Los puertorriqueños podrían considerar un boicot a las grandes empresas norteamericanas que operan en Puerto Rico como método de presión para que los Estados Unidos actúe para terminar la relación colonial que tiene la Isla con esa nación, expresó un juez de uno de los tribunales más poderosos en los Estados Unidos.
Los comentarios los hizo el juez Juan R. Torruella, miembro y expresidente del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones, basado en la ciudad de Boston, en un foro reciente en la Universidad de Harvard. Torruella, quién es puertorriqueño y tiene un doctorado en historia de la Universidad de Oxford, comparó el posible boicot con las gestas de Mahatma Gandhi, Rosa Parks y el incidente denominado el Boston Tea Party, que sirvió de antesala para la Revolución Norteamericana del siglo XIII. Sin embargo, en entrevistas subsiguientes ha dicho que no favorece ninguna acción de desobediencia civil que sea ilegal ante las leyes tanto de Puerto Rico como los Estados Unidos. Torruella favorece que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la unión norteamericana.
“Este no es un llamado de dimensiones drásticas; simplemente es un reconocimiento del simple hecho de que los consumidores puertorriqueños constituyen uno de los mercados más importante para los productos de Estados Unidos”, (traducción del Post) dijo Torruella ante el foro sobre Puerto Rico, señalando que la Isla es el importador mayor per cápita en el mundo de mercancía norteamericana. Citó la cifra de $35 mil millones anuales.
Por otro lado, el licenciado Rafael Cox Alomar, quien también tiene un doctorado de Oxford, deploró la relación “cuasi-colonial” de la Isla y sus actuales tribulaciones económicas. Cox Alomar favorece que Puerto Rico tenga poderes soberanos en una relación de igualdad con los Estados Unidos.
“La perpetuación de una relación cuasi colonial con Washington, una que unilateralmente impone a la economía débil de la Isla. Todos los costos regulatorios de una de las economías más fuertes y costosas del mundo, junto con la superposición de unos valores de sobre dependencia que han hecho más difícil que Puerto Rico batalle en contra de un colapso fiscal endógeno en una debilitada economía global”. (Traducción del Post), dijo Cox Alomar, quien fue candidato a comisionado residente por el oficialista Partido Popular Democrático (PPD).
Mostró esperanza de que el estado pobre de la economía lleve a su partido a hacer alianzas con otros movimientos para resolver el problema del estatus de Puerto Rico. Sin embargo, señaló la “crisis ideológica” del PPD, que ha impedido a su liderato entender que cualquier cambio a la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico tiene que estar fuera de la cláusula territorial de la constitución norteamericana, cláusula que le otorga el poder político sobre Puerto Rico al Congreso de Estados Unidos. Señaló que la fórmula de Estado Libre Asociado Soberano obtuvo más de 450,000 votos en el último plebiscito celebrado en la Isla.
Mientras tanto, Torruella criticó fuertemente a los llamados “casos insulares”, decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la mayor parte de estas del principio del Siglo XX, que sustentaron la relación desigual entre los Estados Unidos y la Isla. La invasión norteamericana de Puerto Rico se llevó a cabo en el 1898. Estos casos dieron validez a la noción de que Puerto Rico “pertenece a pero no es parte de” los Estados Unidos. Señaló que como puertorriqueño tiene plenos derechos políticos y civiles cuando está en Boston, pero cuando llega a la Isla se encuentra desprovisto de una parte importante de estos. Hizo una comparación entre estas decisiones y el aval que le dio ese tribunal a fines del siglo XIX a la doctrina de “separate but equal”, validando legislación discriminatoria contra los ciudadanos afrodescendientes de los Estados Unidos. Es menester mencionar que en su discurso en Harvard recalcó que la relación de los Estados Unidos y el territorio de Puerto Rico constituían un problema de derechos civiles.