(San Juan, 11:00 a.m.) La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia presentó cargos este jueves contra un agente de la Policía, al que se le imputa utilizar una tarjeta electrónica del Gobierno de Puerto Rico para abastecer su vehículo personal con gasolina.

Félix Rivera Quiñones enfrenta cargos de fraude, apropiación ilegal agravada y uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas, delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.

Los fiscales Arlene Patiño Lorenzo y Enrique Rodríguez Álamo también le formularon un cargo por violar el artículo 4.2(b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.

Esa disposición establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

El caso se originó por un referido de la División de Asuntos Internos del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

La pesquisa fue liderada por el sargento Carlos Crispín López, junto a los fiscales de la DIPAC.

Según la investigación, el 5 de enero de 2023, el imputado se presentó a una estación de gasolina y utilizó una tarjeta electrónica de la flota asignada a un vehículo de su agencia, para comprar combustible y abastecer su vehículo privado. Es decir, que el combustible con el que abasteció su vehículo fue pagado con fondos públicos.

La vista preliminar quedó pautada para el 13 de diciembre de 2023, en la sala 605.

La jueza Alfrida Tomei Imbert, del Centro Judicial de San Juan, determinó causa probable para arresto y le impuso una fianza global de $40,000, la cual fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).

“La corrupción es un mal social que estamos combatiendo en todos los niveles. Nadie puede beneficiarse personalmente de los bienes que le pertenecen al pueblo puertorriqueño. Quien cometa este tipo de delitos, enfrentará la justicia”, manifestó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Este caso fue presentado por el Departamento de Justicia directamente al tribunal, toda vez que al funcionario no le aplican las disposiciones de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

(San Juan, 9:00 a.m.) A nombre de una supuesta defensa, el estado de Israel está cometiendo genocidio, algo denunciado por Naciones Unidas y toda persona civilizada del planeta.

Al viernes 24 de noviembre de 2023, sobre 20 mil ciudadanos palestinos han sido asesinados, la mayaroría de los cuales son niños y mujeres, y alrededor de 36 mil han sido heridos. Según el Observatorio Euromediterraneo de Derechos Humanos, la cifra de muertos a 24 de noviembre era:

En la Franja de Gaza: 20,031 muertos, 36,350 heridos, 6,800 desaparecidos, 1,730,000 desplazados

En Gaza, según estimados europeos, sobre 8,175 niños y niñas y sobre 4,111 mujeres han sido asesinados, Esto ocurre porque Israel bombardea comunidades completas, no solo en zonas “militares”.

Y los ataques de Israel también han matado palestinos en: Cisjordania: 225 muertos más 2,469 heridos El Libano: 66 muertos más 20,000 desplazados

Además en Gaza ha ocurrido: 446 personal médico matados 101 oficiales de la ONU muertos 46 periodistas

Templos destruidos: 91 mezquitas y 3 iglesias

Escuelas atacadas: 260

Industrias atacadas: 1,040

Casas de viviendas: 60% de las viviendas han sido bombardeadas. Totalmente destruidas hay 59 mil casas y otras 165 mil parcialmente destruidas.

Ambulancias. 55 destruidas y decenas inoperantes por falta de combustible

140 Oficinas de prensa palestinas e internacionales estruidas.

Hambre: Israel prohibe que se llevenalimentos a Gaza, haciendo pasar hambre a cerca de dos millones de personas.

Agua: Israel ha cortado el suministro de agua a Gaza.

Euro-Med Human Rights Monitor recordó a sus lectores que, según el derecho internacional humanitario, el hambre es un arma estrictamente prohibida y equivale a una guerra contra civiles. La organización de derechos humanos con sede en Ginebra destacó que Israel, como potencia ocupante en Gaza, está obligado por l derecho internacional humanitario a proteger y satisfacer las necesidades de las persons que viven allí.

Cortar agua y comida es un crimen contra la humanidad, prohido por el derecho internacional.

¿Qué puedes hacer?

Informate –

Manténte al tanto de la verdad, no de las falsas noticias. Israel tiene ejército, bombas atómicas y el apoyo de los poderes como Inglaterra y Estados Unidos. Los palestinos son un pueblo luchando por su sobrevivencia. Esto no es una guerra, es un Genocidio.

Por ejemplo, puedes revisar_

Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos

Médicos sin fronteras

rebelión.org

sabe.ye

telesurtv.net

Informa:

Comparte con tu familia y amistades lo que encuentres. Mucha gente lo que ve es Telemundo y cree sus mentiras.

