Economía Solidaria

(San Juan, 10:00 a.m.) Un conflicto se ha originado entre la justicia y los profesionales de la medicina, luego de algunas sentencias dictadas por los tribunales al conocer varias demandas por malas prácticas médicas en hospitales y centros de salud privados.

La pugna surge después de una sentencia dictada por jueces de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que ordenó al estatal Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, ubicado en la provincia Santo Domingo, el pago de una indemnización de 10 millones de pesos (169.831 dólares estadounidenses) al señor Félix Julián Encarnación Félix, que en el año 2018 le fuera amputada su pierna derecha al contraer una bacteria.

La decisión jurídica motivó que la administración del centro de salud y el Colegio Médico Dominicano (CMD), interponer de inmediato un Recurso de Revisión ante el Tribunal Constitucional, alegando que en la alta corte “no se le permitió presentar pruebas de peritaje, ni la revisión de protocolos de manejo, ni revisión de las guías internacionales de tratamiento de casos clínicos, para que el centro de salud pudiera sustentar sus derechos de defensa”.

En esa ocasión, el juzgado de alzada había rechazado un recurso de casación interpuesto por el Hospital Traumatológico Universitario y Docente Dr. Ney Arias Lora, contra la condena núm. 0030-1642-2023-SSEN-00268, de fecha 31 de marzo de 2023, que establece el pago millonario a favor de Félix Julián Encarnación Feliz “por daños materiales y morales sufridos por un paciente a quien hubo que amputarle su pierna derecha producto de una bacteria adquirida en ese lugar”.

Como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos realizados a Encarnación Feliz, este último encaminó una querella en responsabilidad patrimonial, dictando la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo la sentencia núm. 0030-1642-2023-SSEN-00268, de fecha 31 de marzo de 2023, la cual fue objeto del recurso de casación.

En los últimos días, han salido a relucir otros dictámenes similares. Uno de estos fue al Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP) conminado a erogar sumas millonarias.

La Suprema Corte de Justicia se amparó en el criterio de que los centros de salud tienen la obligación de crear las condiciones de seguridad y adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes e infecciones tendentes a evitar que los pacientes adquieran dentro de sus recintos enfermedades diferentes de las que motivaron su hospitalización.

“Los protocolos contentivos de normas técnicas están relacionados con el transporte adecuado de enfermos, dotación infraestructural apropiada, métodos de limpieza y esterilización, procedimientos de seguridad, desinfección, control de visitas y coordinación de tareas para prevenir accidentes e infecciones. Los centros hospitalarios asumen el riesgo de las infecciones nosocomiales en razón de la obligación de seguridad que adeudan a sus pacientes, pues quien presta el servicio lo debe hacer en condiciones altamente adecuadas y poner todo su empeño en la preservación del derecho fundamental a la salud; independientemente de que las infecciones intra hospitalarias sean inevitables, no se trata de caso fortuito, sino un riesgo que se asume debido a su previsibilidad y a la seguridad a la vida misma. En suma, la administración recurrida debe responder a la recurrente por la falla en el servicio público de salud”, destaca el texto del laudo que fue firmada por los jueces Manuel Alexis Read Ortiz, Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vásquez Goico.

Por igual, el cirujano plástico Asmin Aquino Rodríguez fue condenado a un mes de prisión y al pago de dos millones de pesos (33.966 dólares), penalidad que arrastra al Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (Cecip) tras encontrarlos culpables de mala práctica tras la realización de una liposucción y cirugía de implantes mamarios. La sentencia fue dictada por la jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte, quien acogió la demanda interpuesta por Sulandy Altagracia Crucet, luego de que en el año 2020 se operó con el referido especialista.

