Nuevamente sentimos una gran consternación hoy por el asesinato de Brenda Pérez Baamonde, una agente de 47 años, aparentemente por su ex pareja, el también policía José Rivera Velázquez. Este es el cuarto feminicidio íntimo perpetrado por un policía que hemos documentado desde el 2018.
Desde esta mañana denunciamos que la Policía de Puerto Rico no revelara oficialmente en sus comunicados a la prensa que el presunto asesino de Brenda Pérez es un miembro de la Policía de Puerto Rico. Constantemente, la Policía suele identificar a las personas arrestadas y/o sospechosas de delitos graves. Por supuesto, la agencia está obligada a revelar al país cuando uno de sus funcionarios mata o hiere gravemente a una persona. Esto es una práctica muy elemental del acceso a la información y no es la primera vez que esa institución pretende esconder en sus comunicaciones oficiales cuando la Policía ha dado muerte a ciudadanos o ciudadanas.
El propio equipo del ex monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, ha sugerido un problema de impunidad entre oficiales que son agresores de sus parejas mujeres. En el año 2017, por ejemplo, con 99 querellas por violencia doméstica contra policías estatales, ninguno de los casos resultó en convicción, mientras que el 14% de las denuncias de violencia doméstica en la población general resultan en condenas, según estableció entonces el monitor federal en un informe de 2018. No hay más documentación pública que revele qué se ha hecho en la reforma de la Policía para abordar este problema de impunidad. Esto es importante porque es, precisamente, el sentido de impunidad lo que permite e incluso incentiva los abusos policiales, incluyendo los feminicidios íntimos.
Exigimos absoluta transparencia en la información en torno a este trágico suceso. Exigimos conocer el historial de querellas administrativas del agente José Rivera Velázquez y qué medidas se tomaron en cada una de ellas.
A juzgar por el último informe del monitor federal de la Policía, el Negociado está es amplio incumplimiento de sus responsabilidades en las áreas de violencia de género y agresiones sexuales. Según el monitor, “una revisión de los expedientes de este período encontró carpetas y formularios inconsistentes. Los archivos están desorganizados y se juntan al azar. La profundidad de detalle en los casos es inconsistente. Las técnicas de entrevista no fueron consistentes. Algunas entrevistas fueron escritas a mano por la víctima y otras transcritas por el oficial. No se observó un seguimiento de la evidencia cuando la víctima declaró haber sido acosada. Incluso cuando la víctima compartía delitos adicionales, parecía no haber seguimiento. El caso se investigaba solo sobre los elementos que se informaron. Si la víctima no cooperaba con el oficial y no expresaba querer presentar cargos, el caso se cerraba de inmediato y no se realizaba ningún seguimiento… Las técnicas de entrevista utilizadas por la NPPR en este tipo de casos también necesitan un enfoque centrado en la víctima. Esto incluye ayudar a la víctima con el apoyo de una intercesora. Si la NPPR está realizando este elemento en el proceso de investigación, no se indica en el expediente del caso. La capacitación sobre cómo entrevistar a la víctima, sospechoso(s) y testigos no se envió al Monitor para su revisión”.
Lo que revela el monitor federal en su informe resulta en una contradicción insostenible con la política pública del gobierno de Puerto Rico tras la declaración de un estado de emergencia por violencia de género.
Este es un asunto urgente y así lo saben las autoridades desde que se publicó la investigación del Departamento de Justicia federal contra la Policía de Puerto Rico. En aquel momento, uno de los más serios hallazgos era la forma como la Policía manejaba los casos de violencia doméstica y agresiones sexuales.
Es menester que se atienda con estrategias diversas. ¿Por qué? Porque la Policía se supone sea la primera línea de defensa y protección del Estado para las sobrevivientes de violencia doméstica. ¿Cómo estas personas van a sentirse seguras acudiendo a un cuartel a buscar protección si en la agencia hay un problema alarmante de violencia doméstica? ¿Qué confianza pueden las mujeres sobrevivientes de violencia depositar en una agencia donde NO hay consecuencias para los policías agresores de violencia doméstica?