responden, realizaran actos que el estado califica de criminales. El gobernador y su equipo de seguridad, iniciaron arrestos y expresiones que van encaminadas a afectar la independencia judicial y en general, el debido proceso de ley procesal y sustantivo de los arrestados. Varias personas e instituciones ya han censurado esas presiones indebidas contra los jueces. El deber de probar delitos es del Estado vía su rama ejecutiva. Los jueces están para actuar conforme a la prueba y no a presiones políticas y estructuradas de las demás ramas de gobierno. Nuestro Comité expresa su solidaridad con los arrestados y su derecho a que se les brinde todas las garantías que establece la Constitución que el gobierno colonial dice respetar.
Los familiares y los propios imputados saben que la mayoría del pueblo comprende que sus reclamos son justos y en defensa de los derecho sociales y constitucionales del pueblo. Algunos difieren de los métodos que se utilizan para la expresión y dramatización de esos reclamos, sin embargo, a los imputados les asisten los mismos derechos, especialmente la presunción de inocencia, que incluso varios de los funcionarios públicos que solicitan mano dura, han invocado en el pasado cuando ellos o sus amigos han sido acusados.
Para los estudiantes y trabajadores que han dado la lucha por defender los intereses de nuestro pueblo, nuestra solidaridad y apoyo en Todo lo que legítimamente podamos servirles. Al Estado Federal que nos gobierna y a sus súbditos en Puerto Rico, nuestra invocación de que se respeten plenamente los derechos constitucionales que se alega que cobijan a nuestros compatriotas. El pueblo se dará cuenta quien protege sus intereses y quien lo simula bajo el disfraz de la ley y el orden.
Dada en San Juan Puerto Rico
Hoy 4 de mayo de 2017
CDHPR