Tres eventos relacionados con las acciones encubiertas contra la República Bolivariana de Venezuela han sido neutralizados por integrantes de la unión cívico-militar que respalda al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros.
El primero de ellos, consiste en un desembarco anfibio de un grupo de contrarrevolucionarios provenientes de Colombia en el pueblo costanero venezolano de Macuto, estado de La Guaira. Fue en el vecino país donde estos contrarrevolucionarios recibieron su entrenamiento y armamento para las acciones armadas contra Venezuela. Bajo el mando del ex capitán de la Guardia Nacional Robert Colina, apodado “Pantera”, el grupo mercenario fue interceptado y batido, arrojando el combate como resultado la muerte de 8 mercenarios, incluyendo su jefe. Otros dos mercenarios fueron capturados en las inmediaciones de la zona donde se desarrollaron los combates. Se indica por otras fuentes otros número de contrarrevolucionarios capturados tras esta acción, aunque los datos resultan confusos. El número varía según la fuente. Por ejemplo, la página electrónica de Al Jazeera informó inicialmente de 114 detenidos, mientras más adelante añaden otros 92.
Un segundo operativo militar contrarrevolucionario, denominado “Operación Gedeón”, fue llevado a cabo durante los días 3 y 4 de mayo en las cercanías del poblado de Chuau, estado de Aragua. Se indica que de haber prosperado el intento, Chuau hubiera ofrecido a los mercenarios condiciones acceder a las ciudades de Turmero y Maracay, desde donde hubieran podido desplazarse a la sede de la 4ta. División BIindada de la Fuerza Armada Bolivariana y su cuartel general. En este atentado fueron capturados dos estadounidenses, Airam Berry y Luke Alexander Denman, ambos vinculados en el pasado a fuerzas especiales de Estados Unidos y con experiencia de combate.
De acuerdo con la página electrónica BBC News, Denman de 34 años es un ex “boina verde”, uno de los distintos equipos de fuerzas especiales con los cuales cuenta Estados Unidos. Fue contratado para entrenar a venezolanos en Colombia. Tras su ingreso a territorio venezolano se proponían tomar control de un aeropuerto que permitiera, tras la captura del presidente Maduro, sacarlo del país por vía aérea. Por su parte Berry, de 41 años, también fue un “boina verde”. Ambos participaron de operaciones militares en Iraq y probablemente en Afganistán, donde recibieron distintas condecoraciones por su desempeño en combate.
Se indica que estos dos ex “boinas verdes” se encuentran vinculados con una empresa domiciliada en Estados Unidos de nombre “Silvercorp USA,” creada en el estado de Florida en 2018, y que opera otro ex “boina verde” de nombre Jordan Goudreau. Este último, nacido en Canadá, también se distinguió durante 15 años de servicio militar en distintos escenarios de combate en los países antes mencionados, particularmente durante los años 2006 y 2014. Fue condecorado en cuatro ocasiones con la Estrella de Bronce. Esta corporación, que se indica opera en 50 países, se dedica a la prestación de diversos servicios entre ellos, proveer asistencia a víctimas de secuestro y extorción, apoyo en aspectos de seguridad a exdiplomáticos y jefes de empresas multinacionales, tareas de inteligencia en la industria y funciones de interdicción.
Por su parte, el periodista venezolano Rafael Fuenmayor comparte información relacionada con los sargentos retirados Airan Berry, Luke Alexander Denman y Jordan Goudreau. Sobre el primero, indica que fue sargento de los “boinas verdes” entre junio de 1996 a octubre de 2013, y cuenta con tres movilizaciones hacia Iraq. El segundo fue sargento de estado mayor. Se desempeñó en comunicaciones entre los años 2001 y 2011 y luego, en la Reserva del Ejército hasta 2014. Prestó servicios en Iraq durante el año 2010. El tercero, sargento de primera clase, sirvió como médico sargento en un equipo de fuerzas especiales, habiendo participado de cuatro movilizaciones a Iraq y Afganistán entre los años 2001 y 2016.
Se menciona también a otro de los capturados como una persona vinculada con la Agencia Federal de Drogas, conocida por sus siglas en inglés como DEA; y otros desertores de la Guardia Nacional Bolivariana, entre los que se encuentra el excapitán Antonio Sequea Torres y su hermano, el ex mayor general Juvenal Sequea Torres.
