Dos recientes noticias me han estremecido… [y reflexiono en la noche buena desde la comunidad LGBTQ+]

La primera, un análisis del periodista de CNN Christopher Lamb:

“Con cinco palabras, pronunciadas justo al comienzo de su pontificado, el papa Francisco cambió la conversación católica sobre las personas LGBTQ+. En 2013, cuando un periodista le preguntó sobre los sacerdotes homosexuales, el Papa respondió: "¿Quién soy yo para juzgar?".

A lo largo de la última década, el papa Francisco ha cambiado el tono y el enfoque de la Iglesia hacia las personas homosexuales, negándose a adoptar una postura condenatoria, algo de lo que las instituciones y los líderes eclesiásticos habían sido acusados a menudo en el pasado.

Su decisión de autorizar la bendición de parejas del mismo sexo es el acontecimiento más significativo de su pontificado en lo que respecta a su acercamiento a los católicos homosexuales, y se produce después de otros avances anteriores más graduales. La reciente medida de Francisco será bien recibida por muchos que llevan tiempo pidiendo una reforma en este ámbito, pero también es probable que se enfrente a un importante rechazo por parte de sectores de la Iglesia profundamente opuestos a su visión.

Según la Iglesia católica, las relaciones sexuales solo están permitidas entre un hombre y una mujer casados. La doctrina oficial de la Iglesia describe la homosexualidad como "intrínsecamente trastornada", una formulación que algunos católicos reformistas quieren que se modifique, pero también que los homosexuales deben ser tratados con "respeto, compasión y sensibilidad" y debe evitarse toda "discriminación injusta".

Francisco, aunque no ha cambiado formalmente la doctrina, ha intentado repetidamente hacer hincapié en esto último. Ha dicho a un clérigo gay superviviente de abusos sexuales que "Dios te hizo así. Dios te mama así", dijo que las personas LGBTQ+ son "hijos de Dios" y recientemente invitó a un grupo de mujeres transexuales a un almuerzo en el Vactiano. También ha elogiado a quienes atienden a los católicos homosexuales, que a menudo han encontrado oposición dentro de la Iglesia.

Pero el enfoque del papa va más allá de las palabras y los gestos e incluye cambios más sustanciales en las posiciones de la Iglesia. El pontífice, de 87 años, ha dado su apoyo al reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, algo a lo que el Vaticano se ha opuesto en el pasado, y se ha pronunciado en contra de la criminalización de la homosexualidad antes y después de un viaje a África.

Su última decisión sobre las bendiciones no cambia la oposición católica al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero marca un nuevo momento en el acercamiento de la Iglesia a los homosexuales. Para Francisco, se trata de equilibrar una doctrina largamente sostenida, pero trasladando esa enseñanza a las realidades cotidianas de la vida de las personas. La evolución de la doctrina también es posible, y el papa insiste en que la iglesia no debe volverse rígida o sentenciosa, sino acoger a todos.

"No se debe impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a las personas en cualquier situación en la que puedan buscar la ayuda de Dios a través de una simple bendición", se lee en la última sentencia. "La gracia de Dios actúa en la vida de quienes no pretenden ser justos, sino que se reconocen humildemente pecadores, como todos los demás".

Casi todas las confesiones cristianas han experimentado profundos desacuerdos sobre las bendiciones y los matrimonios de parejas del mismo sexo. La declaración del Vaticano se produjo un día después de que la Iglesia de Inglaterra, tras años de debate, comenzará a ofrecer bendiciones a las parejas del mismo sexo en las iglesias, aunque no bendecirá los matrimonios homosexuales.

Se considera que la Iglesia Católica es la fe menos proclive para cambiar de postura, y su normativa sobre bendiciones establece que éstas deben realizarse de manera informal y no dentro de los servicios religiosos.

No obstante, la presión ha ido en aumento para que la Iglesia católica considere la posibilidad de bendecir las uniones homosexuales, y en Alemania varios sacerdotes ya han empezado a celebrar ceremonias de bendición de parejas homosexuales.

El obispo Georg Bätzing, líder de la Conferencia Episcopal Alemana, celebró la última sentencia. "Es bueno que ahora se destierres este tesoro para la diversidad de estilos de vida", dijo. "La práctica de la Iglesia reconoce una variedad de formas de bendición". El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago y aliado de Francisco en la Iglesia estadounidense, describió la medida como un "paso adelante".

Pero también es probable que haya algún rechazo significativo. El obispo Joseph Strickland, recientemente destituido por Francisco de la diócesis de Tyler, Texas, ya ha exhortado a los obispos a decir "no" al papa. La decisión no ordena al clero ofrecer bendiciones, y es posible que algunos rechacen las peticiones.

Por otra parte, es poco probable que la oposición perturbe al papa, que no rehuirá los temas candentes.

En una reciente reunión de la Iglesia en el Vaticano (un sínodo) se evitó utilizar el término "católicos LGBTQ" tras un acalorado debate interno sobre el tema. Sin embargo, también admitió que las enseñanzas de la Iglesia sobre sexualidad e identidad no habían tenido suficientemente en cuenta la experiencia humana y las ciencias, y afirmó que era necesaria "una mayor precisión y un estudio más profundo".

