Hace tres días en las Naciones Unidas hubo una reunión sobre el problema del cambio climático. Los “líderes” de cientos de países se reunieron para decir dos o tres cositas sobre el asunto que se ha convertido en un verdadero reto para nuestro sistema económico. No se llegó a ningún acuerdo; no creo que nadie tuviera una verdadera expectativa de que algo sucediera. Sin embargo, el verdadero acontecimiento se dio en las calles de Nueva York. El domingo pasado una de las manifestaciones más grandes del mundo, cuatrocientas mil personas, recorrió las calles de la ciudad pidiendo al mundo atención sobre el problema del cambio climático. En Puerto Rico nadie dijo nada. Para nosotros, tanto para la izquierda como para la derecha, el tema del cambio climático es cosa de ambientalistas.

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Ante la división nacional que existe en torno a la resolución del estado colonial de Puerto Rico, ¿qué debemos hacer; dividir a Puerto Rico en dos? Respondo a la iniciativa de El Post Antillano que vía las redes sociales ha hecho una convocatoria a pensar de forma “fuera de la caja” la solución del estatus de la Isla. En particular, ante una población numéricamente dividida, explorar la posibilidad de dividir la Isla en dos sectores, compatibles en lo social, pero incompatibles en lo político.

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Lo que se inicia hoy ante la sala de la jueza superior Pérez Pérez es el juicio del siglo contra los grandes intereses en Puerto Rico. Se trata de un juicio donde se examina si la forma de obrar entre el gran capital corporativo, en este caso financiero, y el Gobierno, es la forma transparente y ordenada con la cual todos los ciudadanos de a pie deben trabajar o si se trató de un asunto excepcional, puesto a beneficio de unos banqueros, unos accionistas, y sus amigos y amigas en el Gobierno. 

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En lo que cada quien invierte su tiempo es un asunto claramente personal. Sin embargo, no deja de ser un asunto de interés sociológico la respuesta colectiva ante un evento que pudiera parecer de mínima envergadura como el lanzamiento de un “gadget” tecnológico, pero que la publicidad unida al deseo consumista convierten en un acontecimiento de gran importancia.

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Anoche veía las noticias de los medios corporativos de televisión local, mientras una periodista le preguntaba ante las cámaras al cantante Don Omar que si se arrepentía de lo que había hecho. Este, de forma seria y compungida, simplemente indicó no tener comentarios. La periodista continuó. De otra parte, siguiendo el caso de Doral Bank, vimos como los periodistas “perseguían” al abogado Eduardo Ubarri y lo seguían hasta dentro del ascensor para que este admitiera ante las cámaras que su banco había hecho una ilegalidad en las transacciones ante el Departamento de Hacienda.

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La reciente determinación del Tribunal Supremo, en relación al caso de Doral y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha colocado bajo el escrutinio público otra realidad de dicho cuerpo. Contrario a lo que se creía al respecto del rol de la política en el Supremo, aparentemente, el enfrentamiento no es tanto partidista como personalista. La lucha política dentro del Tribunal Supremo se trata de un enfrentamiento entre facciones que no se han delimitado claramente por sus alianzas partidistas.

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“Yo no fui”, dice Doral al ser señalado por los medios de ser responsable de la campaña de descrédito contra Puerto Rico. Recientemente, los medios en Puerto Rico se percataron de aquello que El Post Antillano ha ido señalando hace ya varios meses: Doral está en campaña política contra Puerto Rico. El banco Doral, que está en una agria controversia con el Departamento de Hacienda sobre un reembolso de unos $230 millones de dólares, ha utilizado a medios en Estados Unidos, y un economista a sueldo como Robert Shapiro, para hundir las posibilidades de desarrollo económico de Puerto Rico. La campaña, que ha sido denunciada por El Post Antillano, incluye comparaciones con el Gobierno de Venezuela y Argentina. Esas mismas comparaciones han sido utilizadas por los empleados de Doral en la disputa pública acerca del reembolso.

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