A lo largo del pasado siglo, el principal componente militar estadounidense en Puerto Rico fue la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Fue ésta la principal responsable de mantener fuertemente adheridas sus amarras a nuestro país de manera tal que cualquier modificación en la forma de gobernanza de Puerto Rico, no le permitiera a nuestro pueblo salir de la subordinación política que se ejercía por medio de la Cláusula Territorial de la Constitución federal
El último Contraalmirante designado por la Marina de Guerra a Puerto Rico se llamó Kevin Green. Llegó a Puerto Rico para hacerse cargo del complejo de instalaciones navales una vez se trasladó a Puerto Rico la jefatura naval del Comando Sur donde, desde la Estación Naval de Roosevelt Roads, se controlaban los polígonos de tiro, bombardeo y ejercicios de la Infantería de Marina en torno a Vieques, como también los polígonos de guerra electrónica y submarina y los polígonos de tiro externos Norte y Sur para el seguimiento y dirección de los ejercicios de los buques, submarinos y aviación naval de la Marina de Guerra de Estados Unidos, de la OTAN y de países aliados de Estados Unidos en la región. El complejo era utilizado por la Segunda Flota de los Estados Unidos con base en Norfolk, Virginia, como lugar de entrenamiento en ejercicios intermedios y finales de los “Grupos de Combate” de los portaviones estadounidenses (denominados COMPTUEX y JTFEX), de las fuerzas navales de la OTAN y otros aliados de los Estados Unidos en ejercicios como el denominado “UNITAS”, en lo que se conocía como el “Atlantic Fleet Weapons Training Facility (AFWTF)”.
Fue la inteligencia naval uno de los principales resortes en Puerto Rico en la persecución del independentismo y en las ataduras coloniales con Estados Unidos. Con el cierre de la Estación Naval de Roosevelt Roads y los polígonos que operaban en Vieques quizás con la excepción del polígono de guerra electrónica, las instalaciones de Monte Pirata en Vieques, el transmisor del Radar Relocalizable Más Allá de Horizonte en Vieques (ROTHER), y las instalaciones de Punta del Este en El Yunque quedó minimizado el papel de la Marina de Guerra en Puerto Rico. Otra importante instalación que fue cerrada fue la Estación Naval de Sábana Seca en Toa Baja.
No justificándose ante tales cierres la designación de un Contraalmirante en Puerto Rico, Kevin Green se marchó y lo relacionado con lo que eran las operaciones de la Marina de Guerra en Puerto Rico, pasaron a ser desempeñadas, desde Estados Unidos continentales, por la Segunda Flota desde Norfolk, Virgina, y las operaciones del la Cuarta Flota, la flota del Comando Sur, desde sus cuarteles generales en Florida.
En días recientes se nos anuncia la nueva designación de un Contraalmirante para Puerto Rico, esta vez, uno que prestó sus servicios en el Séptimo Distrito para la Guardia Costanera de Estados Unidos. Este Distrito está a cargo de la región Sudeste de los Estados Unidos y del Caribe, que incluye a Puerto Rico. Previamente Brown fungió como “Comandante Adjunto para Respuestas Políticas” (“Assistant Commandant for Response Policy”) en los Cuarteles Generales de la Guardia Costanera. Esta dependencia, que antes de los sucesos del 11 de septiembre formaba parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, pasó de ser parte del llamado Departamento de Seguridad Interna (“Homeland Security Agency”) tras la aprobación de la Ley USA PATRIOT. De acuerdo con la descripción de su carrera como oficial naval hecha en los medios de prensa, Brown ha dedicado gran parte de su desempeño a trabajar en acciones de interdicción y la participación de la Isla en el tráfico de drogas.
Esta vez, el Contralmirante no tiene la designación de una estación naval a su cargo, ni de una estructura propiamente militar, como ocurre por ejemplo, en el caso de la Reserva Ejército, con la creación del “Comando Regional del Caribe” creado a finales del año 2018 y con sede en el Fuerte Buchanan, localizado en el Área Metropolitana de San Juan.