Protesta:

El viernes 24 de noviembre comenzó una tregua -que Israel ha cumplido parcialmente, aunque ha seguido matando palestinos. Esta tregua es en parte gracias a las protestas en todo el planeta. La presión de la calle logra escucharse pero necesita de que más gente como tú salga a la calle y manifieste tu indignación. ¡¡No hay derecho de matar a inocentes!!

¡VIVA PALESTINA!

¡VIVA PALESTINA LIBRE!

(San Juan, 9:00 a.m.) La Policía fue informada sobre una persona que no responde en la playa Sardinera del barrio Carrizales de Hatillo, en la tarde de este lunes.

Según información, Juan Carlos Naranjo Nieto, de 63 años y residente del estado de California, se encontraba realizando el deporte de Snorkel en la playa, cuando familiares se percatan que se encontraba flotando.

Al lugar se presentaron paramédicos y transportaron a la persona hacia el hospital Metro Pavía de Arecibo, donde falleció.

El agente Ángel Vázquez Viruet, del distrito de Hatillo, investigó el incidente. 

señalamientos de la JSF

(San Juan, 11:00 a.m.) El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, hizo una nueva petición a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que reconsidere su postura en torno a la Reforma Contributiva aprobada por la Legislatura y pendiente de la firma del gobernador Pedro R. Pierluisi para proporcionar alivios al bolsillo de los trabajadores y a los pequeños comerciantes.

El funcionario reiteró que el gobierno tiene la capacidad financiera para conceder estos alivios sin impedir que cumplamos con las obligaciones del Estado, incluyendo aquellas contraídas en el Plan de Ajuste de la Deuda confirmado por el tribunal federal.

“Si logramos que la Junta entienda la importancia que tiene este asunto para la gente, estoy seguro de que finalmente apoyarán el proyecto aprobado, cuyo impacto fiscal sería de unos $550.2 millones anuales”, aseguró Parés Alicea.

Destacó que se estima que las reducciones en tasas contributivas para individuos y corporaciones tendrían un efecto positivo significativo en la economía, porque generarían ingresos adicionales en un promedio de $283 millones anuales.

“Esto significa que, preliminarmente, el costo neto de los alivios aprobados sería $267 millones anuales. También estimamos que los alivios promoverán el regreso a Puerto Rico de unas 15,000 personas, lo que movería aún más la economía”, destacó el funcionario.

Parés Alicea dijo que asesores externos están en el proceso de actualizar los estudios de impacto económico de la Reforma Contributiva, según los cambios finales aprobados, y no anticipa alteraciones sustanciales.

“El gobierno en general, ha tenido mucha disciplina y hemos tomado las medidas necesarias para absorber los costos. La Reforma Contributiva también cuenta con el endoso de organizaciones del sector privado, que entienden es necesaria para hacer justicia a los contribuyentes y estimular la economía en general”, dijo.

El proyecto aprobado por la Legislatura se mantuvo igual a la propuesta inicial del gobernador Pierluisi, en cuanto al ajuste en tasas contributivas. Se aprobó una tasa de 7% para ingresos netos entre $9,001 y $25,000; de 14% para ingresos netos de $25,001 a $41,500; de 22% para ingresos entre $41,501 y $81,500; 30% para ingresos de $81,501 a $300,000 y 33% para ingresos de$300,001 o más. El Ajuste por Costo de Vida, tendría vigencia a partir del año contributivo 2024.

Otros beneficios aprobados para individuos incluyen un aumento en el crédito para personas de 65 años o más de $200 a $400; una nueva exención de hasta $40,000 para médicos residentes en Puerto Rico, por cinco años consecutivos, desde que son admitidos a la práctica de la medicina, a partir del año contributivo 2024 y el descuento del 5% y el 3%, decretado en las leyes 257-2018 y 40-2020, respectivamente, para contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado no exceda los $100,000.

Por otro lado, el proyecto establece tres nuevas escalas contributivas progresivas para corporaciones de 16%, 26% y 36%. Se elimina la contribución adicional de hasta 19%, al igual que el pago mínimo de $500 de la Contribución Alternativa.

El proyecto aprobado recomienda una tasa de 16% para ingresos netos sujeto a contribución entre $0 y $500,000; 26% para ingresos entre $500,001 y$2,000,000 y 36% para ingresos de $2,000,001 o más.

