En México existe una grave crisis de derechos humanos que el nuevo gobierno tiene que enfrentar. Human Rights ha informado que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, iniciado en el 2012, los miembros de seguridad han estado involucrados en acciones violentas y represivas, lo que incluye desapariciones y tortura.
Por otra parte, la lucha que han llevado los pueblos indígenas por sus territorios ha costado la muerte de varios defensores de derechos humanos. A pesar de ello el pueblo de los Wisárika, conocidos como huicholes y ubicados en parte de Zacatecas y de San Luis de Potosí, entre otros grupos, se enfrenta a los grandes poderes de la minería y sus propulsores. Estos pretenden explotar lo que los indígenas consideran como zona sagrada. A ello respondieron con una demanda denunciando la afrenta a los derechos humanos y colectivos.
Ya en el 2017 desconocidos asesinaron a los hermanos Vázquez Torres, quienes eran defensores territoriales, promotores de derechos humanos e integrantes del Consejo Regional Wixárika. En 2018 mataron a Margarito Díaz, quien era el presidente del Consejo de Vigilancia de la Unión Wixárika. Estas muertes siguen irresueltas.
Manuel López Obrador, quien preside México desde el 2018 y quien fuera en el 1977 director del Instituto Indigenista de Tabasco, tiene un gran desafío ante los atropellos de las grandes compañías que pretenden explotar las tierras de los pueblos originarios y los reclamos de estos últimos que exigen no solo el respeto a ellas sino a su cultura, costumbres y tradiciones religiosas. En la era de la globalización estos pueblos son los más comprometidos con las luchas ambientales en una época en la que el cambio climático nos afecta a todos.