(San Juan, 11:00 a.m.) Un gran jurado federal emitió una acusación formal de 17 cargos contra Myrna Faría, también conocida como Myrna Oliveras-Santiago, de robo de fondos gubernamentales en violación varias normas, fraude postal, uso indebido de números de Seguro Social y robo de identidad agravado, anunció hoy W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. Según documentos judiciales emitidos el 6 de marzo de 2024, Faría fue empleada por la Administración del Seguro Social (ASS) desde 1991 hasta 2019 como “Especialista en Seguro Social” y “Especialista en Reclamaciones” en la Unidad de Apoyo a la Carga de Trabajo en San Juan. Desde marzo de 2012 hasta marzo de 2024, la empleada malversó y robó fondos de la ASS, a saber, beneficios del seguro de jubilación, beneficios del seguro de sobrevivientes y pagos de beneficios auxiliares, a los que sabía que no tenía derecho. En total, Faría robó aproximadamente $1.812.455,10, utilizando su posición dentro de la ASS para presentar reclamos falsos en nombre de otros, utilizando la identidad de personas que creía fallecidas. Luego aprobó esas afirmaciones falsas y presentó su propia información bancaria y de dirección para recibir de manera fraudulenta los ingresos correspondientes del beneficiario de la ASS. Según las autoridades, Faría procedió a retirar, transferir y gastar el dinero de las cuentas que obtuvieron fraudulentamente los fondos de la ASS. A lo largo de doce años, presentó y aprobó 13 reclamaciones fraudulentas y a la fecha de emitirse la acusación el 6 de marzo seguían activas un total de 10 reclamaciones fraudulentas y recibiendo fondos. “Es especialmente atroz cuando personas que ocupan puestos de confianza pública participan en actividades delictivas”, dijo Muldrow. El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico sostuvo que la acusada en este caso “abusó de la confianza depositada en ella por la Administración del Seguro Social y el público”. “La Fiscalía de los Estados Unidos seguirá trabajando con todas las agencias encargadas de hacer cumplir la ley para salvaguardar la integridad de las instituciones del gobierno federal y llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia”, abundó Muldrow. Faría aprovechó su posición para su beneficio personal y robó más de $1,8 millones, según la evidencia obtenida en esta investigación, que reveló falsificó beneficios de seguro de jubilación, sobrevivientes divorciados o viudos y reclamos auxiliares para 13 personas que habían fallecido o que ella esperaba que hubieran fallecido. La agente especial a cargo de la Administración del Seguro Social en la Oficina del Inspector General, Sharon MacDermott, apuntó que Faría provocó que la ASS realizara los pagos fraudulentos de beneficios, que dirigió a ella misma”. “Continuaremos trabajando con la ASS para identificar pagos de beneficios fraudulentos”, dijo al agradecer al FBI (Negociado Federal de Investigaciones) y al Servicio de Inspección Postal de los EEUU por sus esfuerzos en esta investigación y a la fiscalía por procesar este caso. En tanto, Joseph González, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan, la mujer en este caso “usó su posición como empleada de la Administración del Seguro Social para crear reclamos de beneficios falsos usando números de seguro social para personas fallecidas, así como otras tácticas, y al hacerlo, robó casi 2 millones de dólares”. Agregó que, incluso después de jubilarse, continuó enriqueciéndose ilegalmente. “Esta es una conducta vergonzosa y despreciable por parte de un funcionario público, alguien llamado a servir al pueblo, no a quitarle nada”, dijo. “Nadie está por encima de la ley, e incluso si crees que puedes salirte con la tuya, tarde o temprano lo descubriremos y enfrentarás las consecuencias”, añadió. Si es declarada culpable, la acusada enfrenta las siguientes penas máximas: 10 años de prisión por robo de propiedad del gobierno; 20 años de prisión por fraude postal; 5 años de prisión por uso indebido de números de Seguro Social; y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad agravado. Un juez de un tribunal de distrito federal en Puerto Rico determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas y otros factores legales. La fiscal federal adjunta especial Vanessa D. Bonano-Rodríguez está procesando el caso.
