El Reglamento Conjunto de Permisos que la Junta de Planificación propone autoriza proyectos industriales de placas solares, lo que sacrificaría alrededor de 14,000 cuerdas de fincas agrícolas, denunció el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas.
“Nuestra organización reconoce la necesidad de desarrollar la energía renovable en el país, pero las placas solares deben estar ubicadas en los estacionamientos de centros comerciales, hospitalarios y de entretenimiento además de los techos de las residencias, las industrias y los comercios; los terrenos agrícolas representan nuestro único recurso para la producción de alimentos y hay que defenderlos”, expresó Alfredo Vivoni Remus, portavoz del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas.
Miembros de la junta directiva de la organización plantearon que de aprobarse el Reglamento las Reservas Agrícolas constituidas por leyes y delimitadas por la Junta de Planificación dejarían de existir y se convertirían en distritos que no cuentan con los requisitos básicos para proteger los terrenos agrícolas.
El agrónomo Ariel Ramirez explicó que “Puerto Rico necesita producir mayor cantidad de alimentos. Esto se logra a través de una política pública que estimule la producción agrícola. La Junta de Planificación no está actuando a beneficio del país y trata de condenarnos a continuar importando alrededor del 85% de lo que se consume en términos alimentarios”.
El pasado 19 de junio, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sometió al Negociado de Energía de Puerto Rico una solicitud para que aprobara enmiendas a los contratos de compraventa de energía renovable en 16 proyectos no-operacionales.
Tales proyectos están propuestos para Salinas, el Valle de Lajas, Hatillo, Vega Baja, Vega Alta, Barceloneta, Guayama, Moca, Quebradillas, Manatí y Morovis, casi todos en terrenos de valor agrícola.
El ingeniero Luis Ortiz, también de la directiva del Frente, describió el alcance de lo propuesto por el Negociado de Energía, ya que “han manifestado que quieren alcanzar una capacidad de 1,800 megavatios para el 2023”.
“En términos de espacio agrícola eso representa alrededor de 14,000 cuerdas. El mismo Negociado establece que un sistema de 30 megavatios requiere 225 cuerdas. El impacto sería enorme”, aclaró Ortiz.
Vivoni Remus comentó que “el proyecto de La Montalva, en el Valle de Lajas, pretende ocupar 1,300 cuerdas de una finca de 1,800 cuya clasificación en el Plan de Usos de Terreno es de Suelo Rústico Especialmente Protegido de valor agrícola”.
“Estos proyectos realmente no son sustentables, están a la merced de las tormentas, huracanes y temblores. No son resilientes. Esto lo sabemos porque vimos lo que ocurrió con el proyecto de Humacao; un desastre”, expuso al solicitar que se envíen comentarios a la Junta de Planificación para que no se apruebe el Reglamento Conjunto.
Agregó que “el de La Montalva también podría amenazar la Bahía Bioluminiscente de La Parguera en su sección sur durante la fase de construcción. Lo que ocurrió a fines de la década de los 60 y 70, 80 y 90 con la ubicación de urbanizaciones en la Isla dentro de terrenos agrícolas, ahora se está contemplando con proyectos solares de energía renovable; ambas acciones son terribles. Tanto la Junta de Planificación como el Negociado de Energía intentan cambiarnos el país para mal”.