Otras medidas aprobadas incluyen la eliminación de la reconciliación de gastos, cuando el contribuyente está bajo el método de acumulación (accrual basis). Se elimina la obligación de rendir un Informe Anual de Corporaciones ante el Departamento de Estado a entidades domésticas y foráneas, aunque se mantiene el pago de los derechos anuales correspondientes. También se permite al Departamento de Hacienda entrar en acuerdos voluntarios con los municipios para manejar el Impuesto sobre Ventas y Uso Municipal y la Declaración de Volumen de Negocios (Patente Municipal), por SURI.

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(San Juan, 9:00 a.m.) El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación-Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, anunciaron el lunes el comienzo de la reconstrucción y rehabilitación del Albergue de Protección a Víctimas de Delito con una inversión de $13.5 millones de fondos federales.

“Anunciamos el comienzo de la construcción de las mejoras estructurales al Albergue de Testigos, una facilidad de gran importancia para nuestra sociedad. Como pasado secretario de Justicia, reconozco el valor de tener un lugar seguro, digno y hábil para refugiar a víctimas y testigos de crímenes, que se encuentran cooperando con las autoridades para garantizar que se haga justicia”, dijo Pierluisi sobre las 20 estructuras que conforman el Albergue el cual tiene capacidad para hospedar a sobre 120 personas.

La reconstrucción es posible luego que, a principios de su administración, Pierluisi destinara $9.6 millones del Plan de Rescate Americano (ARPA).

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), había aprobado $3.9 millones, de los cuales la mitad son para obras de mitigación, pero no eran suficientes.

Para la aprobación y desembolso de las partidas presupuestarias, así como la coordinación de los trabajos, el Departamento de Justicia contó con el apoyo de COR3, y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y su director ejecutivo, Omar Marrero.

“Tener esta facilidad en buenas condiciones evita que tengamos que trasladar personas a hoteles o alojamientos alternos, lo que conlleva un gasto sustancial. Más aún, tenemos la responsabilidad de proveer un lugar seguro y adecuado para personas que han sido víctimas de un crimen o testigos que están dispuestos a cooperar con las autoridades de ley y orden”, añadió Pierluisi.

Una vez culminados los trabajos, a finales del año próximo, añadió, “vamos a contar con un Albergue totalmente renovado que no tengo duda permitirá que más personas den un paso al frente como testigos para lograr la justicia que nuestro pueblo merece”.

Los trabajos principales incluyen reemplazo de pisos, puertas y ventanas, y acondicionadores de aire, mejoras a luminarias y a las áreas recreativas, así como a los sistemas de seguridad y acceso.

Las medidas de mitigación incluyen la instalación de cristales de mayor espesor en puertas y ventanas, anclajes al equipo de aire acondicionado, al igual que la eliminación de aperturas en los edificios y un mejor sistema de impermeabilización de techos resistente a vientos.

Además, se remodelarán las áreas interiores, el mobiliario y otros equipos necesarios para proveer un albergue adecuado para las víctimas y testigos que requieren la protección del estado.

El Departamento de Justicia también aumentará el personal adscrito al Albergue y comenzó a reclutar agentes de seguridad adicionales con una partida de $1.6 millones aprobada por el gobernador.

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia expresó que “nos hemos dado a la tarea de lograr un proyecto completo, en beneficio de las víctimas y testigos, que impacte significativamente todas las necesidades físicas del Albergue, cuyas instalaciones se habían afectado severamente tras el paso de los huracanes Irma y María, así como terremotos y hasta el paso del tiempo”.

“En el Departamento de Justicia trabajamos con un enfoque en las víctimas y esta ha sido una de las prioridades en mi agenda de trabajo. Lo hemos logrado con el apoyo del gobernador y agencias estatales y federales. Igualmente, agradezco la dirección de la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, quien ha liderado el proyecto que hoy anunciamos con gran entusiasmo”, agregó Emanuelli.

 

Con la ayuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) se adelantaron trabajos de pintura, reparación de puertas y ventanas, así como acondicionamiento de áreas verdes y comunes, que forman parte de las mejoras permanentes.

 

El director ejecutivo de COR3 manifestó que “nuestro equipo provee asistencia técnica para maximizar la reconstrucción del Albergue de Testigos a través de los fondos provistos por FEMA. Con la intención de reconstruir un albergue resiliente, en el desarrollo de esta obra permanente se implementarán medidas de mitigación de riesgos que reforzarán la infraestructura para minimizar los daños que pueda sufrir en caso del impacto de un futuro desastre natural”.

