(San Juan, 11:00 a.m.) La senadora Marissa Jiménez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), anunció la presentación del Proyecto del Senado 1422 dirigido a extender al hospital San Fernando de la Carolina, el tope de responsabilidad civil por impericia médico-hospitalaria, equiparándolo con los demás sanatorios en el país.

“En el 2015, el gobierno del municipio autónomo de Carolina, propietario del hospital San Fernando, otorgó un contrato para la operación y administración del mismo al empresa Doctors’ Center, institución hospitalaria, que ofrece servicios de salud especializados en áreas de cardiología, cirugías, dermatología, emergencióloga, endocrinología, fisiatría, gastroenterología, ginecología, hematología oncología, pediatría, entre otras. Por consiguiente, ante la gama de especialidades que posee se ha convertido en un centro médico académico”, comentó.

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(San Juan, 10:00 a.m.) El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) condenó el acoso de sectores anticubanos del sur de la Florida (Estados Unidos) a integrantes del Comité de Solidaridad con la isla en Puerto Rico.
Una declaración del ICAP denuncia la hostilidad de la “gusanera anticubana” asentada en ese estado de la unión norteamericana, particularmente en la ciudad de Miami, que intentó, recientemente, boicotear un acto de homenaje a Ana Belén Montes.
El pasado 17 de febrero, activistas de la organización solidaria con la isla antillana reconocieron a Belén Montes como una “mujer digna y valiente, quien el próximo 28 de febrero cumplirá 67 años de edad”, refiere la denuncia.
Asimismo, recordaron el natalicio de Julia de Burgos y Blanca Canales, quienes escribieron páginas de heroísmo en la lucha por la independencia de Puerto Rico.
En la ocasión, se celebró además el Día continental contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba que afecta también al pueblo boricua.
Los puertorriqueños son parte del “único pueblo de Latinoamérica y el Caribe que se persigue, se intimida y amenaza por viajar a nuestro país (Cuba), detalla la declaración del ICAP.
Ante la provocación de sectores extremista del exilio anticubano, la institución de la mayor de las Antillas, patentizó “su solidaridad militante e inquebrantable y su compromiso histórico con la independencia y la libre determinación del pueblo puertorriqueño”.
La agenda de la soberanía y de la dignidad de los pueblos del continente americano seguirá inconclusa mientras Puerto Rico permanezca como nación ocupada y enajenada del resto del mundo, puntualiza la denuncia.

(San Juan, 12:00 p.m.) Agentes del Negociado de la Policía de Puerto rico, adscrito a la división Arrestos y Allanamiento del área de Arecibo, lograron este viernes el arresto de una persona que poseía orden de arresto.
Se trata de Javier Serrano Acevedo, de 44 años y residente de Camuy, contra quien se había emitido una orden de arresto por la Ley 54 de Violencia Domestica por maltrato agravado, con una fianza de $50 mil, expedida por el juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo.
Serrano Acevedo fue llevando ante el juez Rafael Lugo Morales del Centro Judicial de Arecibo, donde prestó su fianza.
La vista preliminar fue pautada para el próximo 28 de febrero.

(San Juan, 10:00 a.m.) El director de Educación Técnica del Departamento de Educación de Puerto Rico, Kelvin Pagán-La Luz, que dimitió el pasado 31 de enero, se declaró hoy culpable de robo de fondos federales por más de 213,000 dólares en contubernio con el contratista Javier Santiago-Rodríguez y Star Enterprises, informó la fiscalía federal de Estados Unidos en San Juan.

Según los acuerdos de culpabilidad, desde junio de 2019 y hasta agosto de 2021, los acusados ​​se ayudaron e instigaron entre sí, robaron, malversaron y obtuvieron mediante fraude $213,201.07 propiedad y bajo el cuidado, custodia y control del Departamento de Educación de Puerto Rico.

Pagán-La Luz se desempeñó como director del Programa de Educación Técnica, un componente responsable de la administración de las instituciones públicas postsecundarias operadas bajo los auspicios del Departamento de Educación.

Mientras convivía como pareja con el demandado Javier Santiago-Rodríguez, propietario y presidente de la demandada Star Enterprises, corporación con idéntica dirección física registrada a la residencial que compartía con Pagán-La Luz.

En noviembre de 2017, Star Enterprises no renovó su certificado de elegibilidad para contratar con el Departamento de Educación de Puerto Rico y otras entidades gubernamentales locales, y en diciembre de 2019 el Departamento de Estado canceló el certificado de constitución de Star Enterprises por incumplimiento de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico.

