Dos jóvenes negros, Alexis Amador Huggins y John Anthony Morales López se encuentran enfrentados en un proceso criminal por tentativa de secuestro de vehículo y asesinato del joven Stefano Steenbakkers Betancourt. La tentativa y asesinato ocurrió el pasado 24 de junio de 2012.
El haber asesinado al joven Steenbakkers Betancourt es un asunto no aceptable. Nadie es el creador, para determinar quien vive y quien muere. No obstante, la consecuencia de haber federalizado tantos casos durante el cuatrienio 2008 al 2012, como parte de la política pública oficial del gobierno de Puerto Rico, representa que un gran número de jóvenes puertorriqueños que confrontaron problemas con la ley, sean expuestos a largas condenas en las cárceles federales, y los lleve a vivir fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Esto en principio no es ni bueno ni malo, es un problema social y jurídico muy complicado y complejo.
El efecto de haber federalizado sobre 200 casos en los últimos años cuatro años expone a una población particular a ser extraída y desvinculada de su punto de origen, y a cumplir cárcel fuera de su país de origen. El efecto esto es la pérdida de derechos civiles de ciudadano. Es decir, ya se sabe que cuando se está preso no se tienen los mismos derechos civiles que tiene un ciudadano. Pero si sobre esta condición se remueve a la persona de su punto de origen, se le está privando de toda relación de apoyo que el mismo tiene en su comunidad.
La comunidad afro-americana en los EE.UU ha destacado esto como el proceso de pérdida de derechos civiles. En el caso de Puerto Rico, el efecto es mayor por tratarse de un territorio colonial.
Entonces no deberíamos pensar la situación de otra forma. En el caso del asesinato de Stefano Steenbakkers, si no certificaron la pena de muerte, ¿para qué hay que enjuiciar a dos negros, y enviarlos a cárceles en Atlanta? Espero que no sea para privarnos en la isla de poblaciones votantes que son pobres, jóvenes y negras. Espero que no sea por esta razón.