Neoliberalismo criollo, viviendo el fascismo social…
A finales del año 2009, se publicó en Estados Unidos la segunda edición de unos de los libros clásicos de la criminología crítica: Prison of Poverty de Loïc Wacquant.
En el mismo, el académico francés residente en California, explica como el pensamiento conservador y neoliberal imperante en Estados Unidos utiliza el sistema de justicia criminal para disciplinar y controlar las poblaciones excedentes que se producen como resultado de las políticas económicas excluyentes que estos mismos neoliberales y conservadores imponen.
El libro detalla cómo estos grupos neoliberales y conservadores vinculan la criminalidad a los sectores sub-proletarios de la sociedad, así como a cualquier otro sector que se proyecte diferente y que sirva para generar miedo en la llamada clase medias.
La idea según Wacquant es que esos que se ven a sí mismos como clase media, endosen electoralmente las posturas conservadoras de las clases dominantes, y permitan recortar derechos a la población en general mientras se le garantiza el libre espacio de movimiento al capital.
De esta manera, esa llamada clase media que en Puerto Rico realmente está compuesta por trabajadores pobres cuyos ingresos son de subsistencias en el mejor de los casos, construye a tanto los subproletarios como o a los demás grupos vistos como diferentes, como los culpables de los problemas sociales y de exclusión que en realidad son causado por las políticas económicas de los propios sectores poderosos económicamente.
El resultado es que cualquier grupo que no corresponda o se someta a la definición del poder, es decir que no sea o se comporte como decida el blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano será etiquetado como peligroso, desviado, delincuente o criminal, por lo que debe ser controlado, reprimido o encarcelado so color de preservar ‘la ley y el orden”.
Para estos neoliberales conservadores, en nombre de “la ley y el orden” todo es válido sin importar derechos o justicia.
Es desde este contexto que la aprobación sin mucha oposición pública del un nuevo Código Penal que criminaliza la libertad de expresión en Puerto Rico, impone penas absurdamente severas, así como la intención de que el pueblo renuncie a derechos constitucionales como el de la fianza, hacen sentido.
Durante los pasados años, los políticos al servicio de esta agenda neoliberal y conservadora fueron creando las condiciones para que la ciudadanía, movida por el miedo, apoyara su proyecto social de represión ciudadana y libertinaje económico.
Instituyendo un estado de acepción basado en el tamaño del gobierno, en la crisis económica y la violencia social, estos aspirantes a neo-conservadores estadounidense que administran la Isla imponen su agenda, criminalizando o desacreditando como amigo de los criminales a todo el que se les oponga.
Por supuesto, parte esencial de este proceso, es el controlar el poder judicial, cosa que la administración de turno logro mediante al aumento de integrantes en el Tribunal Supremo en la Isla.
El sistema resultante de este proceso es uno que el portugués Boaventura de Sousa Santos llama “fascismo social”.
Es decir, una nueva versión del fascismo que no se basa en un régimen político que alcanza el poder mediante la fuerza bruta como lo hizo el fascismo tradicional en las décadas del 1920 y 30.
En cambio, el fascismo social se apoya en un control social y económico de las instituciones nacionales, las que poco a poco van cediendo y sometiéndose “voluntariamente” a la ideología de darle rienda suelta al capital en espera de que este sea el que construya una mejor sociedad.
Es decir un sistema donde “la ley y el orden”, que se mencionó antes, estén al servicio del capital y no de los seres humanos.
Para Boaventura de Sousa Santos, este nuevo fascismo se puede dar en tres modalidades, todas presentes en el Puerto Rico del siglo XXI: “fascismo del apartheid social”, “fascismo contractual” y “fascismo de la inseguridad”.
En Puerto Rico, las urbanizaciones cerradas, los Códigos de Orden Público, la privatización temporera o permanente de los espacios públicos, la imposición de códigos de vestimenta o la prohibición de actividades legítimas como usar patines o bicicletas en los parques, así como el tocar música en las plazas públicas o protestar en lugares públicos sin permiso, son ejemplos de ese “fascismo del apartheid social”, donde el espacio físico se divide mediante reglamentación que reserva unas áreas para la gente de bien y otras para los salvajes sociales.
De igual forma vemos presente el “fascismo contractual”, es decir cuando las relaciones de explotación se validan mediante contratos civiles que los débiles tienes que aceptar por falta de capacidad para enfrentarlos legalmente; el mismo también está presente en las nuevas leyes que flexibilizan las relaciones obrero-patronales a favor de los últimos, ilegalizan las protestas no coordinadas y las que restringen el legítimo derecho a la huelga, confinando las mismas a espacios y horarios “que no perturben el orden”.
Finalmente el “fascismo de la inseguridad”, que en Puerto Rico inspira el nuevo Código Penal, y el intento de reducirle el derecho absoluto a la fianza, se produce manipulando el temor que las clases vulnerables, entiéndase como ya se explicó la clase media. En lo que claramente es una relación paternalista, la clase media temerosas de la violencia y criminalidad que aparenta arropar el país ceden sus espacios, garantías y derechos a cambio de falsa sensación de “seguridad” y de “la protección” que prometen los poderosos.
Aun cuando la presente administración ha sido más burda y honesta en la instauración de este “fascismo social”, no es menos cierto que en mayor o menor grado desde la década del 1980, los administradores anteriores también sirvieron de herramienta a esta ideología capitalista.
Más triste aún, si como se perfila la próxima administración colonial en Puerto Rico estará dirigida por uno de los candidatos de los dos partidos tradicionales, el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático, al pueblo le esperan por lo menos cuatro años más de reafirmación de este fascismo social.
Eso quiere decir que, de ser ciertas estas observaciones, los próximos cuatro años serán uno de mayor represión social, de más recortes económicos y a los derechos de la población en nombre de las necesidades de seguridad al capital.
En resumen, que no importa quién de estos dos sea el próximo administrador colonial, parece que la Isla seguirá está condenada, con el apoyo electoral, al aumento de la exclusión social tanto para de los y las pobres, como para los sectores sub-proletarios y para todos y todas que exijan espacios para expresar sus visiones culturales.
Téngase claro que si aumenta la exclusión, de seguro aumentará la violencia y la criminalidad que azota al país, lo que aumentará a su vez la represión estatal generando así un espiral de violencia cuyo costo lo pagaran en sangre los más pobres.
Espero equivocarme.