Otro sonado acontecimiento es el de la Clínica Corazones Unidos, la cual fue sancionada en el 2023 al pago de más de seis millones de pesos (101.899 dólares) con dos veredictos emitidos por tribunales del Distrito Nacional. Mediante la ordenanza número 035-2023-SSEN-00954, del 9 de octubre del año 2023, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional conoció la querella en reparación de daños y perjuicios interpuesta por la señora Angelina María Hernández Dalmau contra el oftalmólogo Diógenes Bergés Álvarez y Corazones Unidos.

El expediente documenta que el 22 de septiembre de 2016, la señora se dirigió a la clínica “a los fines de consultar su visión en ambos ojos, donde fue atendida por el doctor Diógenes Bergés, oftalmólogo que en el pasado había atendido a otros de sus familiares y había realizado la instalación de implantes intraoculares de lentes con el fin de darle la oportunidad de vivir una vida sin necesitar espejuelos”.

Precisa que el médico le realizó un procedimiento de implantación de lentes intraoculares para corregirle la visión, que, de acuerdo con la declaración de la paciente, “le colocaron lentes intraoculares incorrectos, razón por la cual su vista en lugar de mejorar, empeoró de forma tan dramática que ha requerido casi dos años de tratamiento, y gastos millonarios en el extranjero para recuperar la calidad de vida perdida”.

Asimismo, por el mal procedimiento médico, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoció el 29 de diciembre de 2023 el fallo de la demanda interpuesta por la paciente Milagros del Socorro Alba Fernández contra los cirujanos cardiovasculares Fausto Ferdinand Santos Steinemann, Ramón Antonio Almánzar Vargas e Ihara C. Fernández Bautista y la Clínica Corazones Unidos.

El veredicto número 1303-2023-SSEN-00407 estableció que tanto los galenos, como el referido centro de salud, deben pagar 3.5 millones de pesos (59.441 dólares) por los daños causados.. A la querellante Alba Fernández le habrían dejado una gasa en su pecho, cerca del corazón, durante una operación en dicha clínica.

CASO CEDIMAT

Una reciente sentencia por mala práctica profesional fue dictada contra el reconocido Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telecomunicaciones (Cedimat). El evento objeto de la resolución condenatoria ocurrió el 16 de junio de 2015 luego que la señora Paula Antonia Rodríguez Morales murió a la edad de 65 años a causa de múltiples infecciones intra hospitalarias adquiridas después de someterse a una cirugía para eliminar un dolor de espalda a través de la descompresión del canal raquídeo.

De acuerdo a las declaraciones de su hija, Teresa de Jesús Vargas Rodríguez, la madre acudió a ese lugar por un dolor en el pie izquierdo, ingresó a quirófano el 13 de mayo de 2015 y no volvió a caminar más, pues duró alrededor de 22 días en una sala de Cuidados Intensivos y allí habría adquirido las bacterias “Enterobacter CloacaeComplex” (que forma parte de la flora intestinal) y “Klebsiella K. Blee”.

Ramón Aquiles Vargas y Teresa de Jesús Vargas Rodríguez, esposo e hija de la fallecida, interpusieron una queja en perjuicio del establecimiento de salud y del neurocirujano Giovanni Ureña Mejía; sobre éste último indicaron que no le recetó antibióticos a la paciente luego de la operación y el largo tiempo que estuvo expuesta a las bacterias en ese hospital.

Los abogados de Cedimat consideraron que la demanda incoada era improcedente y sin base legal. Sin embargo, tras ocho años de litis y el peritaje de especialistas, el juez de primera instancia Luis Borges Carreras Muñoz, halló culpable al centro hospitalario.

El PEQUEÑO RAIMER

El 18 de abril de 2024, se reportó en los medios el caso del niño  Raimer Elian Otero Mateo, de cuatro años, cuya vida se vio truncada de manera repentina cuando falleció minutos después de salir de una sala de cirugía del Hospital Villa Hermosa, en provincia La Romana (región oriental dominicana). La familia denunció que hubo negligencia médica, alegando que el menor llegó al centro en perfecto estado de salud con diagnóstico de fimosis, por lo que se le realizó una circuncisión. Al salir de la cirugía, Raimer presentó un paro respiratorio, por lo que los médicos a cargo empezaron el proceso de reanimación. El director del hospital, Miguel Quezada, indicó que los galenos que trataron al niño hicieron su parte médica y que el procedimiento había resultado de forma exitosa.

