En toda la discusión sobre el IVA el gobierno ha insistido en que la única solución a la crisis fiscal es la de ellos. Usted escucha constantemente al gobernador colonial de turno, Alejandro García Padilla, y a legisladores de la mayoría decir que las personas que se oponen no presentan o tienen propuestas. Lo dicen por dos razones, primero porque ellos son intermediarios de los bonistas y segundo porque menosprecian al pueblo. Para ellos lo que usted diga no es importante solo lo que ellos dicen o creen vale.

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Ayer, no hubo una vista sobre asuntos de Puerto Rico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino dos en Washington D. C. Por un lado, tenemos la vista donde se discutieron asuntos relacionados con los derechos de los niños, los inmigrantes, las mujeres, la pena de muerte, la trata humana y la comunidad LGBTT. Por otro lado, tenemos la vista, en la cual participó el profesor y licenciado Carmelo Campos de la Universidad del Sagrado Corazón, sobre la pena de muerte en el Gran Caribe. Dicha vista, obviada por los medios en Puerto Rico, reveló que en el Gran Caribe tenemos más territorios retencionistas, es decir que retienen la pena de muerte en sus códigos, que abolicionistas. Como afirmó el licenciado Campos, todos los territorios son abolicionistas, excepto los territorios de Estados Unidos. Entre esos territorios que no son abolicionistas está Puerto Rico. Ese tema adquirió visos políticos cuando César Miranda, secretario de Justicia de Puerto Rico, en la vista sobre los derechos humanos en la Isla, afirmó que era irreal que tuviera que responder por actos del Gobierno federal.

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San Juan- Diputados del oficialista Partido Popular Democrático (PPD) anunciaron ayer siete medidas legislativas, entre ellos una reforma constitucional, que permita la reestructurar la deuda de más de 73 mil millones de dólares que tiene Puerto Rico.

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La discusión, de corte democrático, que produjo el proyecto de ley de la Cámara Núm. 2329, conocido popularmente como el impuesto del IVA, merece todo nuestro respeto. Realmente hablando, a partir de la presentación del mismo por el gobernador, Alejandro García Padilla, del oficialista Partido Popular Democrático, todo el mundo asumió posiciones a favor o en contra, y salieron a la calle a protestar.

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El País quiere captar empresas que quieran una puerta de entrada a los Estados Unidos.

En Puerto Rico hay empresas catalanas y españolas. Pero prácticamente todas son grandes. De catalanas, serían claros ejemplos Abertis y Gas Natural Fenosa. De españolas, Acciona, Mapfre o el Santander. Pero la isla caribeña, que tiene un estatus único de estado libre asociado a los Estados Unidos, quiere captar más inversión, entre otras cosas para enderezar su economía.

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Esta semana la Cámara de Representantes de Puerto Rico dio un voto afirmativo a una medida para quitarle el derecho a votar a los presos que hayan cometido delitos graves. La aprobación de la medida trajo una controversia porque se dice que el coautor del proyecto de ley, Carlos Vargas, buscó los votos de sus compañeros legisladores a cambio de dar su voto a un alza sustancial en el impuesto al barril de petróleo. 

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