(San Juan, 9:00 a.m.) En momentos en que nos enteramos de que la Administración de Corrección permitió y facilitó la excarcelación de un confinado, sin cualificar, que cumplía una condena de 125 años por asesinato, debemos recordar que igual lo hicieron hace cerca de 25 años, cuando excarcelaron sin cualificar a los cinco expolicías convictos por los asesinatos del Cerro Maravilla.
El confinado, sospechoso del feminicidio ocurrido en Manatí en días recientes, salió a la calle bajo una ley que no le aplicaba. Los policías de Maravilla, salieron a la calle sin haber cumplido su sentencia estatal por los asesinatos de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, en el Cerro Maravilla, el 25 de julio de 1978.
Estas ocurrencias llevan a sospechar que en Corrección operan “fuerzas extrañas”. No es coincidencia. Es como si existiese una “mafia” que actúa con impunidad. Cómo no pensar que hacen y deshacen con los referidos de los confinados que no cualifican para disfrutar del privilegio de libertad.
La existencia de esta “mafia institucional” quedó en evidencia durante la investigación que realicé en 2000 para el diario Primera Hora, como parte de su plantilla, en torno a la excarcelación ilegal de los cinco policías convictos por los asesinatos de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví.
Nuestros hallazgos revelaron que los reos habían sido puestos en la calle sin haber extinguido sus condenas estatales por los asesinatos.
Era el 7 de noviembre de 2000, día de las Elecciones, y mi supervisora Nilsa Pietri, leía los edictos, cuando se topó con uno en que la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) notificaba al escritor Pedro Juan Soto que lo intentaban localizar, ya que tenían bajo su consideración el referido de Corrección para conceder la libertad bajo palabra a Rafael Moreno Morales, el policía asesino de Carlos Soto Arriví.
En diciembre 2000, el vicepresidente de la Junta, Héctor Martínez Maldonado, se personó en la residencia del escritor Pedro Juan Soto, no para cuestionarle si objetaba o no la excarcelación, sino para preguntar las condiciones que quería se le impusieran al asesino de su hijo.
Obvio que Soto objetó su excarcelación.
Era cuestión de horas para que Moreno Morales pusiera un pie en la calle. Las manecillas del reloj corrían. La pregunta a hacerse era si la condena que le impuso el juez de Instancia, Luis Raúl Cruz Jiménez, a Moreno Morales y demás policías, era concurrente o consecutiva con la sentencia federal impuesta por la jueza Carmen Consuelo Vargas de Cerezo, por cargos de perjurio.
Pregunté a Martínez si tenía la sentencia por los asesinatos y… ¡no la tenía!
¿Cómo Corrección iba a referir un reo a la JLBP sin la sentencia y los cómputos de que había extinguido la misma. ¿Cómo la Junta y Héctor Martínez iban a conceder el privilegio si no tenían la sentencia, para verificar si cualificaba?
Corrí al Archivo del Tribunal y solicité acceso al expediente del juicio por los asesinatos y, casualmente, me indicaron que la Junta también había buscado la sentencia horas antes.
Y, adivinen, la sentencia era consecutiva con la federal. Moreno Morales no cualificaba. No había cumplido ni un día por los asesinatos.
Justo el día en que se disponían a dejarlo en la calle, Primera Hora publicó su portada: Rafael Moreno Morales no cualifica para libertad bajo palabra. No ha cumplido ni un día de cárcel por los asesinatos. Obviamente, esto ocasionó revuelo.
¿Y los otros policías condenados?, nos preguntamos. Resulta que se encontraban todos en la libre comunidad hacía rato, sin haber cumplido sus condenas. Los sacaron. Unas “fuerzas extrañas” los sacaron.
La administradora de Corrección era Zoé Laboy, quien dijo estar sorprendida ante la revelación de Primera Hora, ordenó una “investigación” y dio a conocer los verdaderos cómputos de extinción de sus respectivas condenas.
Ante los hallazgos de Primera Hora, la entonces secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, ordenó una investigación, que estuvo a cargo del fiscal José A. Virella, quien solicitó al Tribunal de Instancia el reingreso a prisión de los expolicías. Lo que sucedió en marzo de 2001.
Una de las fuentes me relató de un alcalde que fue a recoger en su vehículo oficial al policía Nelson González, al momento de su liberación ilegal.
Juzgue usted si operan “fuerzas extrañas” en la Administración de Corrección.