(San Juan, 12:00 p.m.) La Rama Judicial de Puerto Rico no está exenta de cuestionamientos ante las profundas deficiencias en su operación que han provocado “la revictimización constante de las víctimas del crimen ante la ola de feminicidios que arropa al país”, estableció hoy el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez. El líder legislativo acusó a los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico de legislar beneficios a su favor, violentando la separación de poderes, mientras se produce la pérdida injustificada de vidas por la incompetencia de ese sistema que se compensa a sí mismo con bonificaciones y privilegios. Hernández Montañez reaccionó de este modo ante la determinación de los magistrados del máximo foro judicial de esta isla del Caribe bajo el alegato de que no se notificó a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) en el período establecido un recurso de apelación. Ante tal situación, entra en vigor la sentencia que el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, emitió el 17 de noviembre de 2023 para incrementar de modo retroactivo el salario de los miembros de la judicatura. “Todas las partes fueron debidamente notificadas dentro del término dispuesto por nuestro ordenamiento y así lo acreditamos ante el propio tribunal”, sostuvo Hernández Montañez. El diputado del opositor Partido Popular Democrático (PPD) manifestó que “el efecto inmediato de esta sentencia —sin la firma de ninguno de sus ponentes— es que el Poder Judicial —particularmente los propios jueces que emitieron este dictamen— se han legislado para sí mismos privilegios y beneficios”. Esto se produce, ratificó, “en menoscabo de la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que juraron defender, en un momento histórico donde la credibilidad de las instituciones públicas se encuentra en precario”. Hernández Montañez advirtió que la propia Rama Judicial no está exenta de estos cuestionamientos ante las profundas deficiencias en su operación que han provocado la revictimización constante de las víctimas del crimen ante la ola de feminicidios que arropa al país. Atribuyó a los jueces “la pérdida injustificada de vidas (de mujeres) por la incompetencia de ese sistema que hoy se compensa a sí mismo con bonificaciones y privilegios”. Explicó que este viernes recibió la notificación del Tribunal Supremo de Puerto Rico de que sus miembros desestimaron la apelación presentada por la Cámara de Representantes para defender las prerrogativas constitucionales y la doctrina de separación de poderes por —alegadamente— no haber perfeccionado el recurso dentro del término jurisdiccional. Al diferir de esta planteamiento, el líder de los diputados puertorriqueños hizo un llamamiento “a la prudencia”, a la vez que estableció que “nuestros abogados están preparando un recurso de reconsideración, fundamentado en derecho —para que el alto foro judicial adjudique esta controversia en sus méritos”. Manifestó que la Cámara de Representantes “no claudicará a la defensa de sus prerrogativas constitucionales ante el uso desmedido de un tecnicismo inconsecuente para obtener un beneficio personal en menoscabo del Poder Legislativo”. Hernández Montañez se mostró confiado en que “el Tribunal Supremo desistirá de este nefasto precedente”. El máximo foro judicial puertorriqueño declaró ha lugar los recursos que presentó el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero, contra el gobierno de Puerto Rico y la Oficina de Administración de Tribunales. La parte demandante, representada por los abogados José Andréu Fuentes y Frank C. Torres Viada, alegó que la Legislatura avaló el aumento salarial mediante la Resolución Conjunta 39-2023, para el año fiscal 2023-2024. A su juicio del Supremo, no es necesario que la Asamblea Legislativa trabaje un proyecto de ley para darle paso a la partida de 11,2 millones de dólares para el incremento que reclaman los jueces en esta nación del Caribe, bajo la dominación colonial de Estados Unidos.