La implicación es que si esto sucede, podría llevar a una reconfiguración de la enseñanza sexual católica, incluida la homosexualidad. Francisco no ha seguido ese camino, pero la apertura pastoral que ha modelado hacia los homosexuales sienta las bases para reformas aún más significativas en el futuro”.

Por el otro lado leo a Ivan Salcedo, periodista de la famosa revista española LGTBIW+ Shangay, que la Asamblea de Madrid acaba de aprobar la reforma legislativa que derogará las leyes LGTBI y Trans autonómicas en vigor desde 2016.

 

“La Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos del PP y el apoyo de Vox, un gravísimo recorte en los derechos de las personas LGTBIQ+ de la Comunidad de Madrid. Se trata de una decisión sin precedentes: por primera vez en la historia democrática de España, una cámara legislativa va a dar marcha atrás en avances sociales que afectan a una parte vulnerable de la población.

Por eso, las entidades LGTBIQ+ de Madrid agrupadas en Ni un paso atrás, quieren volver a manifestar su más enérgico rechazo a una reforma legislativa totalmente innecesaria e injusta.

El grupo parlamentario del PP, con el apoyo de Vox, dejará así sin efectos prácticos las leyes LGTBIQ+ y Trans, lo que supone un paso atrás en los derechos logrados para todo el colectivo hasta ahora. Los cambios planteados solo están motivados por el desconocimiento y el odio, por una ideología que sigue considerando que la diversidad es una amenaza y no una riqueza para la sociedad. Cuando estos cambios se aprueben, las personas LGTBI+ de Madrid, y muy especialmente los menores, sobre todo los trans, estarán más desprotegidas, más expuestas a acoso, a delitos de odio, a discriminación. Verán su desarrollo personal entorpecido, con más dificultades para crecer en armonía con su propio ser y su entorno.

Cuestiones como los datos que figuran en un abono transporte o una ficha escolar serán de nuevo motivo de sospecha y causa de discriminación. Desaparece de la ley toda actividad educativa dedicada a formar a alumnos y profesores en la diversidad para abordarla, no como una amenaza, sino como una oportunidad para aprender que ser diferente es solo un rasgo que enriquece al aula y no puede ser causa de discriminación, acoso o violencia.

Se quiere volver a la patologización de la identidad de género, lo que supone exigir un diagnóstico mental y considerar a las personas trans como enfermas, en contra de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó claro en 2018, como ya había hecho con la homosexualidad en 1990. Una cosa es que quien lo necesite acuda a un terapeuta y otra muy diferente es que se le exija. Además, la nueva redacción de las leyes deja abierta la práctica de terapias de aversión o reconversión, rechazadas por toda la comunidad científica y social.

Los cambios aprobados tienen otras muchas consecuencias, como la desaparición de la obligación de que las normas autonómicas incluyan una evaluación de su impacto en diversidad, la desaparición del Consejo LGTBI o el Centro de documentación y memoria histórica LGTBI y de la obligación de las instituciones y los poderes públicos madrileños a dar visibilidad a las personas LGTBI y a sus efemérides o celebraciones importantes.

Este 22 de diciembre se recordará como un día para la infamia. La diversidad de género no es una ideología, es una realidad. Ignorar nuestras vidas, laminar nuestras existencias y maltratar a nuestros menores de esta forma sí que es una ideología que hay que combatir. Se llama LGTBIfobia y transfobia. Todo ese sufrimiento añadido, que no dudamos que va a repercutir en su salud mental, será a cambio de nada: ninguna persona o colectivo se va a beneficiar de estas restricciones y recortes. No nos resignaremos ante este ataque a nuestros derechos, porque la historia y la mayoría social madrileñas están de nuestra parte, y por eso no daremos ni un paso atrás”.

Nunca olvidaré la alegría que sentí cuando en su 19na. Asamblea 1ra. Sesión Legislativa Ordinaria del Senado de Puerto Rico los senadores Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl del Movimiento Victoria Ciudadana presentaron el P. del S. 485 referido a la Comisión Derechos Humanos y Asuntos Laborales el 30 de junio de 2021 para establecer la “Carta de Derechos de las personas LGBTTIQ+”; disponer sobre sus derechos y protecciones ante la sociedad; y definir las obligaciones y responsabilidades de las agencias del Estado, y el sector privado, respecto a los derechos humanos que cobijan a las personas LGBTTIQ+.

