(San Juan, 10:00 a.m.) El gobierno dominicano rechazó declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que se irrespetan los derechos humanos de los haitianos que buscan mejorar su vida en otros lugares y pidió que deje sin efecto las “deportaciones forzosas”. A través del canciller local, Roberto Álvarez, el Poder Ejecutivo expresó que basado en la legislación migratoria “tenemos una política establecida, que por motivos de interés nacional se está retornando a Haití toda persona que está ilegal en territorio dominicano”. En ese sentido, el funcionario señaló que la República Dominicana contribuye de manera significativa con la población haitiana, pues según la cifras, un 16% del gasto del presupuesto nacional de salud es utilizado por la población haitiana, así como un 36% de las camas de maternidad son utilizadas por parturientas esa nación, “lo que da como resultado una cifra astronómica”, dejando a la nación sin otra alternativa más que de continuar con el regreso de toda persona que se encuentre ilegal”. “Lo hacemos respetando los convenios internacionales, los tratados de derechos humanos; no somos perfectos, de vez en cuando ocurren situaciones, pero tratamos de corregirlas inmediatamente”, aseguró. También destacó que en la actualidad el Estado mantiene un diálogo continuo con las autoridades, dentro de los cuales se incluyen el director de Migración y Las Fuerzas Armadas, ya que existe un deseo y una voluntad por parte de todas las autoridades dominicanas de cumplir con las normas establecidas. El canciller Álvarez, durante su participación en el Almuerzo del Grupo Corripio, destacó que para la República Dominicana como para ningún otro país, la situación de Haití se trata de un tema de seguridad nacional, ya que a diferencia de los demás países interesados en aportar a la situación, ninguno posee la vecindad con dicho país. Refiriéndose a la situación que padece ese suelo, este miércoles, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que “no queremos que haya deportaciones en masa o forzosa de gente hacia un país que claramente no es seguro”. La Organización Internacional de Migraciones publicó el pasado febrero que en ese mismo mes había habido 9.000 casos de migrantes haitianos “devueltos a la fuerza desde países vecinos”, y de ellos un 95% procedían de República Dominicana. Precisamente el pasado 13 de febrero el presidente Luis Abinader se desplazó a Nueva York para participar en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Haití, y a su salida subrayó el rápido deterioro de la seguridad en el país vecino, ante lo que pidió actuar a la comunidad internacional, y lanzó un aviso. “O luchamos juntos para salvar a Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana”, manifestó.. Igualmente, Dujarric volvió a pedir a la comunidad internacional que actúe con celeridad para resolver la crisis en la nación caribeña, la más pobre de la región, envuelta en una incierta transición, e instó a no delegar toda la responsabilidad en Kenia como país que se ha comprometido a liderar una futura fuerza multinacional de apoyo a la policía local. “No creo que sea justo poner el futuro de Haití solo en los hombros de Kenia, hay una responsabilidad a nivel internacional; necesitamos que llegue más dinero para el Fondo Fiduciario” (que financiará esa misión multinacional), insistió. Además, dijo que no le toca a la ONU liderar el cambio en ese pueblo porque “no es cosa del secretario general ni de Naciones Unidas imponer una solución al pueblo de Haití. Ya se ha intentado muchas veces sin gran éxito. Lo que hace falta es que la clase política haitiana, la sociedad civil, acuerden una hoja de ruta, como se ha dispuesto, con la creación de un Consejo Presidencial”. La violencia, la inseguridad y el caos que registra la parte occidental de la isla de la Hispaniola promovida por las pandillas armadas, ha azotado la frágil economía en ese lugar, causando escasez de alimentos y agua. El anuncio de Ariel Henry de que dimitirá como primer ministro en cuanto haya un consejo presidencial de transición abrió una nueva puerta en el difícil camino de Haití para intentar superar la aguda crisis que atraviesa y los altos niveles de violencia, incrementados aún más en los últimos días. Las peticiones de que Henry debía abandonar el poder se sucedían desde hacía mucho tiempo, tanto entre movimientos y formaciones políticas internas como entre las bandas armadas, que aseguraban que este era precisamente su objetivo último. Incluso en diciembre de 2022 ya el mandatario se comprometió, mediante un acuerdo con representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y miembros del sector privado, a abandonar el poder el pasado 7 de febrero, algo que no se produjo. Todo se precipitó con las presiones del exterior a favor de una transición para la que, según se anunció en las últimas horas, se creará un consejo conformado por siete miembros y dos observadores, como se decidió en una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Jamaica con representantes de socios internacionales como Francia o Estados Unidos (con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a la cabeza) y de la ONU. Los miembros de este consejo serán designados por los entes Colectivo 30 de Enero, Acuerdo de Montana, Acuerdo del 21 de Diciembre, EDE/RED, las fuerzas políticas Fanmi Lavalas y Pitit Desalin y el Sector Privado, mientras que los observadores representarán el Reagrupamiento por una Entente Nacional y Soberana (REN) y la diáspora de haitianos en el extranjero.
