Estando ya próximos a dos semanas desde el asesinato de George Floyd, no cesan en decenas de ciudades en Estados Unidos y a escala global las protestas sociales por tal acontecimiento.
En Estados Unidos, como ocurriera antes en otros países europeos y asiáticos, esta noción de la supremacía racial se asienta también en el menosprecio hacia las poblaciones más vulnerables. Para las nuevas generaciones de puertorriqueños, la escena captada por un teléfono móvil en la cual se registran los inacabables minutos de agonía durante los cuales un policía blanco de Minnesota, colocando su rodilla sobre el cuello de Floyd en presencia de otros policías ocasiona su muerte por asfixia, no es sino el recuerdo vivo de las penurias a las cuales ha enfrentado la población afrodescendiente en Estados Unidos por siglos. Los antecedentes a los abusos contra la población negra preceden la fundación de esa nación, y ciertamente, se incrementan durante y después de su Guerra Civil desarrollada durante el Siglo 19.
Para nuestra generación, por el contrario, las escenas vistas luego de la muerte de Floyd en distintas ciudades estadounidenses, donde la indignación por el asesinato se ha tornado en violentos enfrentamientos por parte de las llamadas fuerzas el orden público desatando su furia principalmente contra negros y otros ciudadanos en general, nos evocan otros sucesos como fueron los ocurridos entre el 11 y 17 de agosto de 1965 en Watts, Los Ángeles, California; o los ocurridos a raíz del asesinato de Rodney King en 1992.
El primer incidente ocurre en Watts, una zona en la ciudad de Los Ángeles cuya población es mayoritariamente negra. Allí reinaba entonces más de un 30% de desempleo entre la población adulta; dos terceras partes de la población no había completado la escuela secundaria; y una octava parte no sabía leer o escribir. El arresto de una persona negra por policías blancos provocó el incidente de protesta social al cual se sumaron finalmente otras zonas en incidentes de rebeldía que, luego de una semana de enfrentamientos entre la población con la Guardia Nacional y la Policía, 34 personas fallecieron, 23 de ellos muertos por la policía y la Guardia Nacional, junto a 1,032 heridos y entre 3,500 a 4,000 arrestados.
En 1992, también en Los Ángeles, la absolución por parte de un jurado casi compuesto por blancos, absolvió a cuatro policías también de la raza blanca, que figuraban en un video mientras estos propinaban una paliza al conductor negro de un taxi, de nombre Rodney King. Los sucesos desataron una vez más la indignación de la población mayormente negra e hispana entre los días 29 de abril y 4 de mayo. En los enfrentamientos fallecieron 54 personas, resultaron heridas más de 2,000 y cerca de 10,000 arrestadas. También en este caso, los sucesos tuvieron su origen en esta ciudad en un barrio denominado “South Los Ángeles”, una vecindad duramente golpeada por los efectos de la recesión económica de los años 1980 y el discrimen por parte de la policía hacia la población negra marginada. En estos sucesos, sin embargo, las diferencias entre etnias y minorías, en este caso la coreana y la hispana frente a la población negra, fueron también elementos que se sumaron a la cadena en el desarrollo de aquellos disturbios.
Se indica que en Estados Unidos, entre 1964 y 1968, hubo 239 motines a lo largo de 539 días los cuales arrojaron un saldo de 191 muertes, 7,942 heridos y 49,607 detenidos o arrestados. En todos ellos, la constante en sus causas fueron el racismo, la pobreza, el desempleo, el abuso policiaco y la actitud de parte de los organismos creados por el Estado para dirimir controversias y hacer justicia, como son los tribunales, actuando en beneficio de la población blanca. En Estados Unidos, en los pasados años han muerto en manos de la Policía más de un millar de ciudadanos estadounidenses negros. A pesar de que la población negra en Estados Unidos es aproximadamente el 13% de su población total, los confinados de la raza negra en sus cárceles representa aproximadamente el 25%.
