La Presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Lcda. Daisy Calcaño López, le solicita a la Cámara de Representantes le de paso a una Resolución Concurrente que propone solicitarle al American Bar Association una moratoria de 6 años para cumplir con el Estándar de Acreditación 316.
La Resolución Concurrente de la Cámara (de Representantes) número 55 fue radicada por los representantes
Hernández Montañez y Varela Fernández, presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente, el 23 de
junio por petición de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; Escuela de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico; Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad , Católica de Puerto
Rico y el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
“Esta Resolución, en su exposición de motivos, recoge la urgencia y necesidad de la moratoria. La pérdida de la acreditación es un asunto muy serio, porque afectará negativamente el acceso a préstamos estudiantiles, así como poder tomar la reválida federal o ejercer en otras jurisdicciones”, reaccionó la líder del gremio.
El propósito de la resolución es solicitarle…” al American Bar Association que exima, por un término de seis (6) años, a la tres (3) escuelas de derecho del país del cumplimiento con los requisitos del Estándar de Acre icroeditación 316. Ello permitirá y promoverá un proceso inclusivo, participativo y transparente entre las escuelas de derecho, el Poder Judicial y su Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, los estudiantes, la comunidad jurídica, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en el que se logre una reforma efectiva del proceso de examen de reválida, que convierta el mismo en uno que refleje de manera justa y adecuada el conocimiento, el esfuerzo y la capacidad de nuestros aspirantes a miembros de la excelsa profesión legal.”
Calcaño López puso particular preocupación por aquellos estudiantes de escasos recursos, los cuales estarían a riesgo de no poder sufragar sus gastos de estudios. “Sólo podrán estudiar aquellos y aquellas que tengan los recursos económicos. Ello, quebrando metas académicas y profesionales de cientos de estudiantes de clases menos privilegiadas y afectándose el acceso a la justicia.”
Nuestra urgente solicitud a la Cámara de Representantes es que esta resolución sea aprobada antes de finalizar esta sesión, por tratarse del más alto interés público y social, concluyó Calcaño López.