“NO SOMOS CRIMINALES”

El 18 de abril de 2024, cientos de médicos protestaron en las afueras de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en rechazo a las recientes sanciones emitidas contra centros hospitalarios. Junto al presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, los galenos expresaron su desacuerdo con las medidas aplicadas al hospital Ney Arias Lora, la clínica Corazones Unidos, entre otras instituciones facultativas.

“Somos médicos, no somos criminales”, coreaban los facultativos que se hicieron acompañar de banderas del CMD, De continuarse por este peligroso camino, de querer judicializar cada paciente que se complica, estaríamos llevando no tan sólo a los médicos a los centros de salud; aunque usted no lo crea, a todo el país, a una situación de extremismo donde muchos médicos y muchos centros de salud comenzarían a alejarse del ejercicio médico, muchos colegas abandonarían su profesión y el cierre de varios centros de salud”, citó Waldo Ariel Suero.

(San Juan, 1:00 p.m.) La convención Seatrade Cruise Global 2024 sirvió de foro para la firma de un nuevo Memorando de Entendimiento entre la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), compañía matriz de Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.

El acuerdo, rubricado por el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado Santiago, y la vicepresidenta de socio de marca y creativo de Norwegian Cruise Line, Kelley Rodríguez, tiene el propósito de continuar impulsando el desarrollo del sector de cruceros, ampliar la presencia local de NCLH y aumentar la llegada de visitantes al principal puerto turístico de la Isla.

Acompañaron en la firma el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, y Daniel S. Farkas, vicepresidente ejecutivo, asesor jurídico y jefe de desarrollo de NCL

La renovada alianza reiteró el compromiso de NCLH en la Isla, e incluye la calendarización de 18 salidas puerto base del Norwegian Viva durante la temporada invernal de 2024 y un mínimo de 38 visitas de tránsito para la próxima temporada lo cual redundará en un total estimado en sobre 185 mil pasajeros.

Otros beneficios de la misma incluyen el intercambio de análisis técnicos y data y un plan de mercadeo y ventas diseñado para realzar el perfil de la Isla como destino turístico.

“Este pacto reafirma los lazos colaborativos que por décadas han unido a ambas organizaciones y es un elemento clave para continuar expandiendo las operaciones de Norwegian Cruise Line Holdings en los próximos años. Esta importante empresa es la primera compañía de cruceros con la cual la CTPR ha ejecutado un plan de ventas y mercadeo en conjunto, aprovechando así los incentivos disponibles para incentivar nuevos cruceros puerto base desde San Juan”, indicó Mercado Santiago.

(San Juan, 11:00 a.m.) La República Dominicana fue el destino preferido por 3,225,484 visitantes entre enero y marzo de este año, atrayendo a 343,000 personas más que en el primer trimestre del 2023, informó el Ministerio de Turismo.

El titular de esa institución, David Collado, al ofrecer los detalles, calificó este número como uno “sin precedentes”, marcando una tendencia de crecimiento del flujo turístico, que se situó en 12% más en este período respecto al año pasado. En esa circunstancia, llegaron 2,334,562 pasajeros vía aérea, y 890,922 vía marítima.

En una rueda de prensa mensual, celebrada en Punta Cana, situada en la oriental provincia La Altagracia Collado explicó que más de un millón de estos extranjeros se movilizaron solo durante el mes de marzo, totalizando 1,104,270, un 16% más que en el 2023.

