El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (“FADEP”), compuesto por la Federación de Maestros de Puerto Rico, Inc. (“FMPR”); Grupo Magisterial Educadores(as) por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc. (“EDUCAMOS”); y Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Inc. (“ÚNETE”), presentó ayer ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos una petición de certiorari, mediante la cual recurre de la decisión del Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston que confirmó el Plan de Ajuste de Deuda del Gobierno Central.
El FADEP reclama que se revierta la anulación de sus leyes de retiro mediante el Plan de Ajuste de Deudas que redujo dramáticamente sus derechos de pensión y cambió el sistema de retiro de beneficios definidos a uno de aportaciones definidas. A su vez, en la medida de que el desplazamiento y anulación de las leyes sobre el retiro solo puede ocurrir en Puerto Rico bajo PROMESA, el FADEP aboga por la revocación de los Casos Insulares. La petición fue presentada y suscrita por la Lcda. Jessica E. Méndez Colberg, el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, y la Lcda. Zoé C. Negrón Comas, del Bufete Emmanuelli CSP.
El FADEP se opuso a la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda. “Esto lo hicimos basado en las representaciones de la Junta de Control Fiscal en cuanto a que el Plan no era viable sin los cambios al sistema de retiro”, declaró la profesora Mercedes Martínez Padilla, presidenta de FMPR. No obstante, en la argumentación ante el Primer Circuito, la Junta declaró para el récord que el Plan seguiría siendo viable aun si se revirtieran los cambios al sistema de retiro del magisterio. “Con esto en mente, no estamos solicitando que se deshaga el Plan de Ajuste de Deuda. Solo estamos solicitando lo que nos corresponde como personas trabajadoras y que somos responsables por la educación de un país”, añadió Martínez Padilla.
Tras la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda, el FADEP participó de una mesa de diálogo para atender el asunto de las pensiones del magisterio. No obstante, las conversaciones se detuvieron una vez que el Primer Circuito denegó paralizar la ejecución del Plan y este entró en vigor, el 15 de marzo de 2022. “En esa mesa de diálogo presentamos alternativas para salvar nuestro retiro. Incluso, el Gobierno nos presentó una propuesta, que entendían contaría con el apoyo de la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, una vez el Plan entró en vigor, nos traicionaron y dejaron en el olvido” aclaró Martínez Padilla. El Primer Circuito finalmente desestimó los reclamos del FADEP el 13 de mayo de 2022.
“En síntesis, nuestra petición expone que la Junta de Control Fiscal se excedió en sus poderes al implementar los cambios al Sistema de Retiro del magisterio mediante el Plan de Ajuste de la Deuda”, expresó Liza M. Fournier Córdova, presidenta de UNETE. “Sabemos que la Junta tiene unas posturas sobre lo que debe ser un sistema de retiro, pero en su empeño por menoscabar esos sistemas nos ha alargado el tiempo de servicio, con todo lo que eso implica para nuestra salud mental y física, y redujo nuestras pensiones a una miseria”.
“Nuestra petición al Tribunal Supremo busca defender las pensiones y el retiro digno del magisterio, pero somos conscientes de que los argumentos que levantamos trascienden esos intereses. Estamos hablando de un caso que busca también la defensa de nuestros derechos, la integridad de nuestras leyes y la dignidad de un pueblo que ha sido sometido al burdo coloniaje” manifestó la profesora Migdalia Santiago Negrón, presidenta de EDUCAMOS. “Reconocemos que nuestro caso también tiene repercusiones para las pensiones de los compañeros de la Autoridad de Energía Eléctrica y los miembros de la judicatura. De igual forma, la petición de revocar los Casos Insulares es una que representa intereses del país completo”.
Mediante el Plan de Ajuste de la Deuda, la Junta de Control Fiscal desplazó las leyes del sistema de retiro del magisterio y las reemplazó con una tabla de modificaciones que anejó al Plan. “Desde el inicio, levantamos que la Junta no tiene la facultad para legislar, por lo que no podía utilizar el Plan para derogar, enmendar o sustituir una ley debidamente aprobada” comentó el Lcdo. Emmanuelli Jiménez. “Sin embargo, tanto la Corte de Título III y el Primer Circuito hicieron caso omiso y le entregaron a la Junta un poder que ni siquiera la ley PROMESA les reconoce, a pesar de lo amplio y atropellante que ya eran sus poderes. Esta decisión permitió a la Junta legislar a través del Plan y privó al Gobierno de Puerto Rico de uno de sus pocos poderes remanentes”.
“Aquí hay un peligro de que la interpretación de las cortes federales sobre el alcance de los poderes de la Junta se percole en otros casos. Específicamente, el poder que las cortes le concedieron a la Junta para desplazar legislación local mediante un Plan de Ajuste de Deuda, tiene el potencial de incidir en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica”, añadió la Lcda. Negrón Comas. “Entre las leyes que pudieran estar en peligro están, por ejemplo, la política pública de tarifas razonables, las leyes que promueven la transición a energía renovable, los subsidios, las protecciones ambientales, etc. Todo esto, sumado a los derechos laborales y las pensiones, está en riesgo de ser desplazado en el caso de la AEE si no se corrige la interpretación del Primer Circuito, porque son leyes que la Junta podría pensar que obstaculizan un Plan de Ajuste que priorice el pago a los bonistas”.
“Esta petición es la manera de tocar la puerta del Tribunal Supremo, queda de ellos acoger o no el caso cuando entren nuevamente en sesión en octubre”, explicó Emmanuelli Jiménez. “Entendemos que estamos en una coyuntura muy importante para llevar los planteamientos del FADEP, y en particular para lograr que se atienda la revocación de los Casos Insulares”.
Los Casos Insulares son una serie de casos decididos a principios del siglo XX que establecen la distinción entre un territorio incorporado y un territorio no incorporado, por virtud de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. “Al amparo de estos casos, se ha justificado por más de 100 años el trato discriminatorio de los territorios en las cortes federales”, puntualizó Méndez Colberg. “La base de estos casos es una doctrina racista que se rehúsa extender la constitución de Estados Unidos bajo el fundamento de que los habitantes de estos territorios somos de razas distintas a las que llaman ‘salvajes’ y cuyas tradiciones y modos de vida, según el Tribunal, le impiden adoptar los principios de la sociedad anglosajona. Sin embargo, recientemente uno de los jueces del Tribunal Supremo federal emitió una opinión concurrente declarando que los Casos Insulares no tienen lugar en el derecho y deben ser revocados”.
“Nuestra posición es que, en ausencia de los Casos Insulares, los tribunales no hubiesen podido resolver como lo hicieron” manifestó Méndez Colberg. “Por un lado, los tribunales aplicaron el derecho de una manera incorrecta. Por otro lado, si se avala esa aplicación incorrecta, entonces estamos ante una aplicación discriminatoria, otra instancia del discrimen de los Casos Insulares” añadió Méndez Colberg.
En vista del costo significativo de estos esfuerzos el FADEP inició un proceso de recaudación de fondos para este litigio a través de un GoFundMe y pidió a todo el Pueblo de Puerto Rico su apoyo para proteger estos derechos. El GoFundMe está disponible en https://www.gofundme.com buscando la página: Aporta a la lucha del magisterio puertorriqueño.
Las líderes del FADEP exhortan a todo el magisterio a estar alertas a otras estrategias de lucha que se estarán desarrollando porque "en este semestre la lucha por un retiro digno continúa," concluyeron las líderes magisteriales.