Tras haber hecho la denuncia pública de que la Policía de PR insiste en esconder las personas muertas por uso de fuerza policial en 2021, Kilómetro Cero presentó hoy una moción en el Tribunal Superior de San Juan, solicitando por segunda vez que se exija a la Policía proveer la información como parte de los documentos que tiene que entregar a Km0 a raíz del pleito Kilómetro 0, Inc. v. Pesquera. En dos entregas consecutivas a partir de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Policía ha insistido en entregar en blanco el documento donde se supone revele la información básica de las personas que han muerto por uso de fuerza policial en 2021, así como aquellas que han recibido heridas graves o mutilaciones.
“En la entrega del 9 de diciembre de 2021, el NPPR entregó a Kilómetro 0 una tabla titulada ‘Datos de uso de fuerza, personas muertas, heridas graves y mutilaciones causado por usos de fuerza en el Negociado de Policía de Puerto Rico’. (se incluye en anejo). Como podrá observar el Tribunal, la tabla se encuentra en blanco. Ello parecería sugerir que, en el 2021, el NPPR no ha tenido un solo incidente de uso de fuerza que ha provocado muertes, heridas graves o mutilaciones… Ello no sólo es poco creíble; es falso”.
De información reportada en medios de comunicación, y en algunos casos provista por funcionarios del NPPR, surge que en el 2021 se suscitaron varios incidentes de uso de fuerza que culminaron con heridas graves, mutilaciones o posibles muertes. En la moción al Tribunal se documentan varios incidentes de al menos 11 personas heridas graves que el NPPR no incluyó en su tabla.
“Una vez más, nuestros gobiernos revelan que invierten más energía en esconder muertos que en evitarlos”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización que monitorea el uso de fuerza del Estado. “La Policía es el cuerpo que ejerce la fuerza a nombre del Estado y, por tanto, tiene un enorme poder sobre nuestras vidas e integridad física. Por lo mismo, tiene la responsabilidad de revelarnos cómo utiliza la fuerza contra la ciudadanía y qué personas han muerto o resultado heridas en ese ejercicio. Esto es información central, no solo para el ejercicio de nuestros derechos sino para la salud pública del País. Esconder esa información a la prensa y a la ciudadanía es anti-democrático y es criminal”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización que monitorea el uso de fuerza del Estado.
En los últimos años, la Policía había estado comunicando mediante partes de prensa la identidad de las personas muertas por el uso de fuerza de sus agentes y las circunstancias en que ocurrían los incidentes. Según la documentación de Kilómetro Cero*, en 2018 hubo 14 muertes por uso de fuerza policial; en 2019 hubo 13 más; en 2020 se registraron 10 y en 2021 tan solo se han registrado dos en la prensa, a fin de año: la de Will Joel López Rodríguez, el 19 de noviembre y Anthony Colón Rivera el 26 de diciembre de 2021. En este banco de datos creado por Kilómetro Cero se puede acceder a la documentación de las víctimas fatales de la Policía a partir de 2014.
Los abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell, de la Clínica de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de PR, presentaron los planteamientos al juez Anthony Cuevas, quien tiene a su cargo la ejecución de la decisión del Tribunal Supremo.
Al ordenar la divulgación de los Informes de Uso de Fuerza que preparan los agentes del Negociado de la Policía, el Tribunal Supremo advirtió al Estado que su gestión debe estar “sometida al más estricto escrutinio público, sólo limitado por intereses apremiantes de confidencialidad y no por la conveniencia, el capricho y el deseo de no divulgar información que afecte su imagen pública”.
El Tribunal Supremo estableció en su sentencia que: “Es una paradoja invocar el interés de promover que los miembros de la Policía sean más honestos reportando los incidentes de uso de la fuerza condicionando tal deber a que sea ejercido bajo un manto de secretismo. Esa pretensión no constituye un interés apremiante, sino un interés preocupante y contrario a la Reforma de la Policía".
La acción legal original de Kilómetro Cero contra el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Registro Demográfico de Puerto Rico tenía el propósito de vindicar el derecho fundamental de la organización sin fines de lucro al acceso a la información, después de que las agencias habían ignorado y negado una serie de solicitudes de información que Kilómetro Cero ha realizado desde 2018.
El acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental como evidencian las decisiones en los casos Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 2017 TSPR 173; Trans Ad PR v. Junta Subastas, 174 DPR 56, 67 (2008); Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007); Ortiz v. Dir. Adm. Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000); Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477 (1982). Este derecho emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El derecho de acceso a la información pública es también reconocido en varios tratados internacionales como un derecho humano fundamental, que “posee un carácter facilitador del ejercicio de otros derechos humanos, es decir, el acceso a la información es, en muchos casos, imprescindible para que las personas puedan hacer efectivos otros derechos”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de la justicia en las Américas (27 de marzo de 2015), en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/acceso-informacion.pdf”.
Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más democrática y justa.