A diciembre de 2019, Star Enterprises no podía celebrar legalmente ningún contrato con el gobierno ni hacer negocios en Puerto Rico, pero a pesar de no tener un certificado de elegibilidad válido ni un certificado de incorporación válido, Pagán-La Luz autorizó pagos a Star Enterprises por un total de $213,210.07 por el trabajo que Star Enterprises supuestamente realizó para el Departamento de Educación.

En septiembre de 2020, Pagán-La Luz utilizó una empresa intermediaria que era un contratista autorizado para canalizar $59,999 a Star Enterprises y Santiago-Rodríguez por servicios que nunca se prestaron.

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(San Juan, 11:00 a.m.) La representante por acumulación Mariana Nogales Molinelli alertó este miércoles al público sobre una serie de irregularidades y deficiencias en el Negociado del Cuerpo de Bomberos (NCB), que están poniendo en riesgo a la población y que podrían ocasionar más tragedias de no ser atendidas con urgencia.

Ante esta situación, la legisladora presentó la Resolución de la Cámara 1125 para que la Comisión de Seguridad investigue la capacidad del NCB para realizar sus labores de forma segura, ágil y eficaz.

“La atención que recibe el manejo de los incendios se suele limitar a que la prensa reporta que hubo un fuego y que los bomberos lo apagaron. Rara vez hay una evaluación sobre si esa respuesta cumplió con ciertos estándares. Nunca queremos minimizar la arriesgada labor que hacen los bomberos, pero tiene que haber una fiscalización que no está ocurriendo al interior del Cuerpo de Bomberos ni a nivel del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Propuse la R. de la C. 1125 para que se discutan los señalamientos que hemos estado recopilando y que provocan serias dudas sobre la capacidad del NCB para hacer su trabajo”, explicó Nogales Molinelli.

La legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) indicó que ha recibido información sobre errores o fallas impermisibles en la respuesta del Negociado de Bomberos a diferentes incidentes.

“Hay unas deficiencias en la preparación que provee la Academia de Bomberos y la educación continua que se da posteriormente. Para ejemplos, podemos ir desde lo más reciente, que fue el incidente lamentable en Dorado, en el que murió una pareja de personas mayores. En ese caso, explicaron que los bomberos no pudieron entrar rápido a la casa porque había una acumulación de artículos, pero lo que no dijeron es que el balcón estaba despejado y que no pudieron usar unas escaleras portátiles para subir por ahí porque los miembros del Cuerpo no han sido adiestrados en cómo usarlas”, reveló.

Nogales Molinelli indicó que “otro error craso se dio en agosto del año pasado tras un accidente entre una guagua y un camión que se prendió en fuego en la autopista. No usaron material absorbente para contener el derrame de diésel y aceite, y lo que hicieron fue regar más el combustible cuando echaron agua y después lo empujaron hacia el área verde”.

Añadió que se ha traído a colación que el NCB ha ubicado en posiciones con gran poder decisional a personas que no están cualificadas porque no cumplen con los requisitos, ni con los estándares que dictan tanto organizaciones profesionales como acuerdos con el gobierno federal.

“La intrusión de la política partidista y sectaria en los procesos de ascensos y nombramientos de puestos gerenciales es aún más peligrosa cuando ocurre en una agencia de seguridad. La información que tenemos es que hay personas mandando que no tienen la preparación ni el conocimiento para ello. Eso pone en peligro tanto a la gente como a los mismos miembros del Cuerpo, porque a la hora de tomar decisiones el criterio no va a ser la seguridad o la razonabilidad, sino la politiquería”, externó la legisladora.

Nogales Molinelli consideró que es “buena señal que en septiembre del año pasado solicité al DSP un organigrama con los nombres de quienes ocupan esas posiciones, las descripciones de puesto, los movimientos de personal, entre otras cosas, y se negó a entregar la información. Lo llevé inmediatamente al Tribunal y no dieron ni una sola razón válida para la denegatoria. Justo hoy nos notificaron que la Jueza falló a nuestro favor, así que esperamos que el DSP entregue la información en los próximos diez días”.

