El frente unido de líderes religiosos puertorriqueños, Pan para el Mundo (Bread for the World) y grupos comunitarios locales anunciaron su colaboración para abogar por la importancia crítica de los programas alimentarios nacionales. Esta poderosa alianza reúne a numerosas organizaciones muy respetadas como ASSPEN, American Baptist Home Mission Societies, Catholic Charities USA, Iglesia Casa Cristiana de Transformación, Cuerpo de Capellanes de Puerto Rico, Ministerio Derribando Gigantes, Latino Christian National Network, Coalición Para La Seguridad Alimentaria de Puerto Rico, NutriendoPR, Hispanic Federation y ACOMERPR. Juntos pretenden abordar los problemas del hambre y la seguridad alimentaria en Puerto Rico aprovechando su influencia colectiva y sus recursos.
A partir de junio, la colaboración de líderes religiosos y grupos comunitarios ha participado activamente en los esfuerzos de promoción para facilitar la integración de Puerto Rico en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Este colectivo ha demostrado su compromiso organizando reuniones con partes interesadas clave como el secretario de Agricultura Tom Vilsack, la Comisionada Residente Jennifer González-Colón y representantes de más de 200 oficinas legislativas. A través de estas reuniones, han destacado con éxito los distintos desafíos que Puerto Rico enfrenta para abordar la seguridad alimentaria y el papel vital que SNAP puede desempeñar en la mitigación de estos problemas.
A medida que se acerca el mes de septiembre de 2023, la reautorización de la ley agrícola tiene implicaciones significativas para los puertorriqueños y su acceso a programas y beneficios vitales. La ley agrícola, una legislación integral que se renueva cada cinco años, abarca varias políticas relacionadas con la agricultura, la asistencia nutricional y el desarrollo rural. En el pasado, esta legislación ha influido directamente en la financiación y estructura de programas como el SNAP, que sirve de salvavidas crucial para millones de estadounidenses que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. En consecuencia, el resultado de la próxima reautorización de la ley agrícola determinará hasta qué punto los recursos esenciales y el apoyo estarán disponibles para las comunidades puertorriqueñas necesitadas.
Un tema crítico que impulsa los esfuerzos de defensa de la coalición es la marcada disparidad en la asistencia alimentaria entre Puerto Rico y el territorio continental de Estados Unidos. Según los datos, los puertorriqueños pagan hasta un 21% más por los alimentos que la media de los hogares estadounidenses, al tiempo que reciben niveles sustancialmente inferiores de asistencia. Esta discrepancia agrava la carga de las familias que luchan contra la inseguridad alimentaria en Puerto Rico, donde aproximadamente el 44,9% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. “Abordar esta desigualdad en la asistencia es crucial para garantizar que los residentes de Puerto Rico tengan acceso a una nutrición y un apoyo adecuados, compartió Jayson Call, Capellan del Cuerpo de Capellanes de Puerto Rico.