El gobierno de Puerto Rico se comprometió con los bonistas de Estados Unidos a hacer recortes por mil 500 millones de dólares en su presupuesto, lo que perjudicará a la población en general, que terminará más empobrecida, según expertos.
El gobierno puertorriqueño comenzará a vender mañana en el mercado estadounidense una emisión por tres mil millones de dólares, dirigidos a pagar responsabilidades vencidas con la degradación a chatarra de sus bonos y a capitalizar el Banco Gubernamental de Fomento.
El economista Orlando Sotomayor aseguró que un récord de esa magnitud es casi inimaginable, pues sus efectos serán peores que los causados por la ley 7 de emergencia fiscal de 2009, cuando el gobierno de Luis G. Fortuño echó a la calle a cerca de 30 mil empleados públicos.
La cifra, que la administración del gobernador Alejandro García Padilla ha mantenido callada, fue divulgada hoy por el diario puertorriqueño El Nuevo Día, como parte de las promesas a los bonistas para que acojan la emisión de deuda de tres mil millones de dólares.
Hasta ahora el mandatario puertorriqueño había asegurado que el reajuste presupuestario sería de 820 millones de dólares.
De reducirse a tal magnitud el presupuesto del año fiscal 2015-2016 implicará alterar la fórmula que allega ingresos a la estatal Universidad de Puerto Rico, además de congelar los aumentos establecidos en los convenios laborales en las corporaciones públicas.
"Ya no estamos hablando de recortar grasa o gastos superfluos, sino de afectar servicios básicos", advirtió Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía.
A pesar de las promesas hechas por el gobierno de ajustar los gastos públicos, las casas crediticias Standard & Poors, Moodys Investors Service y Fitch Ratings han degradado a chatarra los bonos de Puerto Rico, lo que implicará que la emisión que se haga se pagará a altos intereses.
El gobierno no ha preparado a sus ciudadanos para afrontar recortes de tal magnitud, por lo que sectores sociales anticipan que los próximos años habrá un mayor empobrecimiento en la vida de los puertorriqueños, lo que incrementará la emigración que en los últimos años se estima en 300 mil personas.
"Me parece lamentable que el gobierno de nuestro propio país no nos trate con la misma inteligencia, respeto y transparencia con que trata a los bonistas", dijo Sotomayor, en referencia al prospecto de la emisión de obligaciones generales que detallan las partidas de gastos públicos.
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