Seria oportuno hacer un recuento histórico de que ha ocurrido previamente. No fue hasta el 2017 que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la red de Parlamentarios para la Acción Global (PGA) del 2017, publicaron el Manual para Parlamentaristas, donde establecen que la homofobia y otras formas de estigma, violencia y discriminación hacia las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales, queer y asexuales (LGBTTIQ+), que limitan significativamente su exclusión de la sociedad, su acceso a los servicios sociales y de salud, e impiden su desarrollo social y económico. La organización Human Rights Watch, ha documentado y dado a conocer los abusos perpetrados por motivos de orientación sexual e identidad de género en el Mundo. Estas violaciones a derechos humanos incluyen torturas, asesinatos y ejecuciones, detenciones avaladas por leyes injustas, trato desigual, censura, abusos médicos, discriminación en los ámbitos de salud, empleo y vivienda, violencia doméstica y de género, abusos contra menores, negación de derechos familiares y reconocimiento. La propuesta de HRW invita a impulsar leyes y políticas que protejan la dignidad de todas las personas y promuevan un mundo donde puedan gozar plenamente de sus derechos, además de trabajar en la promoción de los derechos y libertades de lesbianas, gay, bisexuales, personas transexuales y transgénero, queer, intersex y/o cualquier otra identidad reconocida.

A nivel internacional se ha avanzado en la reclamación de los derechos de las personas LGBTTIQ+. Desde el año 2004, el 17 de mayo fue determinado como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y Bifobia, por la conmemoración de la eliminación de la homosexualidad como parte de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990.

Los principios de Yogyakarta son otra instancia de avance en la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos relativos a la orientación sexual, diversidad corporal, expresiones de género e identidad de género. Estos derechos están intrínsecamente conectados con los derechos a la identidad personal, al nombre, a la salud, al trabajo, vivienda, educación y cultura, entre otros. Igualmente, así lo reconoce el informe Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Otra instancia importante es la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 2011, sobre la finalización de los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Esta declaración reconoce públicamente el tratamiento inaceptable que reciben personas alrededor del mundo, por su orientación sexual o su identidad de género.

Así también en junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó la Resolución 17/19, que reconoce los actos de violencia y discriminación que se cometen contra las personas LGBTTIQ+ en todo el mundo. El Informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual o su identidad de género, presenta los problemas que enfrentan las personas LGBTTQI+ y establece la obligación de todos los Estados de proteger los derechos de toda la ciudadanía.

Como una contribución para respaldar la implementación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 10 de diciembre de 2015, el PNUD desarrolló un Índice de Inclusión LGBTTIQ+, que incluye la medición de cinco dimensiones, que deben ser consideradas en la creación de políticas públicas que favorezcan el cumplimiento con los derechos humanos de las personas LGBTTIQ+: participación política y cívica, bienestar económico, seguridad personal, salud y educación.

Por otro lado, en el caso de Bostock v. Clayton County, 140 S. Ct. 1731 (2020), el Tribunal Supremo Federal atendió una controversia sobre discrimen laboral por orientación sexual e identidad de género, y estableció que un patrono que discrimina basado en dichas clasificaciones viola la cláusula que prohíbe el discrimen por sexo contenida en Ley de Derechos Civiles 7 [3] [Federal] de 1964.  Además, el Tribunal del Cuarto Circuito, en el caso de Grimm v. Gloucester Cty. Sch. Bd., una decisión relacionada al discrimen por identidad de género, resolvió que la Cláusula de la Igual Protección de las Leyes de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, protege a estudiantes violencia cometidos contra personas por su orientación sexual o su identidad de género, transgénero de las políticas escolares que prohíben el uso del baño según su identidad de género y como un ejercicio de su afirmación. 8

En el contexto histórico local, a finales del Siglo XIX surgía un orden más progresista en España, mismo periodo en el que Puerto Rico fue adquirido por los Estados Unidos.

El ordenamiento jurídico en Puerto Rico cambió para atemperarse con la corriente norteamericana, la cual estaba desfasada en relación a la corriente europea del momento. “A tono con lo anteriormente expuesto, no debe sorprendernos que la respuesta del derecho al ejercicio de la sexualidad en todas sus dimensiones y vertientes estuviera rezagada tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Ello implicó que muchos de los cambios respecto a la criminalización de ciertas conductas o el reconocimiento de ciertos derechos llegara más tardíamente con relación a Europa, e inclusive, Latinoamérica”.

En los últimos años, nuestra Asamblea Legislativa ha comenzado a promover la diversidad, aceptación y ampliación de los derechos de las personas LGBTTIQ+. Leyes como la Ley Núm. 22-2013, mejor conocida como “Ley para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por Orientación Sexual o Identidad de Género en el Empleo, Público o Privado” establece que no se discriminará por orientación sexual e identidad de género en el empleo y la Ley Núm. 23–2013, que amplió las protecciones a parejas del mismo género y sus diversidades, de los procesos de la Ley Núm. 54 15 de agosto de 1989, mejor conocida como la “Ley de Prevención e Intervención con Violencia Domestica” según enmendada.

Además, se han presentado varios proyectos por esta Asamblea Legislativa a los fines de extender y reconocer más derechos a las personas LGBTTIQ+ o erradicar el discrimen producto de prácticas sociales que no son cónsonas con una sociedad inclusiva.

En varias ocasiones y por medio de esta columna he clamado a nuestro Gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia que se posicione sobre los derechos de una comunidad puertorriqueña que también ejerce su derecho al voto, pero mis reclamos han caído en oídos sordos. 

Llegó el momento de unirnos y reclamar nuestros derechos.  ¿Quién da un paso adelante?