Si bien la cantidad de pasajeros vía aérea creció tras la llegada de 725,000 excursionistas extranjeros y 110,505 dominicanos no residentes, la entrada vía marítima descendió 6% en marzo, situándose en 267,768, siendo 12,479 menos que en el mismo mes del año pasado, cuando 280,247 cruceristas llegaron al país.

En el transcurso de la Semana Santa de este 2024 los aeropuertos fueron el centro para mover 195,099 pasajeros, un aumento de 9% más respecto al 2023, cuando llegaron 178,336 personas.

Explica el 56% de los turistas procedieron desde Estados Unidos, el 17% lo hizo desde Canadá y el 3% desde Colombia, siendo estos los tres principales destinos emisores.

OFERTA HABITACIONAL

Por otro lado, informó el Ministerio de Turismo que al mes de agosto del año pasado, el país contaba con 43,302 propiedades de renta corta.

Para diciembre del 2022, se trataban de 39,943 residencias activas, un 101.6% más que en el mismo mes del 2018, de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

En esos cinco años, la oferta habitacional de estas residencias en la República Dominicana se aceleró a un 23% anual, superando el ritmo de crecimiento de naciones competidoras como Jamaica (10%) y México (9%).

En efecto, estos alojamientos contaban con 98,970 habitaciones en el 2022, lo que elevó la oferta en 17,365 habitaciones por encima de México (81,695) y 71,476 más que en Jamaica (27,494). Para agosto del 2023, este número ya había aumentado en 106,990.

Según el tercer informe del “Impacto del turismo en la República Dominicana”, que analiza el efecto multiplicador de esta industria en toda la economía y los factores que han aupado su expansión, se crearon un 44% más alojamientos no hoteleros en el 2022 respecto al año anterior, al pasar de 27,576 propiedades disponibles en 2021 a las 39,943 a las que llegó ese año.

Para la fundadora de la firma de consultoría Analytica, Jacqueline Mora, esta oferta ha sido una “gran complementaria de las ocupaciones hoteleras, para atraer a un tipo de turista con preferencias distintas a los extranjeros tradicionales que se decantan por un todo incluido”.

(San Juan, 12:00 p.m.) La censura que hicieron curadores del evento artístico la Poligráfica al reconocido artista puertorriqueño Gavin Sierra, ha puesto de relieve, nuevamente, cómo la política partidista y el coloniaje inciden en el arte y la expresión puertorriqueña.

Se supone que el evento reunirá a los principales artistas del patio y de otros países de América Latina y el Caribe desde el jueves 18 de abril, pero más de 15 artistas, incluyendo a Antonio Martorell y a Marta Pérez García, entre otros, han decidido no participar por las acciones de los curadores. Mientras, el liderato del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) intenta despegarse de la controversia creada por los curadores que contrató.

El problema se debe a que la curadora Lisa Ladner, le expresó a Sierra que no podía presentar su pieza titulada Retratos de una deuda (2023-24) porque el contenido podía ofender al gobernador Pedro Pierluisi, a las autoridades federales, a la Junta de Control Fiscal que eran auspiciadores, y porque la obra era “demasiado política”.

Como Ladner es la cónsul de Suiza en Puerto Rico, dijo además que tenía que consultar la obra con el gobierno de ese país europeo porque ella no puede estar donde se critique a los Estados Unidos. En entrevista con EN BLANCO Y NEGRO Ladner también dijo que la obra de Sierra era de dimensiones muy grandes y que ocupaba demasiado espacio que no tienen disponible en las salas de exhibición.

“Le pedí que mejor pusiera un pedazo de la obra que no fuera conflictivo. Pero es que él es un artista que ha tenido éxito recientemente y se cree que por eso él puede exhibir la obra, pero la que decido soy yo y no vamos a tener problemas con el gobierno federal o el gobernador y los que dan los fondos para la Poligráfica”, dijo Ladner.

