(San Juan, 12:00 p.m.) Con el propósito de garantizar la transparencia, el buen uso de fondos públicos y la erradicación del germen de la corrupción, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, radicó el proyecto 1981 con el fin de hacer obligatorio el establecimiento de un plan de clasificación y retribución de los empleados de la Legislatura. “Al presente solo existe un Plan de Clasificación y Retribución para los empleados administrativos de la Cámara de Representantes. Para los empleados legislativos se firmó una circular que estableció unas guías con unos salarios tope según las funciones y las plazas de cada empleado, las mismas no son de carácter obligatorio y su implementación está sujeta a la discreción de cada legislador”, expresó Márquez Lebrón. Expuso que “en aras de garantizar la transparencia, el bueno uso de fondos públicos y la erradicación del germen de la corrupción mediante este tipo de esquemas, resulta urgente la obligatoriedad de Planes de Clasificación y Retribución en la Asamblea Legislativa”. La obligatoriedad que busca el portavoz del PIP en la Cámara de Representantes sería mediante una enmienda a la ley para cambiar el lenguaje de esta de “podrá” a “deberá adoptar un plan de clasificación y retribución de sus respectivos empleados…” El legislador independentista explicó que el Plan de Clasificación y Retribución es el mecanismo que se utiliza para compensar a los empleados por su trabajo, de manera justa y equitativa, agrupando en clases los puestos según las similitudes en cuanto a la naturaleza y complejidad de sus deberes, el grado de autoridad y responsabilidad asignado a los mismos y la preparación académica y experiencia de los empleados, entre otros criterios. Este mecanismo, detalló Márquez Lebrón, crea un orden organizacional que fortalece el principio de mérito en la administración de los recursos humanos, garantiza el principio de igual paga por igual trabajo y promueve la transparencia, evitando posibles casos de corrupción. Al presente, tanto la Rama Ejecutiva, como la Rama Judicial cuentan con un Plan de Clasificación y Retribución. “Exhorto al liderato de la Cámara de Representantes a atender esta medida de inmediato y aprobar la misma como mecanismo para el buen manejo de fondos públicos y como un esfuerzo preventivo contra la corrupción”, culminó Márquez Lebrón.