A Jordan Goudreau se le vincula como la “parte contratante” de estos mercenarios y coordinador de la operación militar. Juan Guaidó, auto titulado presidente de encargo en Venezuela, también figura participando en la planificación de la operación. Se menciona la asignación de una cantidad extraordinaria de dinero para el financiamiento de esta operación, esto sin contar, de haber capturado al presidente y vicepresidente venezolanos, de la recompensa de $15 y $10 millones ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos.
La identidad de los mercenarios estadounidenses capturados fue establecida a través de la evidencia ocupada por las autoridades venezolanas. Sobre ellos, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, si bien de un lado ha negado la participación de su gobierno en las operaciones; de otro lado, ha indicado que se hará todo lo que tenga a su alcance para devolver a su país a estos mercenarios.
El capitán Antonio Sequea Torres estuvo vinculado con el intento de Golpe de Estado en Venezuela durante el mes de abril de 2019. Su hermano Juvenal habría confesado que la operación militar llevada a cabo contra Venezuela fue apoyada por el gobierno colombiano y el de Estados Unidos. El gobierno de Venezuela, a través de declaraciones emitidas por altos funcionarios de su gobierno, reafirma la vinculación de Estados Unidos con estos actos. También ha hecho público grabaciones de expresiones hechas por los capturados comprometiendo a Guaidó en la operación y mostrando prueba fotográfica del armamento y material de combate incautado.
Una tercera operación fue igualmente neutralizada. En esta la Fuerza Armada Bolivariana logró capturar otros cuatro contrarrevolucionarios.
En todo el país se ha implantado el “Sistema Defensivo Territorial” para asegurar la defensa de la soberanía nacional de Venezuela. A este mecanismo se suman los organismos de seguridad del Estado, las milicias bolivarianas y las organizaciones populares en general.
El pretendido presidente Juan Guaidó ha negado su participación en este esquema y su vinculación personal con Jordan Goudreau, ello a pesar según se indica, que su firma figura impresa en el contrato con la empresa “Silvergroup”. El gobierno colombiano también ha negado su vinculación con estos intentos armados contrarrevolucionarios. Sin embargo, no debemos olvidar que no es la primera ocasión en que se vincula a Colombia con la contrarrevolución venezolana. Si para muestra un botón basta, recordemos el papel jugado por el presidente colombiano Iván Duque, junto con otros presidentes latinoamericanos de la derecha política y neoliberal, en el intento realizado en la frontera sur de Venezuela para allegar al país una alegada “ayuda humanitaria”, cuando todo ello formaba parte del montaje golpista contra el gobierno del presidente Maduro.
Podríamos también añadir la complicidad del gobierno de Colombia en la conspiración en la cual, mediante el uso de drones, se pretendió asesinar al presidente Maduro, familiares e integrantes de la Fuerza Armada Bolivariana en ocasión de la celebración de un desfile militar relacionado con motivo del aniversario de la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana.
A lo anterior se suman las gestiones de los integrantes del autodenominado “Grupo de Lima”, quienes también conspiran continuamente junto con la OEA solicitando se active el “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” (TIAR). Su propósito ha sido promover y respaldar la intervención militar extranjera, estando al frente de ésta el propio gobierno de Estados Unidos, para el derrocamiento del gobierno del presidente Maduro. Recordemos, además, los recientes sucesos de finales de marzo y comienzos de abril, donde el Procurador de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, anunció la radicación de 19 cargos criminales contra importantes figuras del gobierno venezolano, acusándolos de su vinculación con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
En el pliego de cargos se imputa a los acusados de ser parte de una organización narcoterrorista. Se señala como parte de la conspiración la participación del propio presidente Nicolás Maduro, del vicepresidente Diosdado Cabello y de Hugo Carvajal, anterior jefe de inteligencia militar; junto a otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano en el alegado narcotráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Como indicamos antes, en las acusaciones contra Maduro y Cabello se ofreció una recompensa de varios millones de dólares por información a quien ofreciera información que llevara a la captura de los principales dirigentes venezolanos. En la referida acusación, también se menciona el nombre del exgeneral y desertor de la Fuerza Armada Bolivariana, Clivel Alcalá, a quien se le vincula con la organización y entrenamiento en Colombia de desertores de la Fuerza Armada Bolivariana para llevar acciones militares contra Venezuela.