“Garvin (Sierra) está tratando de mostrarse como la pobre víctima. Pues, yo ahora voy a poner en su lugar una obra de un artista venezolano que habla sobre la censura. En vez de la obra de Garvin Sierra, pues viene la de otro, un venezolano”, dijo por su parte, Ladner. Pero aseguró que no se trata de desplazar a un puertorriqueño por un latinoamericano: “Quiero salir del bochinche, pero no es censura”, dijo.

Sierra ha sido muy parco en las expresiones, pero en entrevista con este medio dijo que le cursó una carta al director del ICP, Carlos Ruiz, quejándose de la censura. También dijo que otros artistas lo instaron para que presente la pieza y la obra censurada será develada al país un día antes de que abra la Poligráfica. Se presentará por primera vez en Puerto Rico el miércoles 17 de abril, a las 6:00 pm en el espacio cultural colaborativo: Pública en Miramar. Su exposición se titula “Ante la censura, saluda: Retratos de una deuda 2023-2024”.

MARTORELL EN SOLIDARIDAD

El maestro Antonio Martorell.

La exclusión la pieza ha provocado diversas reacciones en el mundo del arte, desde los que no entienden qué sucedió, quienes opinan que es una exageración o un malentendido, y los artistas que han decidido salirse de la Poligráfica como desagravio ante la censura.

Una de las voces más importante del arte puertorriqueño, el reconocido artista Antonio Martorell, decidió que no expondrá en la Poligráfica porque la censura no puede ser tolerada. Con él se fueron otros 15 artistas que iban a exponer en San Germán.

“Uno no puede quedarse callado ni prestarse para la censura venga de donde venga, sea en San Juan sea en Washington o sea de Viena”, dijo el maestro Martorell.

“Tan pronto supimos esto, todo el grupo que íbamos a presentar nuestras piezas en San Germán, el Porta Coelli, decidimos retirar nuestros trabajos en solidaridad con Garvin. La censura es algo intolerable y cuando atacan a uno de nosotros, nos atacan a todos. No podemos permitir un acto de esta magnitud”, dijo Martorell.

Otra que no se presentará es la artista puertorriqueña radicada en Estados Unidos, Marta Pérez García, quien se negó a ser parte de una exposición donde censuran artistas, confirmó la curadora Ladner.

“Si la clase artística acepta el ataque, creatividad muere. Este país siempre ha estado sujeto a la colonización por la censura y los uno de los pocos resquicios que queda es el arte. Es inaceptable que se pretenda censurar. Por eso decidimos retirar las piezas de la Poligráfica. Repito: no solamente afecta a Galvin., Nos afecta a todos”, dijo Martorell.

HABLA RAFY TRELLES

El maestro Rafael Trelles.

Otro reconocido artista, Rafael “Rafi” Trelles, lamentó la polémica porque Ladner siempre ha sido una aliada desprendida y colaboradora del arte puertorriqueño, pero que su error de juicio perjudica a los artistas y al propio ICP.

“Ella (Ladner) debió haber tenido independencia de criterio. Condicionar el aceptar una obra a que no fuera a molestar al gobierno demuestra que ella nunca debió haber aceptado el trabajo de curaduría. Igualmente, el Instituto de Cultura no debió haberla contratado a ella y no debió haberse prestado para recibir presiones fuera del arte. El arte no puede responder a la política”, dijo Trelles.

Además, le salió al paso a quienes que han criticado a Sierra, porque parte de una tradición de lucha en el arte puertorriqueño.

“Los artistas puertorriqueños no podemos permitir la censura porque precisamente el arte siempre ha sido un espacio de libertad, no de ser rehenes de la situación colonial. Desde el siglo 19 los artistas puertorriqueños utilizan el arte para responder a la represión y es una pena que en el Siglo 21 sigamos con esos mismos intentos”, dijo Trelles.

HABLA GARVIN SIERRA

(San Juan, 1:00 p.m.) Con el objetivo de mejorar el acceso de los residentes de Vieques a los servicios de salud, la Universidad Central del Caribe (UCC) realizó este fin de semana una clínica denominada “UCC te cuida” en esta isla municipio.