“Para lograr esta mitigación se incrementará el espesor de los cristales de puertas y ventanas para mayor resistencia a vientos. También, se eliminarán aperturas en ciertos edificios y se sustituirán con ventanas fijas de seguridad resistentes a impacto. Además, se mejorará el sistema de impermeabilización de techos para hacerlo resistente a las condiciones del tiempo. Por último, se anclarán los sistemas de aires acondicionados”, estableció.

Por último, la jefa de fiscales resaltó que el Albergue “es sumamente importante para brindar protección y una vivienda segura a las víctimas y testigos de delito, así como a sus familiares, durante el procesamiento penal. Mediante los servicios que ofrece el Albergue promovemos la participación y cooperación de los testigos para encausar a los criminales. Sin esa estructura, la única alternativa disponible es pagar alojamientos o traslados, lo que elevaría el gasto sustancialmente”.

(San Juan, 11:00 a.m.) La licenciada Ada Norah Henríquez, aspirante a la candidatura a gobernación por Proyecto Dignidad, encendió este martes la chispa de la controversia pública, al impugnar las aspiraciones de Javier Jiménez de ser la principal figura de la colectividad política conservadora.

Henríquez esgrimió su interpretación del Reglamento General de Proyecto Dignidad, al rechazar la posibilidad de que Jiménez, alcalde de San Sebastián que recientemente abandonó el Partido Nuevo Progresista (PNP), pueda ser candidato a la gobernación por la nueva formación política.

La dirección de Proyecto Dignidad expuso en declaraciones escritas que “recibimos y atenderemos sus argumentos en fiel cumplimiento con los principios democráticos que nos guían”.

“Por el momento, debe quedar claro que no existe razón alguna, en ley o en nuestro reglamento, que descalifique a Javier Jiménez, como aspirante a la gobernación por Proyecto Dignidad”, sostuvo.

Consideró que la licenciada Henríquez y su equipo de trabajo confunden los requisitos para ser miembro del consejo de gobierno, con los requisitos para ser aspirante a la candidatura a la gobernación.

“Estamos confiados en que la candidatura a la gobernación por Proyecto Dignidad será determinada democráticamente por el voto de nuestros afiliados y miembros, y no por decreto judicial”, dijo la dirección en respuesta a Henríquez, quien dejó sentada la posibilidad de que este asunto termine en los tribunales.

(San Juan, 10:00 a.m.) El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República calificaron como una grave intromisión, que atenta contra la independencia del Poder Judicial del país,  el informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que censuró la detención del exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien está pendiente de ser procesado en los tribunales por delitos de corrupción administrativa.

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso mostró preocupación por “el sesgo del escrito y la ligereza” con la que el organismo dio por ciertos los alegatos del imputado que guarda prisión domiciliaria después que un juez le varió la medida de coerción de 18 meses de confinamiento y pueda realizar trabajos en su oficina de abogado.

Durante un encuentro con la prensa en el que también participó el canciller Roberto Álvarez, la funcionaria Reynoso desmintió los señalamientos de la entidad internacional sobre la alegada detención arbitraria y las supuestas violaciones del Código Procesal Penal desde su encarcelamiento en 2021, acusado de ser el principal cabecilla de una supuesta red de corrupción que operó a lo interno de la Procuraduría General entre 2016 y 2020 y que fue desmantelada por la Operación Medusa.

Con relación a ese aspecto, señaló que el antiguo servidor gubernamental “vuelve a difamar contra la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, al reiterar las mismas mentiras y difamaciones vertidas en su contra el 4 de marzo del 2019, alegando que había recibido cartas anónimas sobre ella, aunque en realidad él mismo las había redactado”.

En esas misivas, dijo, queda evidenciado el seguimiento e interceptación ilegal de las comunicaciones a la entonces presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y la repetición de esa acción evidencia su habitual tendencia a mentir y manipular ante el país, con el marcado interés de intentar atropellarle nueva vez, ahora a nivel internacional.

“Es inaceptable que un organismo cuyas decisiones sean vinculantes o no dé por ciertas decenas de falsedades, amparado solo en argumentos sin pruebas ni fundamentos”, indicó.

El Ministerio Público no solicitó su argumento de defensa estipulado y, según Reynoso, se pidió una prórroga a la que el órgano acusador tenía derecho, pero le fue negado. En cambio, el Grupo de Trabajo de la ONU emitió un informe a favor del exprocurador.