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(San Juan, 10:00 a.m.) Los empleados judiciales reclamaron este lunes trato igual por parte del gobierno puertorriqueño en el otorgamiento de un aumento salarial que cumpla con el Principio de Mérito de la Rama Judicial.
Según denunciaron, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) cuenta con $8.1 millones destinados al aumento salarial de los empleados que se desconoce si la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) solicitó.
La denuncia la realizan posterior a la aprobación de un aumento salarial retroactivo al 1 de julio de 2023, a los jueces y juezas del Sistema Judicial en la isla.
“El gobierno debe atender el aumento a los empleados del poder judicial con el mismo carácter de urgencia en que atendieron el reclamo de aumento por parte de los jueces y juezas. La realidad es que el Plan de Retribución y Clasificación para los empleados del Poder Judicial recientemente aprobado eliminó los pasos por mérito, que incluyen pasos por años de servicio, a los empleados”, denunció Amircal Gerena Román, presidente de la Asociación de Empleados Judiciales (AEJ).
Añadió que el plan benefició a los empleados nuevos mientras que aquellos que llevan años en el sistema recibieron desde cero hasta una cantidad ínfima de dinero.
“Entendemos que el aplicar los $8.1 millones para el Principio de Méritos finalmente permitirá a los empleados ver un aumento en sus salarios”, acotó.
Gerena Román dijo además que el Plan de Retribución y Clasificación impactó de manera adversa al 60% de los empleados al omitir considerar la antigüedad de su servicio.
Los empleados llevaron su reclamo frente a las Oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). “Llegamos hasta aquí, para que tanto la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, como la Junta de Supervisión Fiscal hagan justicia a los empleados judiciales y restituyan nuestros derechos y el reconocimiento al mérito y la antigüedad del servicio”.
“Nuestro llamado es que instruyan a la OGP a asignar los $8.1 millones para que con ello se devuelvan los fondos a los empleados y el reconocimiento de los derechos ganados por años de servicio”, apuntó Gerena Román.
El reclamo se extenderá más allá de la denuncia realizada, ya que Gerena Román adelantó que enviaron una misiva al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la cual solicitan una reunión.
“Continuaremos nuestra lucha hasta obtener una respuesta favorable y resultados que hagan justicia a todos los empleados judiciales”, afirmó el también alguacil.

(San Juan, 10:00 a.m.) Una investigación de la División de Violencia Doméstica del área de Arecibo culminó por parte de la fiscalía con la presentación de un cargo por los delitos de violencia doméstica —maltrato y maltrato mediante amenaza— en la tarde de este miércoles contra Yarielle G. Fernández León, de 20 años, residente del pueblo de Toa Alta.

Para la fecha del 13 de febrero del año en curso en el pueblo de Hatillo, el imputado alegadamente, agredió a su pareja consensual, en el área de la cara y le dijo palabras soeces.

Además, la amenazó con ocasionarle daños a su vehículo.

Este caso se consultó con la fiscal Natali Martínez, quien instruyó radicar los cargos antes mencionado.

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(San Juan, 11:00 a.m.) El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), que representa al personal no docente del Departamento de Educación (DE), se solidariza con las denuncias de los estudiantes ante las condiciones deplorables en las escuelas públicas debido a las políticas de austeridad y desmantelamiento de OMEP.

Al expresar su respaldo a los estudiantes de las escuelas públicas que han denunciado de manera espontánea en las redes sociales las condiciones deplorables de la infraestructura y planta física de numerosos planteles en diversos pueblos de la Isla, el gremio refirió que “muchos de los problemas los venimos señalando desde hace años”.

Israel Marrero Calderín, presidente del SPT, expuso que “cuando comenzaron a cerrar escuelas y almacenes del Departamento de Educación, así como a desmantelar la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas (OMEP) y hoy vemos en parte los resultados de esas políticas de austeridad impulsadas por los pasados gobiernos”.

El SPT, que representa a las y los empleados no docentes, hizo un llamado a la secretaria de Educación, Yanira Raíces, a que atienda los reclamos del estudiantado y asigne los recursos técnicos y materiales que ayuden a resolver los problemas señalados.

“No solo los estudiantes sufren el deterioro de las escuelas. También el personal no docente, como secretarias, auxiliares administrativos, asistentes de educación especial y otros que trabajan en las escuelas, se ven afectados por la falta de materiales y la decadencia de la planta física de los planteles”, añadió el experimentado dirigente sindical.

Según el SPT, el deterioro de las escuelas es un asunto que le concierne a toda la comunidad escolar, incluyendo a los estudiantes, padres, madres y trabajadores.

“Por tal motivo, todos los sectores deben ser convocados e involucrarse en la búsqueda e implementación de medidas que resuelvan de manera sostenible los problemas denunciados hoy por el estudiantado”, expuso Marrero Calderín.

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