La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), publicó los resultados de un estudio realizado para evaluar el cumplimiento de las agencias y corporaciones del Gobierno, con el manejo y control de su propiedad pública y materiales adquiridos.
Como parte de sus facultades, la OIG realizó un requerimiento de información a 100 de las entidades cobijadas bajo la Ley 15-2017, con datos al presente año fiscal 2021-22.
Según se detalló, más del 39% por ciento de las entidades mantuvieron desfases en sus tomas de inventarios anuales, es decir sus inventarios no se llevaron de manera periódica. Ello, impide conocer la valoración real de los activos del Gobierno de manera precisa.
Dicha información es indispensable y está estrechamente relacionada a la confiabilidad de la información financiera de las entidades públicas, que a su vez, es utilizada y consignada en los estados financieros de cada una de las corporaciones públicas y del Gobierno de Puerto Rico.
Se identificó además que, 59% de las entidades evaluadas, realiza su inventario de forma manual. Esto, tiene el efecto de un pobre registro y contabilización de activos y pérdidas, a causa de procedimientos incompletos, variables, innecesarios, ineficientes o inefectivos.
De otra parte 17% de las entidades, no contaron con un encargado de la propiedad oficialmente nombrado de manera fija y permanente; desde hace al menos 1 año. El estudio arrojó que un 34%, de las entidades evaluadas no ofrecieron detalles o indicaron desconocer la fecha desde cuándo mantienen tales vacantes o nombramientos provisionales; por lo que no fue posible determinar el período. Ello podría ocasionar un aumento de riesgo de malversación, uso indebido, fraude y manejo ilegal de los fondos y propiedad pública.
A pesar de la importancia de los procedimientos para el manejo de propiedad pública un 11% de las entidades, indicó no mantener reglamentos o procedimientos vigentes para llevar a cabo su inventario de propiedad, mientras, un 57%, lo equivalente a más de la mitad de las entidades evaluadas, mantienen reglamentos o procedimientos para llevar a cabo su manejo de propiedad de inventario que no han sido revisados, desde hace 5 años o más.
Como parte de los requerimientos de información y datos recopilados, se les solicitó a las entidades, información sobre procesos de toma y control de inventarios, evidencia de nombramientos o designaciones de personas a cargo de la propiedad pública y controles para el manejo de riesgos sobre el control de la propiedad.
En atención a las irregularidades en el área de propiedad e inventario, la OIG emitió la Carta Circular Núm. OIG-2021-04, en la que se requirió un mínimo de ocho horas de educación continua a los empleados de la rama ejecutiva que están directamente relacionados al control y manejo de propiedad pública. A la fecha del 5 de abril de 2022, un 76% de las entidades se habían matriculado o tomado los cursos requeridos por la OIG.
En el estudio se detallan los resultados del análisis, así como las deficiencias por cada entidad gubernamental. El informe OIG-IE-22-011, mismo se encuentra disponible a través de la página electrónica oficial de la OIG www.oig.pr.gov.