Debate en Nuevo México sobre el matrimonio igualitario

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El tribunal superior de Nuevo México aborda el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ya que las leyes del estado no prohíben explícitamente la autorización de dichas uniones.

El tribunal superior de Nuevo México aborda el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y podría establecer un precedente estatal en un momento cuando varios condados validan las uniones y varios no.

La Suprema Corte escuchará los argumentos que presenten los abogados. No hay plazo para que los cincos magistrados emitan su decisión.

Se encuentra en juego el fallo que un juez de distrito emitió en Albuquerque a finales de agosto negando actas a parejas gay y lesbianas por considerarlas anticonstitucionales.

Oficiales mayores de todo el estado han solicitado a los magistrados aclarar las leyes estatales debido a que ocho de las 33 oficialías mayores están otorgando actas matrimoniales a parejas del mismo sexo.

Las leyes de Nuevo México no prohíben explícitamente la autorización del matrimonio homosexual. No obstante, las leyes matrimoniales —que no han cambiado desde 1961— contienen una solicitud para acta matrimonial con secciones para solicitantes del sexo masculino y el sexo femenino. También hay referencias a “marido” y “mujer”.

Tanto el actual como anteriores procuradores generales estatales han manifestado que la ley prohíbe en términos prácticos el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero el procurador general Gary King —quien es demócrata— sostiene que dicha prohibición es anticonstitucional. La procuraduría a cargo de King está defendiendo al juez de Albuquerque que ordenó que en dos condados se tramitaran actas matrimoniales a parejas del mismo sexo.

Otros catorce estados y el Distrito Columbia permiten el matrimonio del mismo sexo ya sea mediante fallos judiciales, leyes o referéndum electoral.

El caso de Nuevo México ha llamado la atención de activistas nacionales que defienden ambos lados del debate.

La Unión Americana para las Libertades Civiles y el Centro Nacional para los Derechos Lésbicos están representando a parejas del mismo sexo en el caso. Alegan que el matrimonio gay debe autorizarse debido a las garantías constitucionales de protección equitativa ante la ley y la prohibición estatal de discriminar en base a orientación sexual.

Fuente: Diario.