El discurso supremacista blanco en Estados Unidos, lejos de haber sido reducido con el paso de los años, ha tenido un nuevo despunte a partir de la presidencia de Donald Trump. Desde entonces, se ha sumado y agudizado no solo en sus concepciones históricas tradicionales contra los negros, sino que ha incorporado en momentos, de manera más prominente, el discurso contra la población de origen hispano. Recordemos que parte de su campaña presidencial en 2016 ante el asunto migratorio, se basó en que construiría una muralla que dividiera a Estados Unidos en su frontera sur con México como solución al problema de la inmigración hispana hacia Estados Unidos. De hecho, en boca de Trump, el asunto migratorio adquirió niveles tales como vincularlo con el problema de la lucha antiterrorista.
De acuerdo con Davis S. Cloud y Mooley O’Toole, en artículo publicado el 28 de abril de 2019, indican que en su visión del manejo de la situación migratoria en Estados Unidos, ordenó la movilización el año anterior de 5,000 efectivos militares hacia la frontera para prestar funciones de interdicción, cuando sabemos que a quien competen esas funciones es a las autoridades civiles de ley y orden. En su empeño, a los fines de darle la vuelta a leyes que prohíben, salvo en determinadas circunstancias, el uso de tropas federales en asuntos de ley y orden público, como es el caso de la “Ley Posse Comitatus”, Trump colocó tales tropas bajo la supervisión de Aduanas y Protección Fronteriza.
La “Ley Posse Comitatus” es un estatuto aprobado el 18 de junio de 1878 (18 USC1385) durante el período de la Reconstrucción, luego del fin de la Guerra Civil que finalizó en 1865. La Ley prohíbe al personal militar federal y a las unidades de la Guardia Nacional, si estas se encuentran bajo mando federal, tener autoridad de ley y orden dentro de los Estados Unidos. Esta prohibición no opera en aquellos casos en que la Constitución o el Congreso mediante ley así lo autorice. La disposición en cuestión, como está redactada al presente, dispone de la siguiente manera:
“Whoever, except in cases and under circumstances expressly authorized by the Constitution or Act of Congress, willfully uses any part of the Army or the Air Force as posse comitatus or otherwise to execute the laws shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both.”
El término “posse comitatus” es una expression en latín que se interpreta en inglés como “power of the country”. En el pasado fue utilizada permitiendo que autoridades competentes en la administración de la justicia pudieran delegar en ciudadanos civiles funciones temporales de interdicción policiaca. Una versión más reciente del texto del siglo 19 fue dejada sin efecto en el año 2006 bajo la adminisración de George W. Bush. Sin embargo, en el año 2008, bajo la administración Obama, fue restaurada por el Congreso.
La “Ley Posse Comitatus” no aplica a la Guardia Nacional cuando esta es movilizada por el gobernador de un Estado o territorio.Tampoco aplica a la llamada “State Defense Forces”, que también se les conoce como “home guards”, que son civiles que prestán un servicio militar de varias semanas en el año pero no son unidades regulares de la Guardia Nacional. Por eso podemos entender el por qué de la participación de la Guardia Nacional de Puerto Rico en momentos en que fue movilizada por el gobernador Pedro Rosselló González como parte de su política de “mano dura”, durante la toma de residenciales públicos en el país. Sin embargo, esa misma Guardia Nacional si estuviera federalizada, como ha ocurrido tantas veces para enviar dicho personal a Afganistán o a Iraq, por mencionar dos casos, no podría durante el términoi que dure tal activación ser utilizada en labores de mantenimiento de ley y orden en Puerto Rico.
La Ley tampoco incluye a unidades de la Infantería de Marina o de la Marina de Guerra; sin embargo, estos estamentos militares han adoptado reglamentación interna en virtud de la cual no participan de labores de ley y orden, salvo en aquellas mismas circunstancias establecidas para el Ejército y la Fuerza Aérea contenidas en la “Ley Posse Comitatus”. En el caso de la Guardia Costanera, que en el pasado formó parte del Departamento del Comercio de Estados Unidos y hoy forma parte del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security Department), tampoco está sujeta a la limitación que impone la “Ley Posse Comitatus”.
Hay dos situaciones adicionales en las cuales la “Ley Posse Comitatus” tendría aplicación. La primera es que exceptúa de la prohibición al personal movilizado bajo situaciones en que se ponga en vigor por el gobierno de los Estados Unidos la “Insurrection Act”; es decir, situaciones donde surja una insurrección, una rebelión; una invasión o una emergencia pública que lo justifique, relacionada con el manejo de materiales nucleares, armas radioactivas o nucleares; o situaciones en las cuales las tropas sean actividadas por el Comando Especial Conjunto de Operaciones de Estados Unidos, (Joint Special Operations Command). La segunda ocurre cuando las tropas estadounidenses son activadas para prestár vigilancia, recopilar interligencia; llevar a cabo misiones relacionadas con asuntos antiterroristas; o en el cumplimiento de misiones contra el narcotráfico.
