(San Juan, 11:00 a.m.) Un líder religioso de Cayey, Eduardo Luis Marrero Casanova, de 53 años, fue sentenciado el martes, 27 de febrero, a 240 meses de prisión por dos cargos de producción de pornografía infantil por el juez federal Raúl M. Arias Marxuach, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.
Según documentos judiciales, desde diciembre de 2022 hasta el 25 de enero de 2023, Marrero Casanova utilizó un teléfono celular, así como servicios de mensajería instantánea de Internet, para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a sabiendas a dos menores de 15 años para que participaran en actividad sexual por la cual cualquier persona puede ser acusada de un delito penal, que incluye la producción de pornografía infantil, según se define en el Título 18 del Código de los Estados Unidos.
Además, Marrero Casanova empleó, usó, persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a sabiendas a un menor, e intentó participar en una conducta sexualmente explícita con el propósito de producir cualquier representación visual de tal conducta.
En un caso separado, Alexander Joel Rivera-Santos, de Salinas, fue sentenciado el 9 de febrero de 2024 por el juez federal Francisco A. Besosa a 51 meses de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada por posesión de material de explotación infantil en violación de 18 U.S.C. § 2252A(a)(5)(B).
Según documentos judiciales, una investigación de HSI Phoenix, en Estados Unidos, sobre salas de chat que utilizaban la aplicación de chat Viber para intercambiar pornografía infantil identificó a usuarios que eran miembros de un chat que intercambiaba pornografía infantil.
Los números de varios usuarios estaban afiliados a números telefónicos de Puerto Rico. Esos números fueron remitidos a HSI San Juan para una mayor investigación.
Una búsqueda en una base de datos de código abierto reveló que Rivera-Santos estaba utilizando uno de los números de teléfono celular identificados como un miembro conocido de esas salas de chat.
Los resultados de la investigación revelaron que desde el 6 de mayo de 2021 o alrededor de esa fecha hasta el 24 de junio de 2022, Rivera-Santos, usando un dispositivo de teléfono celular que tenía capacidades de Internet, poseía a sabiendas y accedió con la intención de ver, material que contenía imágenes de pornografía infantil, es decir, imágenes sexualmente explícitas de menores de edad y de menores realizando actos sexuales, incluidas imágenes de menores prepúberes o menores que no hayan cumplido los 12 años de edad.
El fiscal federal W. Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico, y Rebecca González Ramos, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, hicieron el anuncio de lo ocurrido.
Las fiscales federales adjuntas Daynelle Álvarez Lora y Emelina Agrait Barreto procesaron los casos, investigados por Seguridad Nacional.