El pasado 14 de marzo el Tribunal Supremo, en una Opinión emitida por la Juez Presidenta, Maite D. Oronoz Rodríguez, confirmó la Sentencia del Tribunal de Apelaciones que había declarado nulo el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento Numero 9233 de 2 de diciembre de 2020 (Reglamento Conjunto 2020).
La razón, debido a que el proceso de vistas públicas llevado a cabo no satisfizo las garantías de participación ciudadana amplias requeridas por las leyes. Las impugnaciones al Reglamento Conjunto se vienen dando desde el verano de 2017, mientras el país estaba de protesta contra Ricardo Rosello, por las mismas razones que se presentaron ahora, “la falta de notificación adecuada a la ciudadanía sobre la intención de aprobar esa regulación, y la falta de dar espacios amplios de participación a la ciudadanía”.
Es importante dar un trasfondo breve de donde proviene el Reglamento Conjunto, de que se trata y sus implicaciones para el desarrollo de Puerto Rico. En el 2009 se creó la Ley para la Reforma de Permiso de Puerto Rico. Esa ley buscaba agilizar el proceso de otorgación de permiso para desarrollar obras de construcción. Para ello creo la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Además, dispuso que la Junta de Planificación sería el organismo que aprobaría el Reglamento Conjunto, que se prepararía con la colaboración de otras agencias.
El Reglamento Conjunto contiene las reglas de juego sobre las calificaciones de los terrenos y sus limitaciones en el desarrollo de los mismos. El Reglamento Conjunto 2020, que fue declarado nulo por el Tribunal Apelativo y ratificada su nulidad por el Tribunal Supremo en días pasados, busca flexibilizar de manera no antes vista, el desarrollo en cualquier parte de Puerto Rico. De su faz, parecería bueno desburocratizar este proceso. El problema es que la flexibilización propuesta en el Reglamente ha sido tan amplia que pone en gran riesgo a todas las comunidades, quita protecciones a áreas de recursos naturales; da pie para que el capital construya lo que quiera donde quiera; que se establezcan negocios en zonas residenciales perturbando la paz comunal, etc.
Este asunto de las prácticas de notificar inadecuadamente al público y/o no dar una oportunidad para la amplia participación ciudadana, en los últimos años, se ha convertido en un patrón nefasto del gobierno. Una de las razones para ello es silenciar las voces que con toda razón y justificación levantan bandera roja contra proyectos que puedan tener impactos adversos en el ambiente y en nuestros recursos naturales. Otra razón es que, habida la mentalidad neoliberal como forma de gobernar, se flexibilice y se facilite dar permisos a personas naturales y jurídicas para que construyan proyectos que también impactan nuestros recursos.
Quitarnos la voz es equivalente a matar la democracia, es equivalente a un gobierno dictatorial. Uno de los derechos más preciados que tenemos los boricuas es el derecho a la libre expresión. En todo movimiento ciudadano de protesta dirigido a proteger nuestros recursos y nuestro medioambiente se hace uso del derecho de expresión. El gobierno neoliberal que hemos tenido los últimos años ha abusado demasiado a los/las puertorriqueños. El país ha recibido muchos golpes en los últimos tiempos, pero se ha aprendido a alzar la voz en pro de defender nuestra tierra de tanto abuso. Si no lo hacemos que país heredara la generación futura. No más. Tenemos voz.