Decenas de organizaciones que atienden la violencia de género presentaron hoy ante el país los servicios que tendrán disponibles durante la temporada navideña a pesar de los recortes que algunas de ellas recibieron este año en medio del Estado de Emergencia decretado por el Gobernador Pedro Pierluisi.
“La violencia de género sigue siendo un problema de alta prioridad para el país y para nosotras. Estamos en un momento crítico porque la temporada navideña suele ser temporada alta para este tipo de casos y, además, el panorama se complicó con el alza en casos de COVID19. Nuestras organizaciones se han destacado por ser la primera línea de atención a mujeres en situaciones de violencia de género y este momento no será la excepción. Sin embargo, también debemos decir que nos preocupa saber que algunas de nuestras organizaciones estarán limitadas de personal y de servicios debido a recortes en los fondos del Programa de Asistencia a Víctimas del Crimen (VOCA, por sus siglas en inglés) para Puerto Rico y a la falta de capacidad gubernamental para distribuir de manera eficiente y rápida otros fondos que sí están disponibles para atender el problema”, explicó Amárilis Pagán Jiménez de Proyecto Matria.
Las organizaciones explicaron que la temporada navideña suele ser una temporada en la que aumenta el riesgo de eventos violentos para las mujeres. Es una tendencia internacional reseñada por organizaciones de servicio en todo el mundo. “Aunque no aumenten las querellas oficiales, las organizaciones sí reciben un mayor número de solicitudes de servicios”, añadió Pagán. A esto se suma la crisis por el aumento de contagios por COVID19 y el impacto de los cierres en las vidas de las mujeres. En Puerto Rico esto se tradujo en el año 2020 en un mayor número de solicitudes de servicio y su secuela en el 2021 fue una crisis de feminicidios que obligó al país a pedir cuentas al gobierno sobre sus acciones frente a la crisis.
En Puerto Rico hay nueve albergues de violencia doméstica y sobre 20 organizaciones de servicio directo que ofrecen servicios de consejería, psicología, manejo de casos, intercesoría legal, representación legal, vivienda transitoria, realojamiento rápido, vivienda permanente, servicios ginecológicos en contexto de eventos de violencia y otros relacionados directamente con la atención a víctimas de violencia de género. También existen líneas de ayuda manejadas por organizaciones, que coordinan servicios con el gobierno y entre ellas, para garantizar la vida y seguridad de las mujeres y sus dependientes.
“Nosotras trabajamos como un sistema integrado de servicios. Nos complementamos y hacemos alianzas para facilitar que una mujer tenga todo lo que necesita. Pero operamos hasta donde nuestros recursos nos lo permiten. Algunas de nuestras organizaciones no solicitan ni utilizan fondos del gobierno de Puerto Rico, pero otro gran número de ellas sí los necesitan para operar al 100%. Cuando el gobierno no es diligente con la distribución de fondos, el sistema completo se afecta porque se nos dificultan los referidos y tener accesibles los servicios integrales que queremos tener para las mujeres del país. Nuestros servicios salvan vidas, detienen ciclos de violencia y dan futuro a las mujeres que los reciben. No podemos darnos el lujo de verlos interrumpidos”, dijo Vilma González Castro de Coordinadora Paz para la Mujer.
Actualmente en Puerto Rico hay 160 camas en albergues, 24 intercesoras legales, 13 abogadas y 40 profesionales de ayuda. El número de camas disponibles en los albergues varía día a día según la demanda de servicios. Las organizaciones, informaron, además, que su capacidad se vio mermada por los protocolos requeridos por el COVID19, lo que las obliga a colocar menos personas en los espacios cerrados y a mantener habitaciones para períodos de cuarentena. Actualmente hay un 80% de ocupación en los albergues.
“Estos servicios los tenemos hoy y esperamos garantizarles hasta mediados de enero. También existen las Líneas de Ayuda 24/7 de organizaciones como Proyecto Matria, Taller Salud y albergues como Casa Protegida Julia de Burgos y Hogar Nueva Mujer que están esperando las llamadas de las mujeres para asistirlas y coordinar servicios. Sin embargo, deberíamos tener más servicios disponibles. Desde el 30 de septiembre hasta el presente se han perdido 24 puestos de intercesora legal, nueve de abogadas, 22 profesionales de ayuda y 39 empleos perdidos para servicio de violencia sexual debido a la falta de asignaciones presupuestarias que usualmente el gobierno hace a las organizaciones, reconociendo que en enero pueden haber más empleos perdidos. Nos parece inaudito que luego de decretar un Estado de Emergencia por Violencia de Género, en vez de tener más fondos y mayor agilidad para distribuirlos, tengamos que hacer malabares para no dejar a las mujeres solas en plena temporada navideña y con un alza en contagios del COVID19”, apuntó Vilmarie Rivera Sierra de la Red de Albergues de Puerto Rico.
Las organizaciones señalaron que a pesar del recorte a los fondos VOCA que recibió Puerto Rico este año, hay otros fondos identificados por PARE, siete millones asignados por Casa Blanca en octubre pasado y otros fondos federales disponibles que podrían resolver la situación pero los mismos no han sido manejados con la agilidad y premura que requiere la propia Orden Ejecutiva.
“Hoy estamos cumpliendo con nuestra parte y poniendo todos nuestros recursos al servicio de las mujeres y personas en situaciones de violencia de género. Ahora le toca al gobierno hacer su parte y explicar qué servicios tienen activos hoy y cómo manejarán el problema de distribución de fondos que nos pone a nosotras en una situación precaria y de profunda preocupación por nuestras participantes actuales y las que están por necesitarnos”, finalizó Romelinda Grullón del Centro de la Mujer Dominicana.