“La medicina amarga para los trabajadores del país y para sus organizaciones sindicales parece no haber dejado de prescribirse en el nefasto recetario de la Junta de Supervisión Fiscal”, expresó el dirigente gremial.
Guzmán afirmó que, sistemáticamente, este organismo ha llevado adelante un proyecto dirigido a la eliminación total de las organizaciones sindicales que agrupan al pueblo trabajador y a aquellos organismos de la sociedad civil que, de igual manera, promueven la justicia y la equidad para toda la población.
“Con su solicitud al Tribunal de Quiebras, que preside la jueza Laura Taylor Swain, pretenden establecer una nueva frontera para garantizar, al precio que sea y sobre los hombros de la clase trabajadora, en este particular de los retirados de la AEE miembros de la UTIER, el pago a los bonistas”, recalcó Guzmán.
Denunció como “temeraria, nefasta, arbitraria y antidemocrática” la solicitud de la Junta, impuesta por Washington al gobierno de Puerto Rico, que en los pasados seis años, según Espacios Abiertos, ha gastado sobre 1,500 millones de dólares en asesoría y consultoría asociados a la reestructuración de la deuda, muy superior al estimado de $370 millones que realizó el Congreso estadounidense en 2016.
El dirigente sindical advirtió que no tan sólo se pretenda la disolución del convenio del sindicato sino que se impondrá también la reducción de las pensiones de los unionados retirados de la UTIER, “igualándolas a la miseria que hoy reciben los retirados del país”.
Aparte de que proponen como alternativa para los empleados activos su transferencia a la pobreza anticipada de los sistemas de retiro de contribución definida.
“Hacemos un llamado al movimiento obrero puertorriqueño a unir fuerzas y desarrollar actividades de militancia contundentes para detener este asalto a un Sistema de Retiro que es el resultado de las luchas de los trabajadores de la UTIER y no la dádiva de ningún gobierno o administración pública en particular”, instó Guzmán.
Guzmán expresó que hay que tener claro que “fue el propio gobierno el que generó los problemas de solvencia que hoy enfrenta dicho Sistema de Retiro al no hacer las aportaciones que le correspondían”, por lo que “permanecer en silencio ante este atropello no puede ser la alternativa”.
