La Paz- El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer la expulsión del país de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), acusada de conspirar contra su gobierno.
"No faltan algunas instituciones de la Embajada de Estados Unidos que siguen conspirando a este proceso, al pueblo y en especial al Gobierno nacional y por eso aprovechando el 1 de mayo, quiero informarles que hemos decidido expulsar a Usaid de Bolivia, se va Usaid de Bolivia", dijo el mandatario en un acto por el Día Internacional de los Trabajadores.
Morales ya había valorado una posible expulsión de la Agencia el pasado 18 de abril, cuando criticó un discurso del jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, en el que calificó a Latinoamérica de patio trasero de su país.
"Repudiamos las declaraciones por considerarlas irrespetuosas, porque desconocen la realidad de los pueblos de América Latina", aseguró entonces el mandatario.
El gobernante recordó que su nación dejó de ser patio trasero gracias a la liberación económica, la nacionalización de los hidrocarburos y la lucha de los movimientos sociales.
Morales acusó a la Usaid de injerencia política en los sindicatos campesinos y otras organizaciones sociales para desestabilizar su gobierno, como antes hacía la embajada de la nación norteña.
La invitación a abandonar el país a una institución de Estados Unidos es la tercera que realiza el gobernante desde que llegó al poder en las elecciones de 2005.
En 2008, Morales expulsó al embajador Philip Goldberg, acusado de conspirar con la oposición, y en noviembre del mismo año pidió la retirada de la agencia antidrogas del país norteño por presunto espionaje.
La Usaid operaba en Bolivia desde 1964 y contaba con una de las infraestructuras, flota de automóviles y despliegue de agentes más grande de todas las intituciones existentes en Bolivia, nacionales o extranjeras.
Como parte del acto por el Primero de Mayo, celebrado en la céntrica Plaza Murillo de esta capital, Morales anunció además la aprobación de un grupo de leyes sociales, como la sucesión de contratos mineros, una normativa contra el avasallamiento y un decreto para fijar un aumento salarial del ocho por ciento.