A estas acusaciones de narcotráfico, siguió el anuncio de un incremento por parte de Estados Unidos en ejercicios navales coordinados desde la Cuarta Flota, (del Comando Sur con sede en el estado de Florida); y Segunda Flota de Estados Unidos (con base en Norfolk, Virginia), en alegadas operaciones de interdicción con el propósito de incrementar la presión contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
Las acciones contra Venezuela, sin embargo, no se circunscriben a las antes indicadas. Durante los pasados años Estados Unidos, entre otras medidas, ha impuesto sobre Venezuela una política de aislamiento y bloqueo económico; la confiscación de sus activos físicos y financieros en dicho país y en el exterior; presiones y chantajes a distintos gobiernos en América Latina y Europa para que se sumen en los esfuerzos estadounidenses contra Venezuela; junto con la organización y promoción de acciones desestabilizadoras internas a cargo de sectores de oposición en el país. Todo ello se ha desarrollado dentro de la más feroz campaña de desinformación contra el gobierno venezolano y sus esfuerzos en la conducción del proceso revolucionario.
El gobierno de Estados Unidos aprovecha las carestías que este provoca en la economía venezolana para incitar a la población a la rebelión contra el gobierno del presidente Maduro. Cierto es que la conducción del proceso bolivariano, como todo proceso de cambio y transformación revolucionaria, no está exento de errores o desviaciones. Sin embargo, lo anterior no desmerece los esfuerzos que hace la Revolución Bolivariana para atender las asimetrías generadas tras tantos años de gobiernos neoliberales en el pasado, responsables en gran medida de parte de las insuficiencias materiales que hoy prevalecen en Venezuela.
Hace unas semanas nos expresábamos por escrito en torno a la situación existente en Venezuela haciendo el siguiente señalamiento:
“Cierto es que, como actos humanos y actores humanos, ningún proceso revolucionario ha estado inmune a errores o desviaciones en la implementación de sus transformadores. Sin embargo, también es cierto que los procesos sociales, cuando verdaderamente son revolucionarios, las críticas y evaluaciones permanentes en su desarrollo, siempre llevan a la superación de sus deficiencias.”
La República Bolivariana de Venezuela ha vivido un proceso revolucionario, primero bajo la inspiración y dirección del presidente Hugo Chávez Frías; y luego, continuado este con muchas dificultades, por su actual presidente, Nicolás Maduro Moros. Nadie niega, repito, que en el proceso de desarrollo de la Revolución Bolivariana se haya incurrido en fallas, deficiencias e insuficiencias. Sin embargo, como indicaba el Apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, al referirse a tres héroes del proceso independentista latinoamericano; tomando como ejemplo el sol, hablaba de sus manchas como también de la luz que del astro emana. Nos decía que los malagradecidos destacaban del sol sus manchas; los agradecidos destacaban su luz. Lo mismo podemos decir a la hora de pasar juicio sobre la Revolución Bolivariana en Venezuela.
Aún así, a pesar de los señalamientos negativos que puedan ser hechos al proceso revolucionario, lo cierto es que las dificultades mayores de Venezuela, no provienen de las insuficiencias o deficiencias de su proceso revolucionario, sino del sabotaje, intervención y bloqueo impuesto por Estados Unidos y los gobiernos neoliberales de la región. Si Venezuela no estuviera amenazada como en efecto ha estado desde el triunfo de Hugo Chávez, posiblemente gran parte del presupuesto que hasta hoy consume en la defensa del país, hubiera podido ser aprovechado para ampliar e intensificar los cambios radicales necesarios para impulsar y acelerar el proyecto de impulsar el socialismo del Siglo XXI; aquel que si bien aún no se materializa en la realidad cotidiana del proceso venezolano, es también aquel al cual aspira la Revolución Bolivariana.
Ciertamente, junto con la solidaridad hacia el pueblo venezolano, el “bravo pueblo que el yugo lanzó” según nos menciona su himno nacional, tiene que ir acompañada de la denuncia a la agresión imperialista de la cual es objeto el hermano país y la injerencia externa en sus asuntos.