El Contraalmirante Peter J. Brown ha sido designado como “Puerto Rico Federal Reconstruction Coordinator”; es decir, a pesar de que la Comisionada Residente Jeniffer González indique lo contrario, será una especie de “supra síndico” para el país. Este funcionario se suma a la designación previa de un integrante de la inteligencia naval destacado en Puerto Rico, el Capitán de Navío Elmer Román, antes como Secretario del Departamento de Seguridad Pública y ahora, bajo el actual gobierno, como Secretario de Estado; al nuevo Secretario del Departamento de Seguridad Pública, el ex Director del la DEA en Puerto Rico, Pedro Janer; a la Lcda. Denisse N. Longo Quiñones, fiscal federal auxiliar, designada como Secretaria de Justicia de Puerto Rico; y del general de brigada retirado, José Burgos, como Director de la Oficina de Manejo de Emergencias de Puerto Rico.
El Contraalmirante Brown no es una persona ajena a asuntos relacionados con la seguridad de Estados Unidos. Recordemos que se trata de una persona que fungió como asesor del presidente Donald Trump en asuntos de seguridad y contraterrorismo
A los antes mencionados funcionarios, podemos añadir la designación de síndicos federales tales como Robert Couch en el Departamento de la Vivienda federal (Housing and Urban Development), quien monitoreará la asignación de $20 billones en “Community Development Block Grant for Disaster Recovery Programs (CDBG-DR); en el Departamento de Educación y propiamente en la Policía de Puerto Rico; todo ello bajo el cuestionamiento de la transparencia del gobierno de Puerto Rico en el manejo de fondos federales como ocurrió con la Autoridad de Energía Eléctrica tras el paso de los huracanes Irma y María; o el caso de la ex Secretaria de Educación, Julia Keleher; o de la ex Directora de AMSCA, Ángela Ávila. A todo lo antes indicado se suma desde su designación, la llamada “Junta de Supervisión (Control) Fiscal”, creada en virtud de la Ley PROMESA de 2016 y los procedimientos que en los pasados años se siguen ante la Corte Federal al amparo de dicha Ley en los casos de quiebra del Gobierno de Puerto Rico y varias de sus corporaciones e instrumentalidades públicas.
Esta pequeña muestra, deja claro, junto a otras medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico, que enfrentamos la imposición de una sindicatura total al país por parte de los Estados Unidos. En ella se ha despojado al propio gobierno colonial de Puerto Rico de las pocas competencias locales conferidas, aún bajo el control de Estados Unidos en 1952, ello al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado y de las ramas políticas establecidas bajo la misma.
Mientras el PNP aplaude este proceso como uno que contribuye al enterramiento del ELA como modelo político; es decir, como el modelo colonial existente desde 1952; de otro lado, también lo celebra porque ve en él la intervención del gobierno federal en la organización del territorio, como antesala a una petición de incorporación territorial que sirva como antesala a una petición formal de estadidad. Por eso la insistencia de la Comisionada Residente en que se nombren funcionarios como el Contraalmirante que terminan sobreponiéndose al gobierno de Puerto Rico en el manejo de fondos federales, en la supervisión del uso de los fondos por la agencias del gobierno de Puerto Rico y por entregar todo lo relacionado con el aparato de seguridad en Puerto Rico a la dirección del gobierno de Estados Unidos.
De hecho, otro de los pasos tomados recientemente por la Gobernadora como parte de esa administración del Partido Nuevo Progresista, es la Orden Ejecutiva número OE-2020-004. Firmada por ésta el pasado 11 de enero de 2020 autoriza la creación de un “Cuerpo de Oficiales de Paz” (“Peace Officers” por su nombre en inglés), a ser nombrados por el Secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico de entre funcionarios del orden público federales, para que brinden asistencia a funcionarios del orden público de Puerto Rico. La Orden Ejecutiva les da a los “Oficiales de Paz” la “facultad en ley para efectuar arrestos y desempeñar todas las funciones inherentes a su cargo por infracciones de leyes estatales, bajo los mismos términos y condiciones aplicables a los agentes del orden público estatales.” Con esta medida, se federaliza las funciones de vigilancia y orden público delegadas a la Policía de Puerto Rico colocando las violaciones a leyes de Puerto Rico, incluyendo nuestro Código Penal e incluso leyes como la Ley de Tránsito, en manos de agentes del gobierno federal.
La tendencia que lleva el presente gobierno, independientemente a lo que disponga la Constitución vigente y las leyes aprobadas, es forzar también en el plano de la gobernanza, la federalización del territorio como parte de su agenda anexionista. Tales acciones merecen el repudio de quienes, más allá de su preferencia político partidista o la no participación del proceso electoral, repudiemos la manera en que desde las estructuras del poder político colonial, se pretenda continuar forzando un proceso de anexión en Puerto Rico.