Para la directora de Persecución, “el Grupo de Trabajo en su viciada opinión examina los méritos de la medida impuesta al acusado Rodríguez, olvidando que en República Dominicana los jueces son independientes y que para poder jurídicamente cuestionar una decisión de los órganos de justicia, un imputado debe agotar primero todos los procesos internos, lo que no ha pasado en el caso en cuestión, por lo que esa opinión, constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de República Dominicana”.

Indicó que “como Estado miembro de la Organización de la Naciones Unidas mantenemos la preocupación de que un organismo como este Grupo pueda seguir procedimientos fácilmente burlados por personas manipuladoras, como en este caso, donde predomina el objetivo de impedir ser juzgado por graves hechos de corrupción que manda a perseguir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnucc)”.

Reynoso expresó que en los próximos días se elaborará un escrito de defensa sobre el polémico documento y manifestó que “no porque le reconozca méritos, carácter vinculante o efecto jurídico alguno, sino porque en ninguna circunstancia República Dominicana puede pasar por alto tantas falsedades y difamaciones en contra del país, ni del sistema de justicia”

Afirmó que se trata de un informe “sin sustento, sin lógica, ni razonabilidad, solo con la finalidad del acusado Jean Alain Rodríguez, de seguir torpedeando el proceso para que no se conozca el fondo de la acusación que pesa en su contra por decena de hechos ilícitos”.

La procuradora titular de la Dirección de Persecución de los delitos tildó al imputado Jean Alain Rodríguez de “mentiroso, manipulador y corrupto” y agregó que ese escrito es una táctica más suya para torpedear el proceso en su contra” y difamar a la procuradora general Miriam Germán Brito, por lo que aseguró que no se dejará intimidar ante un documento que describe como de falsas afirmaciones.

Aclaró que este imputado destruyó cientos de pruebas y eliminó prácticamente todas las bases de datos del Ministerio Público. Dijo que también que desde la cárcel había tenido un comportamiento intimidatorio frente a algunos testigos del proceso, incluyendo a Rainiery Sánchez Medina.

En ese contexto, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), declaró que el exprocurador de la República utiizó los servicios de lobistas para lograr la denuncia del Grupo de Trabajo en la ONU, por lo que considera que ese documento “no tiene ningún tipo de efecto, ya que son los hechos que están en la acusación los que determinarán su culpabilidad”.

Recordó que Rodríguez, que fue funcionario durante los dos períodos de gobierno de Danilo Medina Sánchez, es imputado de diseñar esquemas de “corrupción en el Modelo Penitenciario, tanto en el Plan de Humanización como en el tema de los alimentos” y debe concentrarse en defenderse de la acusación que el Ministerio Público ha presentado en su contra, a la que no se refiere “a sabiendas de que no cuenta con elementos que le permitan defenderse”. 

(San Juan, 11:00 a.m.) El representante por acumulación José Enrique Meléndez, ahora aspirante a la comisaría residente en Washington, estará impulsando la inclusión de Puerto Rico en el programa Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

“La lucha por la estadidad es una lucha por la igualdad; nuestro norte es que la familia puertorriqueña sienta los beneficios de la estadidad; existe una larga lista de programas que en nuestra isla no se implementan o se hacen a medias debido a la condición colonial que vivimos por más de 125 años”, comentó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Como parte de su agenda en la capital federal de Estados Unidos, anticipó que trabajará contra aquello que “afecta la calidad de vida de nuestra gente, así como el desarrollo social y económico de las familias”.

El SSI es un programa federal que provee beneficios adicionales al Seguro Social a personas ciegas, discapacitadas y personas de la tercera edad con bajos o ningún ingreso, aparte de brindar servicios de hospitalización y otras ayudas de salud.

“Un ejemplo de ese trato igual contra los ciudadanos estadounidenses que vivimos en Puerto Rico es la aplicación incompleta del Seguro Social, como sucede con el SSI. El beneficiario promedio en los estados de la unión recibe alrededor de unos $590 mensuales. Ese nivel de asistencia binaria proporciona un apoyo significativo a nuestra gente vulnerable”, dijo.

El aspirante a la comisaría residente añadió que “Puerto Rico, de ser implementado este programa, podría recibir hasta $1,950 millones anuales, de acuerdo a los datos de la Oficina de Contraloría General (GAO), y publicado en el 2014”.

“El GAO estimó que, si Puerto Rico fuera un estado, sobre 360,000 residentes en la Isla calificarían para pagos de SSI de forma directa. Eso fue hace nueve años, ahora el universo sería mayor, casi el doble ante la realidad demográfica que vivimos”, afirmó Meléndez.

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