La jornada salubrista contó con la participación de 15 médicos especialistas y sobre 50 estudiantes y residentes de medicina, quienes atendieron más de 150 viequenses.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de esta terceraclínica interdisciplinaria de salud que celebramos para atender a los residentes de Vieques y ampliar su acceso a serviciosmédicos. En las clínicas anteriores pudimos evaluar las necesidades de los residentes de la isla municipio y, en estaoccasion, regresamos con más médicos especialistas, algunos de

gran demanda como dermatóloga, cardiólogo, gastroenterólogo, neumólogo y

ortopeda”, expresó la presidenta de UCC, Waleska Crespo.

(San Juan, 9:00 a.m.) En conferencia de prensa celebrada el 17 de abril de 2024, en el Comité Central Municipal, la candidata a alcaldesa de San Juan por el PPD, Terestella González Denton, junto a los candidatos al Senado por acumulación y a la Cámara de Representantes por San Juan, Carlos Díaz y Bryan Saavedra, respectivamente, denunciaron un esquema de fraude en la administración de Miguel Romero.

La denuncia de la candidata Terestella González Denton fue respaldada por los documentos presentados por el candidato a la cámara, Bryan Saavedra, y por los comentarios del candidato al Senado, Carlos Díaz.  Se basan en los documentos de ordenanzas del Municipio de San Juan. La ordenanza 41 serie 2022-2023 del 15 de marzo de 2023 propuso un plan de clasificación y retribución empleados del Colegio Universitario de San Juan y luego, en abril del mismo año, se aprueba una ordenanza fast track para aumentar los salarios del rector y las decanas. El rector gana ahora $8,000.00 mensuales y de la misma forma se aumentó el salario a tres de las decanas del mismo Colegio. Luego aparecen tres de estas personas aportando cantidades de dinero en la campaña política del alcalde Romero.

Por otro lado, hay contratados quienes no han cobrado sus facturas y profesores que no han cobrado por meses sus salarios, a pesar de los reclamos por carta que han presentado ante Romero.  Carlos Díaz denominó “el chanchullo de la Capital” este esquema para beneficiar a cuatro personas para aportar a la campaña política del incumbente. Díaz hizo énfasis en la manera en que Romero incumple un derecho constitucional de justa paga por justa labor. El alcalde aumenta el salario, de forma expresa, a sus empleados de confianza para que aporten a su campaña. Exige Díaz justicia para los empleados que hace meses no reciben sus salarios.

Terestella González Denton recalca la importancia de la educación en su plataforma y que estas artimañas para lograr ingresos para su campaña hacen que el alcalde ponga en jaque la acreditación de la institución del Colegio Universitario. Propone hacer una reingeniería del Colegio Universitario con un Plan de Clasificacíón y Retribución Uniforme basado en un sistema de mérito equitativo ante la pericia, la experiencia y la preparación académica necesaria para llevar a cabo la gestión de la institución.  Una institución que también pueda tener una oferta que aumente la matrícula, afectada en este momento.  

Cuando se tiene una plantilla de profesores desprovistos de los beneficios necesarios para las necesidades se pone en riesgo la calidad de la enseñanza, menciona González Denton. Trajo el ejemplo de la profesora Carmen Judith Rodríguez, quien trabajó por veinte años en la institución sin recibir justicia salarial, sin plan médicoy ahora sufre de condiciones de salud en precario. También indica la importancia de no poner en riesgo la acreditación de la institución con este tipo de acción contrario a la mejor forma administración.

Luego Saavedra pidió no tomar represalia contra las personas denunciantes de estos abusos e indicó de una persona que solicitó justicia salarial y cuando llegó a impartir su curso encontró que su puesto lo ocupaba otro profesor, quedando fuera del trabajo, como represalia por hacer uso de su derecho a la expresión y a las exigencias de su salario.