En declaraciones recientes de Donald Trump, hechas a raíz de los recientes sucesos relacionados con los enfrentamientos entre fuerzas del orden público y las guardias nacionales activadas a petición suya por los gobernadores de distintos estados de la Unión, amenaza con activar tropas federales. Para evitar que se objete tal movilización bajo lo dispuesto en la “Ley Posse Comitatus”, Trump ha pretendido darle un cariz insureccional a las movilizaciones populares en protesta por el asesinato de Floyd. En efecto, Trump ha amenazado con invocar la “Insurrection Act” antes mencionada, como si lo que ocurriera en estos momentos en Estados Unidos con las protestas sociales fuera una insurrección, una rebelión, una invasión o una emergencia pública en Estados Unidos. Para ello ha ido montando un discurso y una línea de pensamiento en la cual justificar la medida apelando precisamente a los sectores supremacistas blancos y a la derecha tradicional en Estados Unidos.
Los sucesos ocurridos frente a Casa Blanca en los pasados días, donde en medio de una protesta ciudadana pacífica, bajo órdenes directas del Secretario de Justicia de Estados Unidos y con la presencia el Jefe del “Joint Chief of Staff” de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y con el apoyo de helicópteros de combate en el área se arremetió contra los manifestantes, fue una manifestación más de abuso por parte del gobierno federal. En esta acción también participación agentes del Servicio Secreto y otras fuerzas federales de ley y orden, todo ello para el presidente pudiera ir frente a una Iglesia con una biblia en su mano y montar allí su espectáculo propagandístico. Esto es tan sólo un anticipo de lo que puede venir en semanas siguientes.
Las imágenes de blancos armados con fusiles de alto poder en las calles de ciudades de Estados Unidos, las continuas golpizas a negros por parte de agentes de la policía, los arrestos a civiles negros sin que estén cometiendo delitos, unido al terror que infunden estas acciones, es también parte del avance del fascismo en Estados Unidos. Así se desarrolló la historia en Alemania tras el ascenso al poder de Adolfo Hitler con relación a judíos, comunistas, socialistas, anarquistas, demócratas y disidentes; así se acentuó en el seno del pueblo alemán la ideología de la supremacía aria; así comenzó la tiranía y el desconocimiento de los derechos civiles y humanos bajo el fascismo alemán que llevaron a la muerte a millones de seres humanos a escala global.
Si bien podemos hablar de la pretendida “ignorancia” de un presidente como Donald Trump, hecho del cual en todo caso él se siente orgulloso; no podemos perder la perspectiva que se trata de la “ignorancia” de un ser humano que no sólo es inteligente, sino sobre todo perverso. Se trata de un ser humano que no respeta las propias instituciones de derecho del país que gobierna; que no respeta a la mujer como ser humano ni tampoco a la comunidad LGBTT; que no respeta las minorías étnicas; que aborrece a los negros, a los hispanos y a cualquier extranjero que no sea blanco; que impulsa una clara línea de pensamiento racista y antidemocrático; y finalmente, que profesa hacia otros pueblos una ideología guerrerista, intervencionista y violatoria del principio del derecho a la autodeterminación.
La derechización de la política estadounidense debe además preocuparnos dada la relación de subordinación política que como puertorriqueños tenemos con Estados Unidos. Cualquier cambio o giro hacia la derecha del gobierno estadounidense y sus efectos inmediatos en la sociedad norteamericana, repercutirán en Puerto Rico. No olvidemos que aquí, entre nosotros, también se encuentran miles de puertorriqueños(as) admiradores de Donald Trump, de las políticas de su gobierno y del Partido Republicano en Estados Unidos, que para nada les vacilará la mano a la hora de iimponer también una cultura de represión y supresión de derechos en Puerto Rico.
El fascismo para nosotros no es una noción lejana sino un reto, quizás mucho más próximo de lo que podríamos haber pensado.