Ayer sábado se reunió un nutrido grupo de personas para hacer una afirmación sobre el derecho que tenemos todos los puertorriqueños y puertorriqueñas al uso y disfrute de todas las playas en Puerto Rico. Este es un derecho garantizado en la Constitución de Puerto Rico bajo la Sección 19 del Articulo VI, donde se reconoce como política pública la conservación de los recursos naturales, y su desarrollo y aprovechamiento para el beneficio de la comunidad. Esta política publica garantiza el libre acceso a la playa, acceso que ha sido reafirmado por otro sin número de leyes posteriores.
Lo interesante de la controversia de Ocean Park, en esta ocasión, es que se trava en una comunidad privilegiada donde vive un numero considerable de personas adineradas. En esta ocasión Karen, una “new rich” puertorriqueña, y su marido norteamericano, asumieron que la playa era parte del patio de su casa y que los jóvenes que practicaban volibol de playa eran un estorbo, debían moverse de sitio para no incomodarlos y lo peor, no tenían voz para reclamar nada, a menos, que, según la pareja, tuviera dinero suficiente (por lo menos un millón) para comprar y residir en esa área. Karen y su marido, se les chispoteó, que hoy día existen los celulares y las gentes graban todos los incidentes que suceden a su alrededor. Es decir, todos nos hemos vueltos reporteros instantáneos de las ocurrencias buenas o malas. Por supuesto, el incidente se fue viral. Como “al que no le gusta el caldo le dan dos tasas”, ayer Karen tuvo su “patio” lleno de visitantes.
Ahora, más allá de lo obvio que nos presenta este incidente, es el problema de desplazamiento evidente que esta ocurriendo en todo el país por los extranjeros, particularmente los norteamericanos, que están comprando terrenos y propiedades, preferiblemente costeros. Estas personas, muchas desconocedoras de nuestras leyes, tienen la expectativa de que, por pagar cientos de miles de dólares, tienen derechos preferentes y pueden apropiarse de nuestros recursos naturales.
El gobierno, sin embargo, es cómplice de todos estos males. El gobierno promueve el éxodo de puertorriqueños. ¿Por qué? El gobierno, que es un ente incapaz, quebró el país, “vendió el alma” de lo puertorriqueño a través de las leyes 20 y 22, diz que para atraer capital extranjero que pudiera sacarnos de la encerrona económica que el mismo gobierno creo. Para colmo, la Junta de Planificación flexibilizó el ordenamiento territorial para dar paso a la venta desmedida de los recursos naturales. No olvidemos el caso del proyecto Christopher Columbus Landing Resort en Playuela, Aguadilla. La isla municipio de Culebra, también ha sido asediada y caminos que dan acceso a la playa publica de Flamenco han sido restringido por intereses privados. Mientras un punado de personas extranjeras y otros millonarios locales siguen desplazándonos, el pueblo es quien tiene que seguir pagando los altos costos de vida que cada día hacen más incosteable quedarse en el país. Nos siguen endilgando chavo a chavo y peso a peso costos irrazonables, como los cinco dólares alegados para el Fondo Roberto Clemente y los dos dólares para el Centro de Trauma. Sabrá Dios en manos de que bolsillo termine ese dinero. Mientras tanto, la educación la tiramos al trasto y no declaramos a la Universidad de Puerto Rico como servicio esencial. Ojo que el proyecto “Puerto Rico sin puertorriqueños y puertorriqueñas” está viento en popa. Estemos pendientes y les vamos a dar lucha. ¡Candela!